El Poder Judicial ataca a los defensores del juez Garzón

.El PP pide la comparencia del fiscal general por las críticas al Supremo
. El consejo actuó después de una queja del magistrado Varela ante la vocal Robles

MARGARITA BATALLAS
MADRID
Al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le faltó ayer tiempo para echar una mano al juez Luciano Varela, que va a sentar en el banquillo a s colega Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo. Varela pidió a la vocal Margarita Robles una respuesta institucional a las palabras del exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, que unas horas antes había llamado fascistas a los jueces del alto tribunal. Por su parte, el PP reclamó la comparecencia del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, tras los ataques al Tribunal Supremo.
La comisión permanente del CGPJ se reunió en Granada. Este órgano está presidido por el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, e integrado por los vocales Margarita Robles, Antonio Dorado, Manuel Almenar y Almudena Lastra. El ayuntamiento los invitó a comer y, en mitad del almuerzo, Robles recibió una llamada de Varela, quien le expresó su profundo malestar por las palabras de Jiménez Villarejo. La vocal también recibió las quejas de otros jueces del alto tribunal, por ello propuso a sus compañeros dar una respuesta a «los insultos» del exfiscal anticorrupción, según Robles.

ABSTENCIÓN / La vocal Lastra se mostró contraria a una reacción del Poder Judicial por entender que Jiménez Villarejo es «una persona particular» a la que «ampara el derecho a la libertad de expresión». Sin embargo, el resto de los vocales consideraron que el exfiscal anticorrupción había sobrepasado los límites de la crítica y que había tirado la piedra y escondido la mano al acusar sin nombres ni apellidos a los jueces del Supremo «de ser un instrumento del fascismo español».
La comisión permanente optó por redactar una nota en la que expresó «su preocupación y tristeza» por las críticas que está recibiendo el alto tribunal y, de «manera especial», por las realizadas por «personas que han ocupado destacadas responsabilidades en instituciones básicas del Estado», en una clara referencia a Jiménez Villarejo. El texto contó con una abstención: la de Lastra.
Este acuerdo causó un profundo malestar en el seno del CGPJ. Varias personas aconsejaron a Dívar que no entrara en esta guerra porque, a partir de ahora, el Poder Judicial tendrá que responder a cualquier crítica que reciba el Supremo. «No tenía mucho sentido porque no se ha contestado en otras ocasiones», explicaron las fuentes consultadas.

REACCIÓN / Desde la filas del PP, el exministro Federico Trillo exigió al CGPJ «una condena contundente» que responda a los ataques que sufre el Tribunal Supremo. También anunció que solicitará la comparecencia del fiscal general del Estado en el Congreso de los Diputados. Y es que, en opinión de la secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, los actos y manifestaciones de apoyo a Garzón son «un atentado clarísimo contra la democracia y el Estado de derecho».

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