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La lucha social y, especialmente, la lucha por la reforma agraria vuelven a ser fuertemente criminalizadas. Otra vez se embiste de manera grotesca contra el Movimiento Sin Tierra (MST) de Brasil. En este momento, decenas de “sin tierra” están presos en varias ciudades del país, y otros tantos fueron condenados a largas penas por el simple hecho de buscar tierra para sobrevivir y producir, una acción que el propio Tribunal Superior de Justicia ya decidió que no configura los delitos de “despojo posesorio” y “formación de cuadrilla”, por
los cuales muchos de los militantes han sido acusados.La ofensiva, articulada en conjunto por los grandes medios de comunicación, latifundistas, agronegocio, diversos sectores de la Policía y del Poder Judicial, se muestra más evidente con nuevas represiones y encarcelamientos de trabajadores en São Paulo y en Santa Catarina. Estas configuran un escenario agravado de criminalización que ya estaba presente en otros estados (como Río Grande do Sul, Pará y Pernambuco, entre otros). Medidas represivas que se suman y se articulan también, milimétricamente, con el inicio de una investigación parlamentaria sobre el MST (como desea la gran prensa), que, a su vez, está siendo usada por la bancada rural y por otros sectores reaccionarios como un gran escenario y verdadero instrumento para las disputas electorales de 2010, que ya están en pleno desarrollo en todo Brasil.
La intensificación de la criminalización y de la estigmatización del MST, así como la tentativa forzada de vincular al MST con grupos, candidatos y partidos políticos, apuntan, por lo tanto, no sólo a la represión contra los militantes sociales que luchan por tierra y dignidad, sino que pretenden confundir y manipular la opinión pública brasileña, atentando contra la frágil democracia del país.
Estado de São Paulo
El estado de São Paulo es uno de los lugares donde la situación es más grave y escandalosa en este momento. El 25 de enero, la policía puso en marcha un cerco a los asentamientos y campamentos de la reforma agraria en la región de Iaras, interior del estado, portando órdenes de “búsqueda, incautación y cárcel”, con el objetivo de intimidar, reprimir y aprehender militantes del MST. Nueve militantes asentados y acampados fueron detenidos y llevados a la comisaría de Bauru, de donde fueron conducidos a diferentes cárceles de la región, para dificultar su contacto y su asistencia. Entre ellos, se encuentran el ex alcade de Iaras -SP, Edilson Granjeiro Xavier, y la actual concejala por la ciudad, Rosimeire Pan D’Arco de Almeida Serpa, ambos del Partido de los Trabajadores (PT). EL intento de uso electorero de la situación es evidente, ya que los propios “investigadores” involucrados en el caso admiten que no efectúan ninguna acción sin el total conocimiento del Secretario de Seguridad Pública del Gobierno de São Paulo, de la administración José Serra.
De aquí para allá, en un proceso oscuro, lleno de arbitrariedades políticas y fragilidades jurídicas, más de 50 militantes del MST ya fueron sindicados; 20 militantes ya tenían sus “detenciones” decretadas; y 7 militantes continúan presos, sin posibilidad de salida. Además, otros procesos antiguos contra militantes del MST, en diversas regiones del estado – como Campinas, Ribeirão Preto, Puntal y el Vale del Paraíba -, están siendo resucitados en una increíble “coincidencia”. Sólo en el Vale del Paraíba hay más de 11 militantes condenados, siendo que dos de ellos (Eulino Oliveira, Suyo Lino y Luciano Correia) están cumpliendo penas de más de 6 años de reclusión. Hay la posibilidad de más detenciones y otros tipos de represión en el estado.
En el caso específico y urgente de Iaras, tal represión representa todo un proceso de criminalización y persecución que fue acelerado a partir del circo espectacularmente montado por la gran prensa (sobre todo por la Red Globo), y de los acontecimientos políticos ocurridos con ocasión de la ocupación de la hacienda Capín, una inmensa área grilada (1) por la transnacional Sucocítrico Cutrale. El MST reivindica desde hace años para la reforma agraria aquellas áreas públicas del Complejo Monzones, comprobadamente griladas a la Unión por esta poderosa empresa del agronegocio. Es lamentable que, en lugar de acelerarse el proceso de reforma agraria y la democratización del uso de la tierra, una vez más lo que hay es mayor arbitrariedad, represión y violencia, tan acelerada cuanto más indeciso ha sido el Estado para recuperar tierras públicas y expropiar tierras desocupadas para fines de reforma agraria y democratización del acceso a la tierra.
