Según información de la Comisión Presidencial contra el Racismo, en 2011 las mujeres que perdieron la vida en hechos violentos en este país fueron 705, la mayoría por arma de fuego y por causa de su género, frente a las 675 del año precedente. Ante esta realidad, el país ha querido reaccionar desde diversos ámbitos y expresiones.
El 24 de este mes, el recién estrenado presidente, el derechista y general retirado Otto Pérez Molina, creó una “fuerza de tarea contra el femicidio”, como se llama en Guatemala a los asesinatos de género, aunque las organizaciones de mujeres determinaron que feminicidio define el fenómeno de asesinadas por su feminidad. Esta unidad se dedicará a labores de inteligencia e investigación para impedir los homicidios de mujeres, tendrá al frente a la exfiscal Mirna Carrera y dependerá del Ministerio de Gobernación, encargado de la seguridad interna.
“El femicidio se está posicionando como una política de estado y se envía un mensaje a los agresores de que existe la voluntad de no tolerar estas acciones y de penalizarlas”, dijo a IPS la representante del no gubernamental Observatorio contra el Femicidio, Mayra Sandoval. La activista reconoció que el gobierno que comenzó su gestión cuatrienal el día 14 y cuyo lema de campaña fue “Mano Dura” contra la delincuencia, “está preocupado por la violencia en general”. Pero en el caso de la fuerza de tarea contra el feminicidio, “habría que analizar si las personas que la integran saben manejar la escena del crimen de una mujer”, cuestionó.
Sandoval consideró importante la reacción del gobierno frente estos hechos aunque “también debe haber un trabajo de prevención puesto que, de lo contrario, solo vamos a estar tapando baches sin que terminemos de solucionar este problema”.
Guatemala, de 14 millones de habitantes, es considerado junto con México, uno de los países con mayor índice de femicidios en el mundo. Así, entre 2000 y 2010 fueron asesinadas por violencia de género 5.200 mujeres en este país, según sifras policiales
La jefa para América Latina de ONU Mujeres, Gladys Acosta, ha pedido a la comunidad internacional movilizarse ante la epidemia de feminicidios, no solo por el desbordado número de mujeres asesinadas, sino también por una característica que aumenta la dimensión de la barbarie: el ensañamiento. “Muertas con decenas de cuchilladas, víctimas con cuerpos desmembrados, es una saña atroz contra las mujeres”, remarcó la especialista peruana a IPS.
Esto ha empujado a la sociedad organizada de este país a realizar diversas manifestaciones para exigir justicia en estos hechos y prevenir más muertes. Una de las expresiones más novedosa y concurrida fue el ascenso de más de 10.000 personas al Volcán de Agua, situado al suroccidente de la capital, en señal de rechazo a la violencia intrafamiliar, cuya principal víctima es la mujer.
En la denominada “Subida por la Vida” los participantes formaron una cadena humana desde las faldas del extinguido volcán, de 3.772 metros de altitud, hasta la cima del coloso, en cuyo cráter formaron un corazón en señal del inicio de “un cambio generacional”. La iniciativa, primera en su tipo que se realiza en el país, fue organizada por innumerables organizaciones de la sociedad civil, movimientos de jóvenes, empresas privadas y embajadas acreditadas en el país.
Dora Amalia Taracena, de la no gubernamental Convergencia Cívico Política de Mujeres, dijo a IPS que las expresiones de rechazo de la sociedad civil y del gobierno denotan que “no hay marcha atrás” en la lucha contra el feminicidio. “Sobre todo las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos esta problemática, nos hemos encargado de que esta situación sea parte de una agenda pública, lo que nos ha costado muchísimo por toda la cultura patriarcal y el machismo que vivimos”, matizó.
Taracena recordó que la persistente campaña, a través de los medios de comunicación, caminatas y otras expresiones públicas, realizada por los familiares de Cristina Siekavizza, también “ha contribuido a evidenciar la problemática del femicidio” en Guatemala.
Siekavizza, profesional de la administración y perteneciente a una familia acomodada, desapareció misteriosamente de su vivienda en Ciudad de Guatemala en julio. Pero un mes después, una empleada del hogar familiar reveló que el esposo de la víctima, Roberto Berrada, la había golpeado hasta matarla. Barreda huyó con los dos hijos que tuvo con Siekavizza sin que hasta ahora se conozca su paradero, ni el de los niños, ni el de la víctima. El caso generó un fuerte rechazo social y además evidenció que el feminicidio no respeta estratos sociales.
La indignación por la incesante violencia contra las mujeres en Guatemala motivó incluso a dos premios Nobel de la Paz. Este viernes 27 llegó al país la delegación de la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel, con el propósito de abordar el esclarecimiento de los hechos de feminicidio en el país y el combate a su impunidad.
Las premios Nobel de la Paz 1992 y 1997, la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú y la estadounidense Jody Williams, viajaron al noroccidental departamento de Sololá para hablar con las mujeres de las comunidades sobre la violencia. El objetivo final es hacer recomendaciones a los gobiernos y la comunidad internacional para contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en este país, así como en México y Honduras, que visitaron antes de Guatemala.
“Nos parecen muy importantes todas las acciones para combatir la violencia contra la mujer. Y estos últimos años hemos logrado evidenciar que no es algo natural sino es algo inaceptable de cualquier manera”, dijo a IPS la integrante de la no gubernamental Tierra Viva, Alitza Navas. Durante los últimos gobiernos “se han logrado algunas leyes a favor de las mujeres tales como la ley de Planificación Familiar y la ley contra el Femicidio (de 2008), las cuales contribuyen a erradicar este fenómeno”, reconoció la activista.
Evelyn Curruchiche, de la gubernamental Defensoría de la Mujer Indígena, planteó a IPS que para eliminar el feminicidio “es necesario que se tomen en consideración los factores que originan la violencia”. A su juicio, el Estado también debe preocuparse por atender las circunstancias sociales que rodean a la mujer, como la situación de pobreza, la educación y la salud. Además, “es necesario que la atención de los femicidios se convierta en asunto de Estado y que el gobierno otorgue el presupuesto necesario a las instituciones encargadas”, concluyó.
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