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El que más, el que menos seguramente está aplaudiendo, aunque sea en la intimidad, la movilización en defensa del Parque Nacional Isiboro Sécure.
¿Por qué?, pues ocurre que, en estos tiempos, todos nos hemos convertido en expertos ecólogos y ambientalistas. Sabemos cuáles son la extensión, población, características y atributos de vida que tiene ese territorio por cuya apropiación hay un diferendo casi centenario entre Beni y Cochabamba.
El diferendo ha quedado traspapelado hoy, cuando se discute la conveniencia o perjuicio de construir una carretera que lo atraviese. En ese empeño vale todo: hay quienes se movilizaron para hacer una carretera hacia el norte de La Paz atravesando el Parque Madidi, “porque es necesaria para el progreso de nuestra región” y hoy son defensores de la integridad del TIPNIS.
Hace muchos años, siendo director de un semanario ya desaparecido, participé de una polémica nacional sobre la protección del medio ambiente. Por entonces, la deuda externa de Bolivia significaba tres veces el conjunto de las exportaciones anuales del país. Los bancos acreedores, mirando en perspectiva la política que entonces se implementaba aquí, pusieron a la venta los bonos de la deuda boliviana, a un valor mínimo: 11 centavos por cada dólar.
Una ONG ambientalista, norteamericana para más datos, compró bonos por un equivalente de 600 millones de nuestra deuda y los ofreció al gobierno de entonces a cambio de un compromiso firmado y ratificado, mediante el que se obligaba él y los sucesivos gobernantes, a mantener intocada una determinada extensión del territorio nacional. Pomposamente, uno de los superministros que había nombrado aquel presidente, viajó a Estados Unidos y firmó el compromiso, recibiendo los bonos respectivos. A continuación, afirmó que, en esas condiciones, él estaba dispuesto a vender todo el territorio nacional. Insisto en que la palabra que usó fue “vender”.
No voy a repetir lo que entonces dije al respecto, que no fueron aplausos, por supuesto.
Ese tipo de defensa del medio ambiente se ajusta a las concepciones y los principios de quienes hoy se rasgan las vestiduras por el TIPNIS mientras siguen ampliando sus negocios que rivalizan en la depredación del medio ambiente. Personalmente, no creo en esos personajes que estarían en contra de un ferrocarril bioceánico, por decir algo distinto, si es otra forma de atacar al gobierno del presidente Evo Morales.
Pero creo en los pobladores del Parque Isiboro Sécure. Creo en su derecho a reclamar por la seguridad del territorio que habitan. Tienen derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado promulgada en febrero de 2009. Les asiste la protección de tratados internacionales, de los que Bolivia es uno de los primeros firmantes, con plena ratificación del Congreso.
Considero que ese parque y los otros que son la reserva ambiental que debe resguardar Bolivia con leyes y otras normas, no pueden ser tratados como áreas que se dividen en núcleo y zonas adyacentes; son unidades y, cualquiera sea la parte afectada, se degrada el conjunto del parque. Estoy conciente que allí viven pueblos absolutamente minoritarios cuya identidad, cultura, idioma y características étnicas, proclamamos respetar en nuestra Constitución.
Es cierto que la vertebración del país es necesaria como la forma básica de unidad nacional. Pero no podemos hacerlo a costa de algunos pueblos que sufrieron la brutalidad de los patrones de antes y que ahora no se sienten engañados.
“En tiempos inmemoriales se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos. Nuestra amazonía, nuestro chaco, nuestro altiplano y nuestros llanos y valles se cubrieron de verdores y flores. Poblamos esta sagrada Madre Tierra con rostros diferentes y comprendimos desde entonces la pluralidad vigente de todas las cosas y nuestra diversidad como seres y culturas”.
Con esas hermosas palabras se inicia nuestra Constitución Política del Estado. Hagamos honor a esa solemne proclama.
- Antonio Peredo Leigue es periodista boliviano.
Fuente: ALAI
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