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El gobierno envió al Parlamento un proyecto para modificar la vieja ley de extranjeros indeseables con el objetivo de impedir, entre otras cosas, que ambientalistas foráneos puedan ejercer su derecho al pataleo. El proyecto aparece a contrapelo de un mundo en donde cada vez más las protestas son globalizadas.
Pablo Alfano
En el principio llegó Greenpeace. Y eso motivó que el gobierno de Tabaré Vázquez apurara varias modificaciones a la llamada ley de extranjeros indeseables aprobada durante la dictadura de Gabriel Terra.
El 17 de enero pasado Greenpeace "desembarcó" en el puerto que construye la empresa Botnia en Fray Bentos, para protestar por la instalación de las plantas de celulosa. Esta acción fue vista por el gobierno como una "invasión" y culminó con una decena de activistas (de varias nacionalidades) detenidos por Prefectura Nacional Naval.
En el siguiente Consejo de Ministros un preocupado Vázquez planteó a su gabinete la necesaria actualización de la legislación que regula el ingreso y la permanencia de extranjeros en Uruguay, explicaron a BRECHA fuentes gubernamentales. Concretamente, Vázquez le encomendó al ministro interino del Interior, Juan Faroppa (José Díaz estaba en uso de su licencia), la redacción de un borrador con las modificaciones a la vieja ley de Terra para evitar nuevos problemas.
En su argumentación a la prensa sobre esta iniciativa Faroppa reconoció, implícitamente, que la idea surgió a raíz del "desembarco" de Greenpeace: "Para ser concretos en el conflicto en la zona de Río Negro y en Paysandú se pueden producir ingresos de extranjeros que no cumplan adecuadamente con los procedimientos migratorios y pueden realizar actos que generen graves alteraciones al orden público o una injerencia indebida en los asuntos internos del Estado, o que también pueden contribuir a afectar las relaciones del Uruguay con otros países".
Como Faroppa ya venía trabajando en una reforma más amplia de la ley migratoria -en consonancia con los dictámenes de la Organización Internacional para las Migraciones-, se puso manos a la obra. Vázquez le dio las pautas para elaborar un borrador cuya redacción final estuvo a cargo del secretario de Presidencia, Gonzalo Fernández.
Una vez terminado el proyecto el Poder Ejecutivo lo envió al Parlamento.
La iniciativa ingresó formalmente el lunes 13 a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, por lo que aún ningún legislador entró en contacto con el texto.
En la exposición de motivos Vázquez señala que "se pretende ajustar el marco jurídico vigente a efectos de prevenir circunstancias vinculadas con actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional por parte de ciudadanos extranjeros".
Sólo faltó mencionar a Greenpeace, unos "ecoterroristas" para algunos defensores de las plantas, o unos "culitos con brushing", según el director de Cultura de la Intendencia de Montevideo, Mauricio Rosencof.
El proyecto tiene un solo artículo que modifica la ley 9.064 de octubre de 1936, y dice así: "Asimismo, serán causales de expulsión la siguientes: 1) la grave alteración del orden público, 2) la intromisión en asuntos internos del Estado y 3) la realización de actos directos que atenten contra el honor de un jefe de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos".
El ministro del Interior, José Díaz, no está para nada de acuerdo con este proyecto de ley y aspira a que luego del debate parlamentario el texto sea modificado, confiaron a BRECHA fuentes oficiales.
UN CHEQUE EN BLANCO. El presidente del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR), Jorge Pan, dijo a BRECHA que el proyecto entrega un "cheque en blanco" al gobierno, ya que primero habría que definir qué se entiende por "alteración del orden público".
En su opinión el orden público no es un concepto laxo sino que "tiene que estar debidamente fundamentado qué es peligro público y qué es orden público" porque si no "se puede caer en hacer uso y abuso de la ley y echar a cualquier persona del país en forma absolutamente arbitraria".
En un mundo donde el comercio, las comunicaciones y, por ende, las protestas son cada vez más globalizadas se debe tener cuidado con este tipo de leyes, precisó Pan.
"Puede pasar que haya un encuentro de trabajadores del MERCOSUR y que cada delegado sindical extranjero en representación de su país diga algo que al gobierno uruguayo no le guste. ¿Eso sería alterar el orden público o una intromisión en los asuntos del Estado? Evidentemente no queda claro en este proyecto de ley", aseguró.
