Uruguay: El Ejecutivo no aplicará exoneración fiscal a Aratirí

El gobierno no dispondrá exoneraciones fiscales a la minera Aratirí, a la vez que analizará una propuesta del Partido Nacional referida a que los recursos provenientes de la explotación y comercialización de hierro en el Uruguay se distribuyan en partes iguales .
Aratiri. Los beneficios para el Estado uruguayo son del orden del 40% con el sistema vigente.

El presidente de la República, José Mujica, el ministro de Industria, Roberto Kreimerman y el subsecretario de la cartera, Edgardo Ortuño, recibieron ayer a los diputados herreristas, José Carlos Cardozo y Ricardo Berois, en la Torre Ejecutiva.
Los representantes nacionalistas plantearon a las autoridades de gobierno que “debe haber una nacionalización del recurso natural, que incluya a Aratirí”, porque aseguran que el concepto de nacionalización es: “Apropiarnos del recurso que nos pertenece”.
El parlamentario nacionalista dijo que las normas de Naciones Unidas “hablan claramente del respaldo de los Estados soberanos para nacionalizar recursos cuando estos estén en manos de empresas privadas”. Sobre este aspecto citó la resolución 1.803 de ONU de diciembre de 1962 referida a la “Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales”, en la cual se declara que:
“El derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respectivo Estado”.
José Carlos Cardoso también propuso al mandatario que la forma de distribuir ese recurso “no debe ser del 8% como lo prevé el Código Minero. Ante ello el presidente Mujica respondió: y bueno terminaremos en un fifty­fifty (a medias)”, según así lo relató a la prensa el legislador, luego del encuentro con el gobierno, que calificó como positivo.
Ante el planteo de los legisladores nacionalistas, el presidente Mujica se manifestó abierto a discutir y dispuesto a estudiar la posibilidad de incrementar las ganancias para el Estado.
De todas maneras aclaró que con el proyecto como está y con el actual Código Minero, los beneficios que se prevén obtener para el Estado uruguayo son del orden del 40%.
“En un contexto de buscar el entendimiento nacional y contrapartidas para beneficios del país, el gobierno está dispuesto a estudiar la posibilidad de aumentar las ganancias, tanto por participación directa como por carga impositiva u otro mecanismo”, dijo ayer a LA REPÚBLICA el subsecretario de Industria, Energía y Minería, Edgardo Ortuño.
El jerarca añadió que ante la posibilidad de desarrollarse el emprendimiento, el gobierno ha definido, con el objetivo de aportar a la diversificación productiva y a la generación de riqueza, “un modelo sustentable y un mejor rédito para el país, a través de la reforma del Código Minero, lo que supone un aumento del canon”.
A la vez, Ortuño dijo que se definió cobrar a la empresa “todos” los impuestos establecidos, “ya sea el impuesto a la Renta de la Actividad Empresarial (IRAE), y al uso de la terminal portuaria, además de los gravámenes que afectan a la actividad económica, y las cargas sociales correspondientes”.
“Todos estos aspectos combinados estarían arrojando para el Estado cerca del 40 % de las ganancias”, no obstante ello, existe “apertura a estudiar mejoras para el país en la medida que los nacionalistas están apoyando la propuesta”, dijo Ortuño.
De todas maneras, el viceministro de Industria remarcó que “no se habló de ninguna modificación legal”, pero sí de la “voluntad de estudiar las posibilidades que mejoren los beneficios”.
Por otro lado, Ortuño indicó que en el Código Minero “se establece claramente que los yacimientos pertenecen al Estado” con lo que refutó la postura de los legisladores del Partido Nacional referida a la necesidad de nacionalizar el recurso.
Aratirí pertenece a la empresa india Zamin Ferrous con sede en Londres. El proyecto consta de dos emprendimientos: la planta que se ubicará en Durazno, y la terminal portuaria en la zona de La Angostura (Rocha). En todo el proceso Aratirí operará en los departamentos de Durazno, Florida, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres. Se estima que la inversión alcanzará los U$S 2.800 millones.