Àfrica: La Haya autoriza investigación sobre violencia electoral en Kenia (en dos partes)

Afro News.- 1 de Abril - El Tribunal Penal Internacional (TPI) aceptó una petición del fiscal del tribunal para iniciar una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Kenia en las últimas elecciones generales.

La decisión, adoptada el miércoles por la mayoría de los jueces del tribunal, indica que la información disponible proporciona una base razonable para creer que este tipo de delito se cometió en el país del Este de África.

La investigación cubrirá los eventos que tuvieron lugar entre junio de 2005 y noviembre de 2009, en particular la violencia que siguió a las elecciones de diciembre de 2007.

A su juicio, el fiscal del TPI, Luis Moreno Ocampo, dijo que altos funcionarios y empresarios vinculados a los principales partidos políticos en el país han organizado, instigado y financiado ataques contra civiles en función de su origen étnico o político.

Ocampo también dijo que miembros de alto rango del partido gobernante y la oposición fueron motivados por ambiciones políticas para mantener o alcanzar el poder y hacer uso de sus redes de contactos personales, el gobierno tribal o de negocios para cometer delitos.

El fiscal dio a los magistrados del Tribunal Penal Internacional una lista que contiene una descripción de los incidentes más graves y los nombres de 20 personas que supuestamente serían los principales responsables de los crímenes.

Kenia se adhirió al Estatuto de Roma que creó el TPI en marzo de 2005, siete años después de la aprobación de la Convención.

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Esta ha sido una de las reacciones más extendidas por parte de los analistas políticos después de que el TPI anunciase el miércoles la autorización al fiscal jefe del tribunal para investigar y enjuiciar a los supuestos autores de la violencia post-electoral que sacudió Kenia hace ahora dos años, dejando más de 1.000 muertos y cientos de miles de desplazados.

La decisión llega después de varios intentos fallidos por parte de las autoridades estatales para instituir un tribunal local sobre los presuntos delitos de lesa humanidad. El fiscal del TPI, Luis Moreno-Ocampo, ya ha entregado una lista de 20 personalidades destacadas en la política y la alta sociedad de Kenia que supuestamente serían los responsable de la violencia.

En noviembre del pasado año 2009, Moreno-Ocampo solicitó la autorización necesaria para abrir una investigación sobre la violencia tras las disputadas elecciones de diciembre 2007 en las que el presidente Mwai Kibaki fue declarado vencedor ante el líder opositor Raila Odinga, quien ahora es primer ministro. A principios de este mes se cerró una lista en la que se citan los nombres de 20 personas.

"La información disponible proporciona una base razonable para creer que se han cometido crímenes contra la humanidad en el territorio nacional de Kenia", han sentenciado los jueces del tribunal, que se encuentra basado en La Haya. "La mayoría estimó, además, que se cumplen todos los criterios para el ejercicio de la jurisdicción de la Corte".

Por su parte, el juez Hans-Peter Kaul sostuvo que los crímenes en Kenia no se califican como crímenes de lesa humanidad bajo el ámbito jurisdiccional del Estatuto de Roma, que estableció el tribunal, y que Kenia ratificó en 2005.

Concluyó que no había una base razonable para creer que los crímenes fueron cometidos en Kenia en un ataque contra una población civil en virtud o en cumplimiento de una política que resulta de un Estado o una organización, algo que, dijo, es lo exigido por el artículo 7 del Estatuto.

Pero, la decisión mayoritaria de los jueces Ekaterina Trendafilova y Cuno Tarfusser citó el bajo umbral aplicable en esta fase del procedimiento.

Cuando solicitó la autorización, Moreno-Ocampo, dijo que Kibaki y Odinga, quien accedió a poner en marcha un gobierno de reparto de poder después de la oleada de violencia, se habían comprometido a cooperar con cualquier investigación. "Hay una base razonable para creer que los ataques contra la población civil en Kenia durante la violencia post-electoral constituyen crímenes contra la humanidad bajo la jurisdicción del TPI", dijo entonces.

La pregunta ahora es, ¿qué pasa si se nombra como responsable de los supuestos crímenes a uno de los líderes políticos, o a sus aliados? Y, sin que sea necesario darle muchas vueltas al asunto, muchos puntos de vista políticos apuntan a que esto podría significar poner al gobierno de unidad en un callejón sin salida.

Para algunos, el colapso de la situación política en 2008 podría actualmente alargarse transitoriamente en la democratización en Kenia al tener que configurar una nueva estructura provisional mientras se buscan maneras de maniobrar ante unas nuevas elecciones. Quienes defienden este punto de vista, también sostienen que, al hacerlo, la situación sería perpetuar el dominio de una democracia ficticia en Kenia, negando así a Kenia el verdadero sabor y la experiencia de la gobernabilidad democrática.

El modelo de tregua en Kenia fue en realidad una prueba de fuego para África y los intentos de aplicarlo en otros estados africanos no cosecharon la mayor parte de los resultados. Por ejemplo, el acuerdo de reparto de poder en Zimbabue en febrero del pasado año, causó principalmente quebraderos de cabeza para el bloque regional de África Austral y el desarrollo regional, así como para la Unión Africana y el resto del mundo.

Y en el caso de Madagascar, los intentos de llegar a un acuerdo de reparto de poder en este país han sido incluso más duros, con el resto de los países de África exigiendo optar por una solución más rápida y fijar una fecha electoral.

Tras la violencia posterior a las elecciones de 2007 en Kenia, lo que queda ahora es la necesidad de una victoria de la justicia hacia las víctimas, y que los responsables y perpetradores sean llevados ante la justicia, como un lección a seguir en toda África y el resto del mundo. Pero, ¿es este el camino hacia la democracia?

Por Lawrence Keketso