viernes, 27 de enero de 2012

Colombia: Necoclí, movilización en el epicentro del conflicto

El11 de febrero se realizará la segunda marcha ciudadana por la garantía de las víctimas a reclamar su tierra. Será en Necoclí, contará con la participación de varios sectores de la sociedad civil, del presidente Santos y de varios ministros del gabinete
.Por: Mario Zamudio
Los convocantes a la marcha esperan que entre 20 y 30 mil personas se manifiesten a favor de la Ley de Vïctimas y en contra de los sectores que no quieren que se aplique
Hace poco, la presidencia de la República informó que solo en 5 municipios del Urabá antioqueño y chocoano se robaron 40 mil hectáreas de tierra. Que esta zona del país es una de las más emblemáticas en cuanto al despojo de terrenos y que la ley de víctimas tiene en este lugar un reto gigantesco.

Necoclí hace parte del Urabá antioqueño, del corazón de una lógica que ha cobrado más de 4 millones de víctimas: el desplazamiento forzado. A través de métodos jurídicos y de hecho, de falsas oficinas del Incoder y de lógicas de guerra, los violentos han despojado a campesinos de sus tierras.
La fundación Tierra y Vida, en cabeza de Gerardo Vega, entregó hace poco a la Superintendencia de Notariado y Registro los documentos que certifican 700 titulaciones ficticias de una “oficina alterna al Incoder que dictaba resoluciones falsas”, según afirmó el propio Vega.
Bajo este contexto llega la Ley de Víctimas, una muestra de voluntad política del gobierno, una apuesta que puede significar el mayor avance de Colombia hacia la paz y un ataque al eje del conflicto armado en nuestro país.
Pero la voluntad política es imposible si la sociedad no está articulada a las iniciativas legislativas. Por eso varias organizaciones de la sociedad civil han convocada a movilizarse para respaldar la Ley pero exigir el cumplimiento de todas las garantías para que las víctimas puedan acceder a sus derechos.
La movilización tiene por nombre “por la tierra la vida y la paz”, y se llevará a cabo el 11 de febrero. Contará con la participación de víctimas, campesinos, trabajadores, maestros, representantes del gobierno y miembros de organizaciones sociales.
“Nosotros campesinas y campesinos jóvenes, adultos, negros e indígenas, víctimas de despojos, asesinatos, desapariciones, desplazamientos, masacres, señalamientos y demás crímenes de lesa humanidad; hemos resuelto salir al encuentro solidario y fraterno con nuestros semejantes de toda la región del Urabá con la intensión indeclinable y el compromiso permanente de aportar a la construcción de una región y una Colombia, respetuosa de la Vida y los Derechos Humanos, la democracia y la Paz”, afirma el comunicado que convoca a la marcha.
“Una ley con decisión política pero sin participación de la ciudadanía y de las víctimas quedaría huérfana de un componente social y político muy alto”, afirma Diego Herrera, Presidente del Instituto Popular de Capacitación, uno de las convocantes.
“Bien por la ley, por la intención del gobierno y por eso queremos apoyar a que el proyecto salga adelante. Pero necesitamos que la ciudadanía se involucre, que aporte de manera decidida a la aplicación y exija sus derechos”, señala Gerardo Vega.
La idea del gobierno es acompañar tanto esta como todas las movilizaciones que se planteen al respecto. Por eso en Necoclí estarán Germán Vargas lleras, Ministro del Interior; Juan Camilo Restrepo, Ministro de Agricultura; y el presidente Santos.
Compromisos gubernamentales
Gerardo Vega le dijo a Confidencial Colombia que el compromiso del gobierno nacional es instalar ese día la oficina de la Unidad de Tierras del Urabá.
“La idea es que ese día se deje instalado el lugar donde los reclamantes de tierras puedan ir a hacer los trámites. Que hayan funcionarios trabajando y gente dispuesta a resolver y a satisfacer los derechos de las víctimas”, dijo.
El gobierno también se comprometió, según el representante de la fundación Forjando Futuros, a entregar títulos de tierra a los campesinos despojados. La movilización es a la vez un espaldarazo a la Ley y una exigencia para que su implementación sea efectiva y justa.

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