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Los máximos responsables por la dramática sequia que padece el pueblo colombiano, el gobierno de Santos.
La sequía (que apenas comienza) era un hecho previsible, y hace tiempo sabíamos cómo evitar las catástrofes ambientales. Pero se ha hecho poco porque el problema no es simplemente climático: es un problema político.
Fenómeno conocido
Según el IDEAM, la sequía que estamos padeciendo se prolongará hasta marzo o abril del año entrante y es consecuencia del fenómeno de “El niño”, que se encuentra en su fase inicial pero ya ha producido daños graves, especialmente en la costa caribe.
Según distintas fuentes, han muerto 15.000 reses en la Guajira y otras 32.000 en los demás departamentos de la costa. En la Mesa de los Santos se asfixiaron un millón de pollos y se han declarado 642 incendios forestales. Y estos daños ocurren cuando apenas comienza la sequía.
Pero el problema no está en el fenómeno climático en sí mismo, como afirman el presidente Santos y el alto gobierno. “El niño” viene siendo observado desde la época de la Conquista española y se ha estudiado desde por lo menos los comienzos del siglo XX, de modo que hay constancia de su incidencia en varias ocasiones a lo largo de ese siglo.
Desbordamiento del Río Magdalena durante la temporada de lluvias del año 2011. Foto: Sol Robayo
Soluciones simplistas
Lo que hace devastadora esta nueva aparición de “El niño” es la vulnerabilidad creciente del territorio colombiano, resultante de la deforestación, desecación y contaminación de los ecosistemas que han acompañado al modelo de explotación económica y ocupación del territorio, modelo que además han reforzado las políticas oficiales, particularmente en los últimos gobiernos.
Por eso, calificar la sequía que comienza a azotarnos como una calamidad “natural” o inevitable, que solo puede mitigarse con medidas de emergencia, es soslayar las causas profundas y complejas de la vulnerabilidad de Colombia a los eventos naturales propios de nuestra ubicación geográfica y de nuestro territorio.
Paradójicamente, esas causas profundas son las mismas que producen la tragedia de las inundaciones cuando el fenómeno es el contrario, la denominada “Niña”.
El presidente Santos y su gobierno han sido especialmente simplistas al enfrentar estos fenómenos. Cuando hace tres años el país quedó inundado, incomunicado y arruinado por una temporada de lluvias más fuerte de lo normal, el gobierno lo atribuyó al cambio climático, a la “maldita niña” y a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
En ese momento se invocó la tecnología de “punta”, se anunciaron viaductos para eludir nuestra accidentada geografía y se lanzó el programa “Colombia Humanitaria” (al frente del cual fue designado un ex banquero para “garantizar la eficiencia”), pero al poco tiempo se abandonó la idea de reformar las CAR porque la propuesta del gobierno era demasiado centralista y no resistió las primeras críticas.
Ahora se anuncian la perforación de pozos por doquier pues “nuestro país es rico en aguas subterráneas”, carro-tanques para abastecer a la población, y una flota de helicópteros, equipados con el sistema “bambi bucket” para apagar los incendios.
Pero las causas profundas no se mencionan, ni se relaciona la tragedia ambiental con el modelo de desarrollo extractivista que Santos heredó de Uribe y que viene impulsando con ahínco.
Y sin embargo ese modelo es el causante principal de la vulnerabilidad ante el embate de los fenómenos naturales, los cuales se intensifican de cuando en cuando, pero que ahora son más frecuentes debido al “cambio climático” – un fenómeno que también es consecuencia del enorme consumo de energía fósil que demanda el modelo productivo mundial.
El modelo depredador
El Estudio Nacional del Agua elaborado por el entonces Ministerio de Medio Ambiente con el apoyo de la Universidad Nacional, ya en 1996 señalaba que “Dicha problemática tiene como factor determinante las formas de ocupación del territorio y los sistemas de producción, dentro de los cuales los sistemas tecnológicos son particularmente significativos, como factores que alteran las condiciones de regulación del ciclo hidrológico; es decir la relación básica Suelo – Agua – Vegetación – Aire y la relación sistémica entre los diferentes pisos altitudinales, creando los desfases en la disposición espacial y temporal de la oferta y las condiciones de calidad de la misma, condiciones que explican los conflictos en la relación Oferta – Demanda hídrica y por tanto las limitaciones al desarrollo sostenible”.
Por su parte, el IDEAM, en el año 2001, elaboró el mapa del Índice de Escasez con proyecciones hasta el 2025 y advirtió que para entonces el 59 por ciento de la población colombiana no tendría acceso al agua. El pronóstico se ha venido cumpliendo de manera lenta pero inexorable.
