,.¿Quién está detrás de la reelección de chuqui Santos?

Le salió chueco el plan B al narcoparam​ilitar-Uri​be
LA DEFENSA DE LA DEFENSA

Jimy Ríos
Viernes, 16 de Septiembre de 2011 18:49
En Colombia se está promocionando la idea según la cual, las Fuerzas Armadas de la oligarquía están desmoralizadas, debido a que no tienen garantías jurídicas. Con éste fundamento, la derecha fascista ambienta una reforma al fuero militar. De paso, dicen, esta es una forma de guerra jurídica de las FARC - Ejército del Pueblo. Los promotores de la idea llegan a plantear incluso, que las Cortes y los jueces son militantes o simpatizantes de la guerrilla bolivariana.
Las cifras sobre militares encartados en procesos jurídicos no son precisas. Varían según las fuentes aunque todas dicen citar datos oficiales. En la actualidad, hay 2.238 militares detenidos sostiene un informe periodístico.
La justicia ha procesado entre 14.000 y 16.000 uniformados, según cifras de DEMIL. Otros datos de la Fiscalía dicen que se investigan 1.486 denuncias de violaciones de los derechos humanos y al DIH cometidas por miembros de las FFAA. La Justicia Civil había proferido hasta junio de este año 125 sentencias condenatorias a 344 uniformados. El comandante de las Fuerzas Armadas habla de 1.500.
Aquí ubicamos algunos de los emisores de esta propaganda que trata de ocultar o menospreciar no solo el avance guerrillero y su impacto en la moral de soldados y policías. También los vejámenes, el abuso del poder y el uso desproporcionado de la fuerza ejercida por los agentes del régimen de terror.
1. Fuero militar para elevar la moral.
Comencemos precisamente por uno de los mayores promotores de la tiranía contra el Pueblo. La propuesta de Álvaro Uribe, “como un gesto de confianza, es crear una jurisdicción especial y transitoria para que revise todas las sentencias condenatorias contra los integrantes de las Fuerzas Armadas.” (http://www.elcolombiano.com/, 7 de septiembre de 2011)
. Y en ese sentido, pide la excarcelación y jurisdicción legal especial para los militares relacionados con la recuperación del Palacio de Justicia en 1985, como es el caso del coronel Plazas condenado a 30 años de prisión por la desaparición de una decena de personas. Lleva 4 años en cómodas habitaciones y hay una campaña para su liberación.
Según éste narcoparamilitar, su propuesta es debido a los factores de desestímulo que viven ahora las Fuerzas Militares por estos hechos e incidentes como los ataques de la guerrilla de las FARC usando como retaguardia la frontera venezolana. Asimismo, considera que es un factor que atenta contra la moral de las tropas de Colombia que ciertos sectores del Alto Gobierno hablen de diálogos de paz. (elcolombiano.com, 7 de septiembre de 2011)
La posición de UnoAmérica es que “la conspiración política, guerra política, en donde juega un papel preponderante la guerra jurídica, la desinformación y la manipulación del tema de los derechos humanos, le ha causado al Estado colombiano entre otros daños, problemas en lo jurídico: Hay infiltración en organismos de justicia y control, tales como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Las presiones políticas sobre la administración de justicia tienen responsabilidad en el alto índice de impunidad que agobia al país.” Véase: El plan del Foro de Sao Paulo para destruir las Fuerzas Armadas. Compilación elaborada por la Unión de Organizaciones Democráticas de América – UnoAmérica. Septiembre de 2009.
En igual sentido se refieren el Centro de Análisis Sociopolíticos con el concepto de Guerra jurídica: “La subversión ha logrado crear un marco jurídico que actúa en permanente apoyo a los grupos subversivos. La guerra jurídica, es una conspiración contra el Estado, en procura de la gran campaña de desinformación que se adelanta en función de los intereses subversivos. Pretende proteger a los integrantes de los grupos ilegales cuando se les abre causa penal y atacar a los miembros de los organismos de seguridad, buscando enjuiciarlos mediante demandas tendenciosas que afectan el prestigio de las instituciones y hacen estéril la reacción militar. Los montajes jurídicos y las falsas denuncias contra miembros de las instituciones de seguridad del Estado, han sido una valiosa herramienta para los grupos rebeldes colombianos, en el marco de su estrategia de combinar todas las formas de lucha.” Ver: La combinación de las formas de lucha que usan los grupos terroristas en Colombia. Carlos Alfonso Sierra Galindo. Centro de Análisis Sociopolíticos. Abril de 2009.
