Liberan a tres dirigentes indígenas detenidos en Ecuador

Tres dirigentes de la etnia shuar detenidos hace una semana y acusados por la fiscalía de sabotaje, terrorismo y homicidio, quedaron libres el martes cuando una jueza, que analizó un habeas corpus a favor de los imputados, detectó fallas procesales

La decisión fue adoptada por la jueza María Cristina Narváez, titular de la II Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, donde recayó por sorteo el pedido de habeas corpus, que es un proceso judicial por separado que permite poner en libertad a un preso debido a vicios de procedimiento judicial.


La jueza consideró que no era legal incluir en esta fase del proceso nuevas acusaciones de sabotaje y terrorismo, porque inicialmente la imputación era por homicidio.

El abogado de los dirigentes aborígenes Julio César Sanrango dijo a la AP que "son acusaciones totalmente infundadas, preparadas, fabricadas para poder inducir a la responsabilidad de mis defendidos, lo cual es totalmente temerario que a personas inocentes se les acuse de delitos que no han cometido".

Según el defensor, los tres indígenas han sido sindicados por los tres delitos. No fue posible corroborar esa afirmación porque el fiscal a cargo de la pesquisa, Roberto Villareal, y el fiscal provincial de Morona Santiago, Becquer Carvajal, no estuvieron disponibles porque encontrarse en "diligencias judiciales", según la persona que respondió el teléfono en la sede de la fiscalía en la localidad de Macas.

Aunque hayan quedado en libertad el proceso penal contra los shuar sigue su curso. No está claro si cuando avance, un juez validará la imputación de los tres cargos a los tres sospechosos.

Los encausados Pepe Acacho, Pedro Mashiant y Fidel Kaniras estaban detenidos desde el 1 de febrero, cuando la fiscalía judicializó la investigación por las protestas de septiembre del 2009 en protesta por una propuesta gubernamental para normar el uso y explotación de los recursos hídricos.

Sanrango explicó que inicialmente los tres fueron acusados únicamente de homicidio, pero que en la audiencia específica el fiscal incluyó las acusaciones de sabotaje y terrorismo.

Acacho declaró que "se ha demostrado hasta la saciedad de que somos inocentes, que éramos perseguidos, que fuimos presos políticos", dijo Acacho a la prensa.

"Somos un pueblo guerrero, heroico y no saboteadores ni terroristas", afirmó.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE) ha considerado la detención y proceso contra los shuar como una campaña con motivaciones políticas, organizó protestas exigiendo la liberación de los indígenas y advirtió que llevaría el caso ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos porque socava los derechos indivuales y colectivos del pueblo.

El gobierno de Rafael Correa ha negado esos señalamientos y sostiene que son juzgados porque infringieron las leyes.
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El Gobierno de Ecuador critica a la jueza que rechazó las preguntas del referendo



Quito-9 feb (EFE).- El secretario Jurídico de la Presidencia de Ecuador, Alexis Mera, dijo hoy que la magistrada Nina Pacari, quien rechazó cuatro preguntas del referendo que impulsa el Gobierno, "actúa políticamente", pues pertenece al partido opositor indígena Pachakutik

Mera resaltó que las conclusiones de Pacari son una "crónica de un informe anunciado", porque, a su juicio, la magistrada hace "lo que le ordena el partido al que se debe", en declaraciones reproducidas por el periódico oficial del Gobierno El Ciudadano.


"Nina Pacari no piensa en la patria, piensa en Pachakutic", enfatizó Mera, quien dijo que la jueza es "una cuota política" del partido indígena.

La magistrada presentó ayer a la Corte Constitucional su informe sobre las cinco preguntas que le tocó analizar de la consulta impulsada por el presidente del país, Rafael Correa, y rechazó cuatro de ellas por creer que solo puede aprobarlas una Asamblea Constituyente, según se filtró a la prensa local.

Mera, quien presentó los argumentos del Gobierno en favor del referendo en una audiencia reciente ante la jueza, dijo que el Ejecutivo no esperaba "nada diferente" de lo que ha hecho Pacari, cuyo nombramiento para la Corte Constitucional "se originó en la Constitución corrupta de 1998".

Pacari solo aceptó, con modificaciones, la pregunta que planteaba un cambio en los plazos de la prisión preventiva.

En cambio, dijo que las otras cuatro cuestiones que acarrean enmiendas de la Carta Magna deben ser aprobadas en una Asamblea Constituyente y no en un referendo.

Se trata de la eliminación de las medidas cautelares a la prisión preventiva, la prohibición de que los directivos e inversionistas de bancos y medios de comunicación tengan negocios ajenos a esos sectores, y la reestructuración del sistema judicial.

El informe de la magistrada debía haber sido privado y Mera resaltó que el hecho de que saliera a la luz en la prensa "es un problema sólo de la señora Pacari, de sus asistentes y de los periodistas".

El análisis de las otras cinco preguntas, que no conllevan enmiendas constitucionales, corrió a cargo del juez Roberto Bhrunis, quien dio su visto bueno a todas ellas, aunque con modificaciones de forma.

Los informes de los dos magistrados no son vinculantes y el pleno de la Corte Constitucional tiene hasta el 21 de febrero para analizarlos y dar su veredicto final.