Sindicalismo, herramienta para la defensa de los derechos - Rafael Uzcátegui

El pasado 5 de febrero se realizó, en Caracas, una marcha nacional de trabajadores y trabajadoras en defensa del empleo, el salario, por la libertad del sindicalista Rubén González y contra la criminalización de la protesta. La actividad fue organizada desde finales del año pasado, por el Frente Autónomo de Trabajadores en Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato (Fadess), una plataforma de corrientes sindicales, congregando a más de 10 mil asalariados y asalariadas de los sectores público y privado, e incluso a sindicatos que anteriormente se habían ubicado en alguno de los extremos del espectro político, incluyendo el oficialista.

Como la mayoría de los movimientos sociales del país, el sindicalismo venezolano ha sido presa de la polarización y electoralización de sus agendas reivindicativas. Si a esto le sumamos las propias contradicciones y falencias heredadas y acumuladas a través del tiempo, en los últimos tiempos el gremialismo obrero ha profundizado su crisis como herramienta efectiva en defensa de los derechos laborales. Por estas razones, el Fadess no sólo ha levantado expectativas, sino también azuzado los miedos de quienes pretenden mantener al sindicalismo relegado y domesticado en el sitio donde actualmente se encuentra. Del sector conocido como “opositor” se intentó, a última hora, soslayar el énfasis sindical de la convocatoria y sobreponer, artificialmente, una vocería y demandas provenientes de los partidos políticos.


A pesar de cierta prensa, como pudo observar cualquiera que efectivamente se haya acercado a la manifestación, esta intención no prosperó, y la movilización mantuvo su naturaleza como espacio de construcción de y para la masa laboral del país. Del lado gubernamental la reacción fue mezquina. Por un lado, se asegura -hasta el día de hoy- que la convocatoria fue ínfima e insignificante. En segundo lugar, que la movilización fue cocinada y encabezada por “la derecha” y los “partidos políticos golpistas”. En último lugar, que quienes caminaron ese día, de Parque del Este hasta Los Cortijos, no tienen legitimidad ni como sindicalistas ni como trabajadoras y trabajadores (¿?). El diputado Francisco Torrealba, del PSUV, definió la protesta como “la marcha de los vagos”. Que un movimiento social nuevo, con autocrítica y aires de renovación de las prácticas políticas y los liderazgos, en defensa de sus derechos vaya ganando espacio en el país y debilite la polarización maniquea, intranquiliza por igual a ciertos sectores del oficialismo y la oposición.
Esta primera actividad del Fadess arrojó un saldo positivo, pero el camino apenas comienza.

Algunos de los retos son: desarrollar una cultura política que permita el consenso entre las diferentes tendencias e intereses, lo cual no se improvisa de la noche a la mañana; conjurar las permanentes presiones por asumir una agenda decidida por otros organismos diferentes a la de las y los trabajadores, una amenaza que aumentará durante la próxima campaña electoral; por último, superar en la práctica ese sindicalismo cuyos representantes tienen precio y negocian los conflictos a puerta cerrada.

Desde Provea, como organización de derechos humanos, hemos alentado permanentemente la creación de esfuerzos unitarios desde las organizaciones sindicales pues apostamos que es el camino para defender, de manera efectiva, los derechos de los asalariados. Asumiendo la caracterización de la ONU, consideramos a las y los sindicalistas como defensores de derechos humanos, por lo que cualquier amenaza a su trabajo la sentimos como una agresión a la familia.

Provea participó en la marcha del 5 de febrero realizando varias demandas: la libertad plena e inmediata para Rubén González y el resto de los líderes sindicales y trabajadoras y trabajadores procesados por protestar; la reactivación de la mesa nacional de diálogo sobre los conflictos laborales asociados al derecho al empleo; la apertura de investigaciones para castigar a los responsables de los asesinatos de los dirigentes sindicales poniendo fin a la impunidad; garantizar la discusión de las contrataciones colectivas pendientes en el sector público, absteniéndose de adoptar prácticas que obstaculicen el ejercicio de la libertad sindical; la promulgación de la reforma a la Ley Orgánica del Trabajo, garantizando una amplia consulta en el sector laboral y empleador, adecuándolas a las recomendaciones del Comité de Aplicación de Normas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y, por último, el decreto, previa consulta con el sector laboral y empresarial, de un aumento general de sueldos y salarios, adoptando medidas eficaces para el control de la inflación.

(*) Coordinador del Área de Investigación de Provea
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