Los últimos dos textos citados fueron distribuidos por los Profesionales Oficiales de Reserva en un Curso Virtual de Acción Integral y Combinación de Formas de Lucha.
“Sin fuero no hay seguridad, ni moral para combatir”, sostiene Restructuración Nacional. “La guerra no es solo militar, sino política, en la primera la superioridad de nuestras FFMM han conducido a las FARC a un debilitamiento progresivo, mientras que en la segunda son los soldados los que están siendo acribillados por unos jueces corruptos y una fiscalía parcializada, como parte de la estrategia del Partido Comunista para contrarrestar los golpes dados a las FARC, su brazo armado. Es necesario recuperar el fuero militar, el cual en cualquier país del mundo es protegido y salvaguardado mucho más en Colombia que esta hace en situación de violencia generadas por bandas criminales organizadas que usan la máscara de fuerzas insurgente o grupos armados ilegales en un conflicto interno.”
Ya en posiciones de Estado, el general Alejandro Navas, comandante de las FFMM, una vez posicionado en el cargo, le colocó al debate un punto muy alto: calificó de “héroe nacional” al coronel Alfonso Plazas Vega. Con esto se demuestra entonces cuál sería el tratamiento a éste llamado “preso político” en el marco del Fuero Militar. Y seguramente harán lo mismo con el criminal general (r) Mario Montoya.
La posición del general Navas no es nueva, aunque ahora en el alto cargo habló más duro. Cuando aún era comandante del ejército, comentó la estrategia de defensa jurídica, la cual tiene varios pilares: “uno es la defensoría militar, DEMIL; el otro es una fundación integrada por universidad y empresas privadas, y la Defensoría del Pueblo, que tiene a nuestro servicio unos cien abogados. Un cuarto pilar que todavía no se ha constituido es un proyecto de ley que radicó el ministro de Defensa (anterior), que es el de la defensa técnica militar. Cuando ese proyecto se convierta en ley, el Estado va a sufragar los gastos de la defensa de nuestros hombres, y en ese caso DEMIL pasaría a un segundo lugar. (Semana.com, 2 de abril 2011)
En esa oportunidad, Navas aclaró que “DEMIL es una entidad privada que tiene una personería jurídica y que tiene un director ejecutivo y una junta directiva. Tiene como socios oficiales y suboficiales activos y retirados y un representante de los soldados. Así quedará a partir de la reforma de los estatutos, que ya sucedió el 28 marzo. Antes, los miembros de la junta eran oficiales activos. Y sus afiliados son todos los oficiales y suboficiales activos y retirados o soldados profesionales y civiles que se han querido afiliar. Aproximadamente el 50% de la fuerza se encuentra afiliada y cada militar aporta voluntariamente el 0,95 del salario básico y a partir del primero de junio será el 1%.” Por estatutos – dice el general-, DEMIL no defiende a militares socios que cometan delitos de lesa humanidad ni ajenos al servicio, como el acceso carnal violento.
Sobre la baja moral del ejército explicada en la ausencia de garantías jurídicas, el general Navas no comparte esa relación causal de las variables y argumentó de esta manera: “en el Ejército hay 240.000 efectivos. De ellos, alrededor de 1.500 hombres están encartados con la justicia entre sindicados y condenados. Si tú haces una regla de tres, eso da el 0,1 por ciento. Eso significa que el 99,9 por ciento está en las filas. Esto no es óbice para que haya una baja moral en la tropa. Por el contrario, estamos en un reentrenamiento basado en una campaña: fe en la causa. Nuestros soldados no están de capa caída. Lo que pasa es que se ha formado un síndrome que han querido impulsar los mismos adversarios a través de sus diferentes formas de lucha y de sus agentes internacionales.”
A su turno, el nuevo Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, tiene entre sus tareas una reforma de la defensa judicial de las FFMM “que deje satisfecho al estamento militar… donde se sientan cómodas, se sientan que están siendo debidamente defendidas”. Según la revista Semana, “la declaración recogió el reclamo de un sector de las fuerzas militares que ha argumentado que la tropa se ha “desmoralizado” debido a una supuesta “guerra jurídica” emprendida en su contra. (Semana.com, 6 de septiembre de 2011). Pinzón le respondió al presidente: “siento que nos ha dado una instrucción para trabajar en fortalecer el fuero militar y la Justicia Penal Militar lo vamos a hacer no en contravía de la historia, lo vamos a hacer conscientes de las realidades del presente”.
