Argentina: Un acto de justicia con los aborígenes

Representantes de los pueblos originarios de los tres países que abarcan el Gran Chaco Americano (Paraguay, Argentina y Bolivia), reunidos en Buenos Aires en un encuentro tricontineltal, llevarán hoy sus reclamos a la Corte Suprema de Justicia.

El Gran Chaco Americano ocupa una superficie de un millón de kilómetros cuadrados sobre Argentina, Bolivia y Paraguay y en él sobreviven 200 mil integrantes de 15 pueblos originarios. Hoy, representantes de comunidades indígenas de ese territorio se reunirán con el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, para reclamar por el desmonte y el “genocidio étnico”. El encuentro se realiza en el marco del encuentro trinacional de la Semana de los Pueblos Indígenas, en la que los dirigentes de esas comunidades debaten sobre un problema en común: el incumplimiento de las legislaciones nacionales e internacionales que reconocen los derechos a la tierra de las comunidades contra el avance de la frontera agrícola sojera, las empresas forestales y de hidrocarburos sobre las recursos naturales que mantienen su modo de vida ancestral. El encuentro se realiza hasta el jueves en Buenos Aires con el lema “somos vida, somos tierra, queremos justicia”. Antes de la reunión en la Corte Suprema, Página/12 se reunió con referentes indígenas del Gran Chaco para repasar reclamos y reivindicaciones.

“No podemos vivir peleando unos con otros. Pero hasta ahora los derechos indígenas fueron vulnerados. Por eso, aquí estamos las autoridades originarias de los pueblos de las tres naciones para solicitar a los gobernantes y los magistrados que cumplan con la ley para que podamos recuperar nuestros territorios, nuestra autoestima, nuestra identidad cultural, orgullosos de la herencia de los antepasados y no ya avergonzados como antes”, indicó el referente guaraní Quintin Valerosa Cuellar, dejando escapar el aroma a coca que trajo desde Yacuiba, Bolivia.

La bolsita de hojas de coca corre y la toma el cacique wichí Dino Salas, que llegó desde la localidad salteña de San Ignacio de Loyola para encabezar mañana la reunión con Ricardo Lorenzetti. En el encuentro, los dirigentes llevarán su preocupación por “la excesiva lentitud en los procesos judiciales y administrativos” en temas como el “genocidio étnico” que sufre el pueblo toba en El Impenetrable chaqueño y los desmontes ilegales en la provincia de Salta, problemáticas por las que la Corte Suprema ya se expidió en 2007 y 2009, respectivamente. “A pesar de la declaración de la Corte Suprema de parar el desmonte en cuatro departamentos, venimos a solicitar que se resguarden a las familias que, aún hoy, están amenazadas por desalojo en sus tierras ancestrales”, apuntó Salas.

La demora en el incumplimiento de una orden de la Corte Suprema desató entre los referentes del Gran Chaco el reclamo por la aplicación de las legislaciones nacionales e internacionales que aseguran los derechos preexistentes de los pueblos originarios (ver aparte). Por eso, el coordinador del programa trinacional, Alipio Valdez, indicó que “no hay por parte de los gobiernos un reconocimiento que se traduzca en la titularización de los territorios y las tierras de los pueblos siguen estando sujetas a la expansión de las empresas agropecuarias, forestales y petroleras”. Además, Valdez subrayó que “en el Chaco (Americano) el problema es más grave porque sigue siendo una región marginal para los tres estados”.

Por la riqueza natural que ubica al Gran Chaco como quinta prioridad entre los hábitats más significativos en recursos genéticos y diversidad biológica, según un estudio del Banco Mundial, las actividades extractivas de los recursos naturales se extienden en los tres países. “En ninguno de los tres países los gobiernos consultan a los comunidades antes de que las empresas entren a desmontar para plantar soja, realizar pozos petroleros o comprar tierras para el ganado. Como dicen los políticos, ‘la torta tiene que ser repartida’. El pueblo indígena busca su economía y los gobiernos tienen que facilitárselo”, sentenció Sixto Codutti, representante del pueblo toba de Pampa del Indio, Chaco. “No estamos en contra del desarrollo, no estamos en contra de ningún beneficio que pueda alcanzar a toda la humanidad, pero sí estamos en contra de que no se respete a la Madre Tierra”, aclaró Cuellar, para los escépticos.

Informe: Nahuel Lag.

LAS LEYES PARA EL RECLAMO

Las cartas magnas de Argentina, tras la reforma constitucional de 1994, y Paraguay reconocen el derecho de preexistencia de los pueblos originarios. También lo hace la nueva Constitución de Bolivia, que además establece un Estado Plurinacional con representantes indígenas. En cuanto a la legislación internacional, el convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, no ratificada por Argentina, reconocen el derecho de las comunidades indígenas a preservar sus recursos naturales y su cultura. En el caso particular de Argentina, se encuentra prorrogada la ley de Emergencia de la propiedad comunitaria indígena.