Comienzan alegatos de clausura en emblemático juicio contra mapuches

Por Paula Correa

Después de más de tres meses de juicio hoy martes comienzan los alegatos de clausura en el tribunal de Cañete contra 17 comuneros mapuche por delitos cometidos entre 2005 y 2010, entre los que destaca el ataque al fiscal Mario Elgueta. Un proceso que ha presentado serias irregularidades a nivel judicial y que se encuentra en la mira, tanto de observadores internacionales, como de la comunidad mapuche. La sentencia podría revitalizar el conflicto en el País Mapuche

Esta semana podría culminar el juicio más largo de la región del Biobío en la trayectoria de la Reforma Procesal Penal. Un proceso considerado como “histórico” por los altos años de cárcel que se pide para los comuneros, que van de 50 a 103 para Héctor Llaitul, sindicado como líder de la Coordinadora Arauco- Malleco. (CAM)


Debido a la invocación de la Ley Antiterrorista en este caso, los comuneros llevan casi dos años recluidos en prisión preventiva sin que se demuestre su culpabilidad. A esto se suma la presencia de 35 testigos “sin rostro”, muchos de ellos miembros de las mismas Fuerzas Especiales de Carabineros.

Entre estos testigos se han encontrado declaraciones insólitas como el caso de un ciego que indicó haber reconocido visualmente a uno de los acusados, y otro que señaló haber estado ebrio en el momento de los hechos.

“Para nosotros es evidente que los testigos protegidos son personas bastante vulneradas. Son muy pobres, analfabetos, tienen enfermedades, están alcoholizados y claramente ahí existe una utilización grave de personas para inculpar. Hay uno de los acusados que estaba fuera del país en el momento en que ocurrieron algunos hechos que se les atribuye. Son situaciones que tampoco se verificaron para llegar a una investigación objetiva”, sostuvo la abogada defensora, Victoria Fariña.

Fariña denunció también la utilización prácticas intimidatorias como la toma de fotografías a los presentes, familiares e hijos de los acusados durante el juicio. Un proceso que, además, ha presentado serias irregularidades a nivel judicial, según constataron distintos observadores internacionales. La representante para Chile de la Asociación Americana de Juristas, Graciela Álvarez, comprobó cómo la fiscalía paga testigos falsos y afirmó que este proceso no lo conduce el tribunal, sino los abogados de las grandes empresas forestales de la zona.

Pruebas ilegales
Lo alegatos de clausura se inician tras prestar declaración, la semana recién pasada, una serie de especialistas convocados por la defensa de los comuneros. Así lo subrayó el defensor Pelayo Vial, quien representó a Víctor Llanquileo, Luis Menares, Norberto Parra y Segundo Ñegüey. Para el defensor, en los más de tres meses que ha durado el juicio, se ha presentado prueba por parte del Ministerio Público que no duda en calificar de ilegales. Las críticas del defensor apuntan obre todo a los testigos protegidos, a las pruebas de contexto y a los testigos de oídas presentados por la Fiscalía.

"Hay personas que de su propia declaración emana que tiene más responsabilidad que cualquiera de los que están acusados. Por ejemplo, hay un comprador de madera que él adquiría sabiendo que era ilegal y estaba de testigo. No entendemos cómo la fiscalía hizo eso. Uno de los testigos reservados declaró previamente que había disparado y sin embargo ahora es testigo. En ese caso objetamos que se le tomara juramento, porque eso se hace sólo con los testigos. Incluso el tribunal le advirtió sobre algunas respuestas que podían acarrearle responsabilidad penal, pero de todas maneras le tomó juramento", alegó el defensor.

Vial explicó que esos hechos dan cuenta de que en este caso sólo se persiguió "a ciertas personas", pues hay líneas de investigación que no han sido seguidas. Agregó que uno de los testigos secretos nombró a otros compradores de madera y que no fueron investigados. Por eso, aseguró que la prueba está direccionada a ciertas personas.

El defensor objetó las pruebas de contexto, debido a las altas penalidades del juicio, que incluso llegan hasta 102 años. "La mala calidad de la prueba de contexto induce a error judicial. Por ejemplo, en los incendios en que están acusados sólo se llevó a testigos de oídas, lo que no acepta en otros países por la posibilidad de error y con penas tan altas, creo que con todos los medios que tienen las policías están para recabar pruebas de mayor calidad".

El abogado ya adelantó uno de los posibles escenarios del veredicto es que el tribunal no condene al grupo por la Ley Antiterrorista invocada por el Ministerio Público, lo que los llevaría a no valorar el testimonio de ninguno de los testigos secreto presentados en el juicio, ya que ellos sólo se aplican en el marco de esa ley.

"Son testigos que la defensa no pudo desacreditar porque no conocía su identidad, en nuestro caso, no conocemos casos de terrorismo con perdigones para matar conejos, no tiene que ver con lesiones en las manos de las personas. Lo más probable es que esa tesis no se acoja y si es así tampoco se valorará el testimonio de los testigos protegidos", afirmó el defensor.

"Deben ser absueltos"

Mientras, distintas comunidades del sur están atentas al desarrollo del proceso. Una de ellas es la comunidad de Autónoma de Temucuicui y la comunidad Cacique José Guiñón en las cercanías de Temuko. Si bien hace unos días se modificó la medida cautelar que mantenía en prisión a seis comuneros, dos de ellos recluidos en el centro de menores de Chol-Cho, el vocero de la comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullán, advirtió que el pueblo mapuche podría retomar las movilizaciones de contar con una sentencia negativa en Cañete.

“Consideramos que los hermanos deben ser absueltos. Tenemos la convicción de que va a ser así. No se puede condenar a los mapuches bajo esta ley, bajo un montaje judicial preparado y pagado por el Ministerio Público. Estamos atentos y una resolución negativa va a desencadenar una gran reacción del pueblo mapuche y se van a tomar nuevas medidas en repudio a un eventual fallo condenatorio en Cañete”, advirtió Huenchullán.

Justamente por rayar murallas con consignas como “Si hay condena habrá levantamiento mapuche” este lunes fueron detenidos los hijos de Héctor Llaitul. Los menores de 14 y 16 años quedarán a disposición de la justicia y uno de ellos será derivado a los Tribunales de Familia. Hechos que continúan complicando el panorama.

Luego de los alegatos de clausura se espera que esta semana se pueda contar con una sentencia definitiva, a la que, de no ser favorable, le seguirá un proceso de apelación. Además, los abogados de los comuneros advirtieron que si los tribunales insisten en la culpabilidad, alegarán ante la Corte Suprema e incluso llegarán a Tribunales Internacionales, como la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos.

http://www.azkintuwe.org/feb_1502.htm