El Ministro, partiendo de que “como estamos no estamos bien”, propuso abrir un diálogo con expertos y juristas para reactivar el fuero militar. Se declaró preocupado por “la situación actual de la Justicia Penal Militar" y reiteró la necesidad que los miembros de las Fuerzas Armadas sean procesados por la Justicia castrense. Para él, “lo que le importa a los hombres de las Fuerzas Armadas es tener reglas claras. Eso es lo que más les angustia en este momento y eso es lo que tenemos que asegurarnos que les vamos a proveer", concluyó Pinzón. Finalmente indicó que por orden presidencial buscará incluir en la reforma a la Justicia un capítulo sobre Justicia Penal Militar, con el objetivo de recuperar el fuero para los uniformados.
La preocupación la describe así un ex militar que no se identifica y escribe a nombre del Centro Colombiano de Pensamiento Político Militar: “Cuando aquellos pilotos y tripulantes de las aeronaves de combate empleadas en esta guerra que vive el país, se manifestaban preocupados, temerosos, faltos de protección, exteriorizaban y demandaban con respeto, orientación, apoyo y garantías en lo que sería un posible enjuiciamiento penal, disciplinario o administrativo, por posibles daños colaterales que podrían presentarse, producto de la operación ordenada y ejecutada por ellos, el Comando, no encontraba ni había propuestas o respuestas claras en textos legales ni en la asesoría legal recibida. La jurisprudencia encontrada no daba argumentos para tranquilizarlos y darles garantías.”
Alfonso Gómez Méndez entró al debate diciendo que “las equivocaciones cometidas -sobre todo en épocas de estado de sitio- llevaron a que comenzara a deslegitimarse la figura del fuero militar. Se aplicó en otras épocas, para delitos que nada tenían que ver con el fuero propiamente dicho, como el secuestro, la extorsión y hasta el tráfico de estupefacientes. No convino tampoco algo que hoy es asunto del pasado: que los integrantes de la justicia militar estuvieran sometidos a la línea de mando (el comandante de las Fuerzas Militares era el presidente del Tribunal Superior Militar). Una mal entendida solidaridad de cuerpo condujo a decisiones que el país, razonablemente, tenía como muestras de impunidad. (http://www.eltiempo.com/, 13 de Septiembre del 2011)
Y continua Gómez diciendo, “también hizo carrera la equivocada tesis de que respetar los derechos humanos y avenirse al derecho internacional humanitario impedían a la Fuerza Pública obtener resultados contra la guerrilla y demás organizaciones criminales. Nunca se ha procesado a un militar por matar a un guerrillero en combate.” Y propone que el hoy Tribunal Superior Militar, integrado por oficiales, abogados con formación militar y pertenecientes a todas las fuerzas, bien podría empeñarse en una tarea, según él, urgente: “recuperar el prestigio de la Justicia Penal Militar.”
Otras voces que encontramos en la difusión de estas ideas no son ajenas a los ya graduados en el fascismo: José Obdulio Gaviria, Plinio Apuleyo, Fernando Londoño, los más conocidos de una larga lista empeñada buscar triquiñuelas para derrotar al Pueblo. A estos se suman instituciones como Héroes Visibles, Periodismo Sin Fronteras, y las nombradas Restauración Nacional, UnoAmérica, y los Profesionales Oficiales de la Reserva que son más papistas que el Papa.
2. Para terminar.
Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo –documento de análisis presupuestal del Ministerio de Hacienda-, en Colombia existe una tendencia creciente en el pago de demandas en contra de la Nación. En la vigencia 2010, el sector Defensa concentró el 69% de los pagos efectuados, participación que ha venido creciendo en los últimos años. En ese año se pagaron cerca de 700 mil millones de pesos.
En éste contexto hay reclamos sobre las estrategias de la defensa de la Defensa. En el marco de los cuestionamientos, el Gobierno informó que la Justicia internacional tiene abiertos 50 procesos formales y 134 demandas contra Colombia. Las pretensiones de las demandas podrían elevarse a 100 millones de dólares aunque hay otras cuentas de que estaría expuesta a pagar indemnizaciones cercanas a los 400 millones de dólares. La canciller admite que si pasan a la Corte Interamericana de DD.HH., probablemente serán causas perdidas. Desde 1994 la Nación ha sido condenada 11 veces, con algo más de 24 millones de dólares. (Semana.com, 29 de agosto de 2011). El último proceso fallado en contra fue el del asesinato del senador comunista Manuel Cepeda Vargas.
