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Adital
Mucho se ha hablado y escrito sobre la sentencia 0168/13, adoptada el 23 de septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Esta medida jurídica despoja de su nacionalidad a más de 200 mil dominicanas y dominicanos de origen haitiano, bajo el pretexto de que sus padres haitianos son migrantes irregulares que están en tránsito en el país; irregularidad que se transmitiría de padre a hijo.
Estos dominicanos que pertenecen a la primera, la segunda e incluso (algunos de ellos) a la tercera generación de los migrantes haitianos se encuentran de un día para otro sin nacionalidad, en el único país que conocen y que los vieron nacer; muchos de ellos no hablan creole ni francés, los dos idiomas oficiales de Haití. Son los nuevos apátridas del siglo XXI, víctimas de una sentencia "legal” pero injusta que definitivamente ha marcado un parteaguas en las relaciones entre Haití y República Dominicana y que ha llevado a la llamada comunidad internacional a denunciar esta sentencia "discriminatoria” en contra de una minoría étnica: los dominicanos afro-descendientes, hijos de migrantes haitianos.
Ante esta ola de condenas, el gobierno dominicano viene realizando esfuerzos por resolver de manera humanitaria la suspensión de la documentación de dominicanos de ascendencia haitiana, por ejemplo, mediante la publicación de la Ley 169-14 del 23 en mayo de 2014 y el Reglamento para su aplicación (a través del Decreto 250-14 del 23 de junio del mismo año); pero, tal como lo plantea el Movimiento Reconocidos, hacen falta más acciones y hechos para que estas legislaciones garanticen un acceso real, ágil y efectivo a la documentación para quienes ya estaban inscritos en el registro civil dominicano o quienes nunca fueron inscritos por este gran muro institucional y administrativo.
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