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EFE.- Eso fue lo que informó hoy a Efe el abogado, Aitor Martínez. Aportaron los nombres, dirección y detalles de su supuesta participación en la represión como parte de una ampliación de una querella que han interpuesto en Argentina.
Paralelamente han presentado este mes otra denuncia por la falta de investigación de los crímenes contra Paraguay, ante el Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU en Ginebra, Suiza, que lo tratará en su período de sesiones del 15 al 19 de septiembre, según Martínez.
Los nombres que añadieron al caso que tramita el magistrado argentino Norberto Oyarbide incluyen a ex jefes de Policía, oficiales, comisarios, un médico y un líder local del Partido Colorado, formación que fue el soporte político del dictador Alfredo Stroessner y que volvió al poder con la victoria de Horacio Cartes en las elecciones del 2013.
Las víctimas presentaron su querella original hace un año en Argentina, donde se aplica la jurisdicción universal para esos delitos de lesa humanidad, debido a la “impunidad” que existe en Paraguay, según Martínez.
En octubre Oyarbide exhortó a Paraguay a que informe si ha abierto procesos penales por crímenes de lesa humanidad contra los 448 presuntos represores identificados por la Comisión de Verdad y Justicia (CJV) en 2008, pero la Fiscalía de Paraguay “no respondió y se ha negado a colaborar”, según Martínez.
De acuerdo con el abogado, desde 2008 no ha habido ninguna imputación por crímenes de lesa humanidad contra los victimarios identificados por la CVJ, pese al pedido de ese ente de que se les enjuiciara y el traslado oficial de su informe a la Fiscalía paraguaya.
De los 448 presuntos represores que aparecen en el informe “algo más de la mitad siguen vivos y gran parte de ellos sigue en cargos políticos o altos mandos militares y policiales”, aseveró Martínez.
En el estudio, la CVJ registró 425 ejecutados o desaparecidos y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctima de golpizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura física.
Otras 20.814 personas se vieron forzadas al exilio.
Martínez, que presentó la demanda junto al abogado argentino Juan Adolfo Maida, actúa en representación de víctimas de la dictadura como Martín Almada, descubridor de toneladas de documentos del régimen que demuestran las violaciones de los derechos humanos; Domingo Laíno, expresidente del Partido Liberal; o Margarita Mbywangy, en nombre de la comunidad aché.
Los aché, uno de los grupos indígenas de Paraguay, fueron en la década de 1970 expulsados de sus tierras, “cazados” por el Ejército e internados un campo de concentración, según los querellantes, que señalaron que el 65 por ciento de sus miembros murieron o fueron vendidos como esclavos o prostitutas.
En los últimos años se han hallado en Paraguay los cuerpos de algunas víctimas de la dictadura, que se encuentran depositados en el Laboratorio Forense del Ministerio Público.
Con su acción ante la ONU, los denunciantes esperan que la entidad inste al Estado Paraguayo a que disponga los medios para que se les identifique.
En su argumentación mantienen que la falta de identificación conlleva la violación de las obligaciones internacionales por parte de Paraguay.
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