Como bien afirma el Comandante Alfonso Cano sobre los “falsos positivos”, “la sociedad avanza en la lucha por llegar al fondo del problema, por determinar cada situación con precisión, castigar a los autores materiales y también a los autores intelectuales y determinadores, lo que inevitablemente alcanzará la reglamentación militar existente, inspirada, concebida y diseñada bajo la óptica de la Seguridad Nacional pregonada por Washington desde los tiempos de la guerra fría, que fue uno de los temas tabú en la Constituyente de 1991 y causa de fondo de los miles y miles de muertos de todos estos años. Colombia perdió mucho tiempo por ese veto que impuso la oligarquía en los conciliábulos de aquellos años. (Ver: http://www.resistencia-colombia.org/, mayo 21 del 2011)
Resta decir que el régimen busca reacomodarse ante la degradación en que cayeron sus Fuerzas Militares en el afán de vencer la insurgencia. Son sus propios actos los que profundizaron su ilegitimidad. Pero tampoco quiere sacrificar sus fuerzas y para ello necesita privilegios en materia de justicia. Puede sacrificar soldados, pero tiene que proteger barras, estrellas y soles enrojecidos de sangre. Quieren manejar a su antojo las fronteras entre actos del servicio y los que no lo son. Proteger los suyos, su cuerpo.
Todo esto hace parte de la lucha anticomunista. La derecha fascista desea legalidad para el ajusticiamiento de civiles en sus Consejos de Guerra sin ninguna garantía procesal. Cosa que no ha cesado pues bien sabemos de ejecuciones extrajudiciales. No está legalmente constituida la pena de muerte pero la aplican. No les basta con el actual sistema penal acusatorio, en el cual se violan todos los derechos a quienes deciden por la lucha revolucionaria. Así lo demuestra la situación de presos políticos y prisioneros y prisioneras de guerra en las mazmorras del régimen.
Finalmente, lo cierto es que la baja moral de soldados y policías contrasta con la moral en alza de la guerrillerada. La confianza en la victoria de las FFMM de la oligarquía está de caída, debido a las continuas derrotas y contundentes golpes propiciados por el Ejército de Manuel. Si alguna responsabilidad le cabe a las FARC, es producto de la victoria en distintas batallas sobre unas fuerzas tan ilegítimas y degradadas como el Estado y la clase que defienden.
LA REFORMA UNIVERSITARIA
Movimiento Juvenil Bolivariano
Viernes, 16 de Septiembre de 2011 18:45
Una vez más queda plasmada en la maraña legislativa del régimen de la oligarquía Colombiana, su voraz e imparable apetito de pisotear uno de los sectores más importantes para el desarrollo de un pueblo: La Educación. El proyecto de reforma a la ley 30, que no es más que una nueva ley de educación superior, es la cúspide de las dinámicas que ha impuesto la clase dirigente, en cuanto a la política estatal en materia de educación superior.
Desde la imposición de la ley 30 de 1992, las universidades públicas, han tenido que bailar al compás de un modelo que justifica la redefinición social de las mismas, en la imperiosa necesidad de insertar la educación superior colombiana a la dinámica de la economía global, mancillando los proyectos culturales regionales, la autonomía universitaria, las especificidades nacionales y la universidad como espacio de discusión y construcción de la sociedad misma.
Es así como ha venido creciendo en estas últimas dos décadas la transformación estructural de la universidad pública, donde la discusión académica, la formación integral del estudiantado, el impacto social de los proyectos con la comunidad, y la profesionalización de la labor docente, han ido poco a poco siendo enviadas al cuarto de san alejo.
Pretenden imponernos una universidad pragmática, flexible, de formación técnica y tecnológica, y por demás acrítica, donde se responda a una formación orientada por las necesidades específicas y coyunturales del mejor mercado. Con la nueva ley de educación superior se pretende establecer un régimen de castigos y premios, haciendo inaccesibles los últimos para aquellas universidades cuyas políticas internas no sean afectas al gobierno.
Una ley generosa en dotar al estado de facultades para incrustarse en las universidades públicas, salvaguardándose en la transparencia que deben ofrecer las mismas a la comunidad, pero que no es más que una transgresión a la autonomía universitaria, consagrada en la constitución. Estamos asistiendo a una sala de cuidados intensivos de las universidades públicas, donde las únicas curas posibles serán la autofinanciación, la erradicación del bienestar universitario, la formación técnica enfocada a la solución de problemas- verdadero telón para ocultar la desvergonzada intención de abolir la formación de mujeres y hombres críticos desde la academia- y el abandono de la investigación básica.