En un clima de terror, además de apresar a militantes de Iaras-SP, los policías cercaron casas y barracas, amedrentando a las familias y también tomando pertenencias personales. Todo eso con el objetivo de forjar pruebas contra los agricultores, induciendo que los objetos habrían sido robados durante la ocupación de octubre de 2009 a las tierras griladas por la Cutrale. Lo curioso es que, pasados más de 4 meses desde la ocupación y de los hechos calificados como delitos, el comisario de la Policía Civil ya escuchó a más de 47 personas entre funcionarios y exfuncionarios de la Cutrale e integrantes del MST (acampados y asentados) en la región de Iaras, que participaron de la ocupación. Sólo no diligenció para oír a los 20 investigados antes mencionados. En relación al comprobado grillo efectuado por la transnacional a las tierras públicas, obviamente ninguna diligencia o medida concreta ha sido tomada.
Otro elemento grave es que el juez que firmó las órdenes de captura se valió de hipótesis, conjeturas y subjetivismo personal, articulados por el comisario de Policía y endosados por el Promotor de Justicia, para decretar la cárcel temporal de los investigados, por cinco días, ya prorrogada por un tiempo mayor. La “justificación” es que, si las 20 personas continuan libres, podrían obstaculizar las investigaciones, ya que son “peligrosas, violentas, que ejercen influencias sobre los demás “sin tierra” y que causan temor y miedo a las personas y, que por ser del MST, pueden fácilmente esconderse en un lugar u otro”. Ocurre que, en cuatro volúmenes de investigación, no existe una prueba siquiera que respalde el acuerdo de estas tres autoridades oficiantes en los autos. Eso muestra la ilegalidad de las órdenes de detención. Desde hace más de 5 años, la billonaria transnacional Cutrale ha sido acusada e investigada por prácticas monopólicas en el sector de las naranjas y por beneficiase de las peores formas de utilización de agrotóxicos y venenos, así como de relaciones laborales absolutamente precarias, generando perjuicios y destrucción para centenas de miles de trabajadores rurales, sin embargo ninguna medida ha sido tomada, ni tampoco sus billonarios propietarios son considerados “peligrosos, violentos” para la sociedad brasileña.
El hecho es que las detenciones de los “sin tierra” no encuentran motivación fáctica, están desviadas de las exigencias legales, no atienden a los dictámenes de la Justicia sino al egoísmo de quienes las requieren, de quien las endosó y de quien las decretó, pues, con ellas, pasaron a ganar notoriedad y evidencia en los mass media, sobre todo en la Red Globo (vía su filial local, TV TEM). Emisora esta que, a diferencia del tratamiento dado a los abogados de los trabajadores, los cuales deberían tener constitucionalmente asegurada una amplia información sobre los autos, siempre tiene de primera mano, en cuestión de minutos, lo que se pasa en los autos de la investigación. Y más grave aún: muchas veces, obtienen con anticipación informaciones que deberían ser secretas y restringidas a la Justicia. Medidas que, lejos de ser imprescindibles para el curso de las investigaciones criminales y para la información de la opinión pública, están orientadas a satisfacer las demandas políticas de los latifundistas, del agronegocio y de la elite local, opuestos a la realización de la reforma agraria en la región.
Los abogados de los trabajadores están intentando, con mucha dificultad, acompañar la situación y obtener información sobre los procesos, pues la policía no asegura a las partes plenamente el derecho constitucional de la información sobre los autos y, sobre todo, sobre las cárceles.
Santa Catarina, Río Grande do Sul, Pará, Pernambuco...
En Imbituba (SC), Altair Lavratti, uno de los coordinadores del MST catarinense, fue arrestado el 28 de enero. Cerca de 30 policías militares realizaron la “detención preventiva” en el momento en que el dirigente del MST realizaba una reunión pública, en un galpón de reciclaje de basura de la ciudad. La acusación fue que Lavratti, junto con otros sindicalistas y militantes sociales, preparaba una ocupación de tierras en la región. Al igual que en otros lugares, fue llevado bajo la acusación de “formación de cuadrilla”. Otras dos personas también fueron detenidas, una de ellas, Marlene Borges, presidenta de la Asociación Comunitaria Rural, está embarazada. Su casa estaba vigilada desde la madrugada del mismo día y fue llevada a Criciúma (SC). El otro militante, Rui Fernando da Silva Junior, fue llevado a Laguna (SC).
