La jueza Letrada de 1º Turno de Fray Bentos, Livia Pignataro, dispuso el desarchivo de la indagatoria penal por la muerte por torturas del médico Vladimir Roslik, en virtud del reciente decreto del Poder Ejecutivo por el cual se revocaron los actos administrativos anteriores.
El Poder Ejecutivo decidió el 30 de junio revocar más de 80 actos administrativos dictados por los gobiernos de Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle, por los cuales se consideró bajo el amparo de la Ley de Caducidad diversos casos por crímenes de la dictadura. La decisión fue adoptada en cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la causa "Gelman vs Uruguay", por el cual se condenó al Estado uruguayo a "dejar sin efecto" la Ley de Caducidad. En este sentido, el Poder Ejecutivo remitió a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) un listado con todos los casos archivados en atención de disposiciones de anteriores gobiernos. El listado incluyó sedes y números de expedientes de todas las causas, entre ellas el crimen de Vladimir Roslik.
Último crimen de la dictadura |
Sin embargo, una segunda autopsia, realizada en Paysandú por un grupo de médicos civiles, aseguró que Roslik falleció víctima de una anemia aguda producida por las hemorragias provocadas por los golpes y la asfixia del "submarino".
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