La nueva ley fue planteada con 4 propósitos fundamentales: 1. Mejorar la calidad en la docencia y la investigación. 2. Ampliar la cobertura, incluyendo esto la disminución de la deserción y el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en la educación superior. 3. Hacer "eficiente" y transparente la gestión educativa, entendida desde un punto de vista fiscal. 4. Orientar la oferta Académica a las demandas sociales. En principio pasa desapercibida cualquier intención de desfavorecer las universidades estatales. Sin embargo, cuando se mira con lupa el articulado del proyecto, se encuentran un número considerable de sagaces minucias, como por ejemplo pensar en que aunque se aumenta la base presupuestal, también se incrementa el número de entidades que ingresan al grupo de instituciones de educación superior (IES) quienes compiten por ese presupuesto. Ahora se contemplan como IES: Universidades, Instituciones Universitarias, Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones y Escuelas Tecnológicas.
Pretenden mejorar la calidad de la educación superior al mismo tiempo que llegan al punto de tratarla como cualquier servicio público, entendiéndose que puede ser prestado tanto por el estado como por particulares. Dicen que desean mejorar la cobertura y las condiciones de permanencia y acceso a la educación superior, cuando en realidad lo que esconden es la pretensión de colocar a las Universidades Públicas en una carrera de lobos para competir por pingües beneficios, enmarcados en recursos adicionales por la generación de cupos a la demanda.
Como ya se mencionó uno de los objetivos del proyecto (4) es orientar la oferta académica a las demandas sociales, lo que implica sembrar en la juventud la plaga del facilismo, pues muchos verán en una formación técnica o tecnológica una opción de progreso y de mejoramiento de la calidad de vida. Al orientar la oferta académica hacia este contexto se está dejando de lado un amplio sector de la academia, que aunque no responde a unas demandas del mercado, es imprescindible en una sociedad que debe construir un verdadero proyecto de país. Nos referimos al sector humanista, que será reestructurado –en el mejor de los casos- para responder a problemas de la vida laboral y no a la discusión académica y la proposición de alternativas para el desarrollo humano como le corresponde. Finalmente recordamos a la comunidad universitaria que la educación debe de ser con calidad para todas las personas sin importar su condición económica, social o racial.
Un pueblo sin educación es un pueblo que no está en las capacidades de transformar su realidad, y por lo tanto será un pueblo que seguirá alimentando el deseo de los ricos de amasar grandes sumas de capital para unos pocos.
El Movimiento Juvenil Bolivariano por la Nueva Colombia, invita a los estudiantes, docentes y directivos de la UTP a construir desde la academia la sociedad que transforme las condiciones de vida actuales. Una sociedad crítica y autocrítica, respetuosa, consciente, propositiva, educada en la solidaridad y orgullosa de estar enriquecida por la heterogeneidad de sus integrantes.
¿Quién está detrás de la reelección de chuqui Santos?
1-Como lo hemos dicho muchas veces, la Oligarquía Tras-nacional que domina en Colombia desde hace más de 200 años, está conformada “principalmente” por dos clases aliadas históricamente: La burguesía financiera y los Latifundistas y ganaderos depredadores, cohesionados desde hace 30 años por los dólares del Narcotráfico.
Durante los 8 años del gobierno del gamonal Uribe Vélez, la fracción financiera parasita representada por el vicepresidente “Facho” Santos cedió sin mayores problemas la Hegemonía del gobierno a la Banda narco latifundista de los Uribeños; pero tras ocho años de desastre, la fracción financiera vuelve por sus fueros y logra imponer a chuqui Santos quien empieza a gobernar con sus propios criterios de clase, entrando en tensión con su anterior jefe Uribe Vélez. Esa es la situación actual: Una disputa entre socios por la Hegemonía en el gobierno.
2- Súbitamente los dos ventrílocuos de Cesar Gaviria, su hijo Simón y el jefe Liberal Pardo Rueda, proponen desde ya iniciar la campaña electoral por la reelección presidencial de chuqui Santos. Es decir quién está detrás de esta propuesta es el antiguo jefe de la OEA y reconocido títere Yanqui, quien entregó el país a los monopolios financieros Tras-nacionales con su famoso “revolcón y apertura neoliberales” de 1991.
3- El 11 de Septiembre en la embajada de EEUU en Bogotá, el embajador Michael McKinley ofreciendo toda la ayuda que sea necesaria para la guerra, dice que "Colombia se ha convertido en un modelo de inspiración internacional para la lucha contra el terrorismo, sin sacrificar los valores fundamentales, las instituciones democráticas y los objetivos que todos compartimos".