Desde neutro punto de vista, claramente se trata de un nuevo “globo de ensayo”, semejante a los ya realizados en estados como Río Grande do Sul – donde el Ministerio Público regional llegó a listar, en las actas de las reuniones, una serie de estrategias buscando la “disolución del MST”-, igual como en los estados de Pará – región en la que entre 1982 y 2008, fueron asesinados más de 680 trabajadores rurales, según la Comisión Pastoral de Terra (CPT), y prácticamente ningún latifundista fue juzgado o castigado- y de Pernambuco –que está viviendo un aumento de encarcelamiento y asesinatos significativos de trabajadores rurales y militantes sociales “sin tierra”. En todos estos estados, siguiendo el ejemplo de los montajes recientes de São Paulo, los grandes medios de comunicación, se han especializado en convertir en crimen y anarquía, el derecho constitucional a la reunión y organización popular por reivindicación de derechos. Para eso actúan cada vez más descaradamente junto a la policía y las elites locales, forjando “reportajes”, “pruebas” y “escándalos” que son utilizados para aumentar la criminalización y estigmatización de los luchadores sociales y de la población más pobre en general, describiéndolos como “anarquistas”, “bandoleros” y “terroristas”. Así contribuyen, de forma absolutamente ilegal e irresponsable, al aumento de la tensión en el campo.
Criminalización y Derechos Humanos
Un cuadro terrible que sólo ratifica la creciente criminalización de los pobres y sus movimientos sociales en todo el país, el cual viene siendo ampliamente denunciado y detallado, de forma muy amplia, por cientos de organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores y trabajadoras, foros sociales, medios de comunicación independientes, movimientos populares, y militantes de derechos humanos.
Un escenario que sólo refuerza la urgencia de la aprobación e implementación integral del Programa Nacional de Derechos Humanos 3 (PNDH-3), firmado por decenas de ministros y por el propio Presidente de la República, el cual prevé una serie de medidas y avances importantes en el sentido de disminuir la violencia y garantizar los derechos humanos fundamentales a la sociedad brasileña y a su incipiente democracia. En el caso específico de los conflictos rurales, se orienta a la creación de nuevos mecanismos de mediación previa antes de la concesión de providencias de reintegración de posesión y de las órdenes de prisión en el medio rural brasileño, con el objetivo de disminuir la violencia contra los trabajadores rurales.
Otro elemento importante, que coincide con ese cuadro de violencia y criminalización agravado en el campo brasileño, está relacionado al hecho de que el gobierno Lula no ha cumplido con la meta (ya rebajada) de reforma agraria, y no haber tenido la voluntad de ordenar al Ministro de la Agricultura, Reinhold Stefanes – representante del latifundio en su Gabinete –, que firme la instrucción de actualización de los Índices de Productividad –, aspecto que fue mencionado por el Presidente en 2009, y que está también previsto y reiterado en el PNDH-3.
Solidaridad y libertad
Se trata de una situación urgente, vivida ahora con más violencia por el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y sus militantes, pero que tiene motivaciones y estrategias muy semejantes a aquellas utilizadas contra militantes sindicales en sus huelgas y movilizaciones (que cada vez más sufren “interdictos prohibitorios”); contra militantes de la comunicación popular, de radios comunitarias y otros medios (expropiados, presos y criminalizados); contra mujeres que se levantan contra el machismo y el sexismo, dentro de casa y en el espacio público (sobre-violentadas); contra comunidades indígenas, quilombolas, ribereñas y de poblaciones afectadas por inundaciones y represas (victimizadas y desatendidas); y sobre todo contra trabajadores pobres y negros de las periferias urbanas, donde se vive desde hace tiempo un verdadero genocidio clasista y racista.
Es obvio que no somos nosotros, trabajadores y trabajadoras pobres, quien estamos llevando a cabo este verdadero proyecto de destrucción, vía explotación de las personas y de los recursos naturales del país. Es obvio que el dinero de toda esta explotación y de toda esta destrucción no sale de nuestras manos, mucho menos regresa en forma de lucro y corrupción a nuestros bolsillos; sin embargo somos nosotros quien estamos sufriendo, cada vez más, las violencias de este proceso de segregación y de acumulación sin limites, teniendo aun que sufrir en nuestra piel con más intensidad los terribles daños socio-ambientales de una elite irresponsable, además de ser cada vez más criminalizados, reprimidos y estigmatizados por un Estado y por unos grandes medios serviles a los intereses de sus propietarios y financistas. Ahora, la organización social se tornó, para ellos, en sinónimo de “formación de cuadrilla”.
Por todo esto es urgente que nos solidaricemos unos con otros, en nombre de la democracia y de la libertad. En este momento, “somos tod@s sin tierra” y exigimos la inmediata liberación de los presos y presas políticas del MST. Convocamos también a todos los simpatizantes políticos, organizaciones de derechos humanos y periodistas comprometidos con la lucha por la reforma agraria y con la lucha del pueblo brasileño a divulgar ampliamente y acompañar más de cerca toda esta urgente situación. Es necesario que se formen Núcleos de Denuncia de la Criminalización y de Solidaridad entre los trabajadores y trabajadoras de cada región. Y, así, deberemos hacerlo en cada sector, en cada movimiento, en cada persona de nuestra clase social que esté siendo víctima de violencias y abusos semejantes.
Fuente: Revista Amatuta
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