Hay advertencias más recientes, como la del defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, para quien ”esta situación deja en evidencia la falta de planeación de algunas autoridades administrativas para ofrecer soluciones estructurales a los problemas de abastecimiento de agua en forma oportuna, continua y con calidad para todos los ciudadanos, máxime cuando desde el año pasado la Defensoría ha venido señalando que el 10 por ciento de los municipios del país enfrenta una situación de alta vulnerabilidad”.
El ciclo hidrológico en el territorio colombiano es particularmente complejo, pues estamos ubicados en la zona de confluencia intertropical y nos atraviesan tres grandes cordilleras. Esto, unido a la influencia de los dos mares que nos rodean y a la incidencia de la Amazonía y la Orinoquia, hace que sobre nuestro territorio confluyan factores climáticos diversos.
Esta conformación otorga ventajas y beneficios como la enorme biodiversidad y la abundancia de agua (aún somos la octava reserva de agua dulce del planeta). Pero al mismo tiempo impone un manejo muy cuidadoso de los ecosistemas, pues las ventajas naturales pueden convertirse en desventajas cuando se actúa en contravía de su lógica. Eso es lo que ha ocurrido en Colombia a pesar de las sucesivas advertencias.
Hace solo algunas semanas se dio a conocer el V Informe Nacional de Biodiversidad de Colombia, en cumplimiento de nuestra obligación como país miembro de la Convención de Biodiversidad. El documento ratifica las tendencias de pérdida de especies y hábitats que se viene observando desde hace más de veinte años y que ha causado problemas tan graves como las inundaciones del 2011 -ya casi olvidadas por los medios de comunicación-.
El Informe insiste en la disminución de la cobertura vegetal, que decreció del 56,5 al 51, 4 por ciento del territorio nacional en los últimos años. El costo del deterioro ambiental se estima en 3,5 por ciento anual del PIB, una cifra sin duda alarmante. La síntesis del Informe podría ser: “pasamos los umbrales de irreversibilidad”, según dijo Lorena Franco, una de las autoras del estudio.
La cobertura vegetal es esencial para el buen funcionamiento del ciclo hídrico en un territorio donde el agua fluye de las alturas a las llanuras. Eliminar la vegetación original, o sustituirla por pastos y monocultivos en gran escala, como han venido haciéndolo terratenientes, mineros, agroindustriales y urbanizadores, entre otros, acelera la escorrentía y tiene consecuencias muy severas.
El agua arrastra el suelo y sedimenta los ríos; esto no solo causa inundaciones sino que impide la adecuada infiltración y recarga de los acuíferos: en el período lluvioso el agua pasó de largo y no se alcanzaron los niveles requeridos de recarga, de modo que al llegar el periodo seco el agua es muy escasa.
Por eso no hay duda alguna de que la causa de vulnerabilidad a las sequías y a las inundaciones es la misma: pérdida de la cobertura vegetal ocasionada por el modelo de “desarrollo” depredador que hemos seguido.
El derecho humano al agua
Igual que en las inundaciones de hace tres años, las principales víctimas de la sequía son los pobres. Según el Defensor del Pueblo ya hay 18.000 niños guajiros en estado de desnutrición por carencia de agua, y de estos ya murieron los primeros quince.
Es más: según esa entidad, en 2013 había 322 municipios con poblaciones en alto riesgo de contraer enfermedades por la mala calidad del agua, lo cual implica un aumento considerable frente a los 283 municipios que en 2010 no recibían agua en condiciones aceptables. En suma, solo 250 de los 1.070 municipios examinados reciben agua potable.
En la sequía actual, una ciudad importante como Santa Marta, rodeada de ríos y al pie de la estrella fluvial de la Sierra Nevada, carece de agua potable, y hace tres años las inundaciones dejaron sin servicio, durante varias semanas, a Manizales, Cúcuta e Ibagué, además de numerosos pueblos y ciudades pequeñas, a la orilla de los ríos. Es decir, ciudades grandes y pequeñas siguen padeciendo de sed con el agua al cuello.
Ni maldiciendo a la “niña”, como hace tres años, ni comprando los “bambi bucket” va a resolverse el problema de fondo. Necesitamos comenzar a remover las verdaderas causas de estas catástrofes supuestamente “naturales”.
Necesitamos con urgencia una política nacional del agua, que abarque desde la protección de los ecosistemas esenciales para el ciclo hidrológico hasta las infraestructuras de acueducto, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, que devuelva el control del agua a un sector público reestructurado y vigilado por la ciudadanía, y que haga efectivo el derecho humano al agua y el mínimo vital gratuito.
Nada de esto ha hecho el gobierno Santos, ni el de su antecesor Uribe. Por eso les cabe un juicio de responsabilidades que debemos exigir los ciudadanos.
*Exvocero del Referendo por el Agua y miembro de Unión Libre Ambiental
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