También habría que tener cuidado, dijo el presidente de IELSUR, cuando una delegación de Amnistía Internacional visita el sistema carcelario uruguayo o la situación de niños y adolescentes privados de libertad. En este caso, según este proyecto de ley, esta delegación extranjera puede ser declarada indeseable según lo que haga o diga, dada la laxitud de la propuesta ideada por el gobierno.
Según Pan, "las definiciones abiertas son muy peligrosas porque pueden dar lugar a equívocos e injusticias".
Además, que sea causal de expulsión realizar actos que atenten contra el honor de un jefe de Estado extranjero o sus representantes diplomáticos ya está consagrado en el artículo 138 del Código Penal, que pena el "atentado contra la vida, la integridad física, la libertad o el honor de los jefes de Estado extranjeros o sus representantes diplomáticos".*
Por su parte, el director político de Greenpeace Argentina, Julio Villalonga, dijo a BRECHA que el proyecto del gobierno "es claramente peligroso porque intenta restringir las libertades de una manera innecesaria".
Villalonga cree que "aun si la idea de esta ley surgió luego del desembarco de Greenpeace en Fray Bentos, me parece una reacción desmedida porque está archiprobado que somos una organización pacifista".
Para el jerarca de Greenpeace se intenta coartar el derecho a expresar "por el solo hecho de ser extranjero" , cuando lo usual es que los problemas ambientales trasciendan fronteras.
"Querer limitar la expresión de esta manera me parece anacrónico, propio de un Estado del siglo pasado", dijo Villalonga, quien recordó que leyes similares fueron aprobadas en Argentina en la época del ingreso de inmigrantes anarquistas
"con una clara actitud de persecución ideológica".
AQUELLOS VIEJOS INDESEABLES. Hoy se trata de Greenpeace y otras organizaciones ambientales, pero la ley de extranjeros indeseables sirvió en la década de 1930 para expulsar de Uruguay a inmigrantes considerados "peligrosos" o portadores de "defectos" como la epilepsia, ser alcohólico, mendigo o tener alguna enfermedad grave. Aunque esta ley -que en realidad era un "retoque" de otra de 1932- introdujo algunos artículos que parecían estar dirigidos contra los luchadores sociales que llegaban a Uruguay huyendo del franquismo o del nazismo.
Por eso la ley de Terra incluía la expulsión de Uruguay de "toda especie de organismos sociales o políticos que por medio de la violencia tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad". Era la época del asalto al Cambio Messina, a manos de "anarquistas expropiadores", en plena avenida 18 de Julio, y de la fuga del penal de Punta Carretas a través del túnel que desembocó en la carbonería El Buen Trato.
Pasaron muchos años hasta que esta vieja ley fuera nuevamente modificada por una dictadura. El 5 de abril de 1979 el Consejo de Estado aprobó la ley 14.878 que modificó un artículo de la ley de Terra: serán expulsados del país "los que se hallaren vinculados con cualquier organismo social o político que por medio de la violencia o de propaganda que incitase a la misma, tiendan a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad. Al respecto, el Poder Ejecutivo podrá indagar en los servicios de información, en Interpol, o en otros organismos similares".
Basados en esta ley el presidente Jorge Batlle y el por entonces ministro del Interior Guillermo Stirling resolvieron, el 22 de noviembre de 2002, la expulsión del ciudadano vasco Jesús María Lariz Iriondo. Este hombre -acusado en España de pertenecer al grupo separatista vasco ETA- fue trasladado en medio de un polémico procedimiento policial a Argentina desde donde la justicia española podría lograr su extradición. Finalmente, Lariz fue absuelto en la vecina orilla y
el gobierno de Vázquez autorizó su regreso a Uruguay, tres años después de su expulsión.
Otra aparición poco feliz de esta norma ocurrió también en 2002, cuando el entonces subsecretario del Interior, Daniel Borrelli, dijo muy suelto de cuerpo que en Uruguay había unos 1.500 peruanos residentes "en su mayoría desocupados". Éstos, sumados a ciudadanos de otras nacionalidades, eran, según Borrelli, un problema porque "hoy por hoy, con la falta de trabajo que existe en Uruguay, esta gente está compitiendo con los nuestros, con lo que creo que vamos a tener que ser un poco más exigentes en materia de admisión de extranjeros en nuestro país".
Dos años después, y en plena campaña electoral, el Partido Colorado preocupado por la magra intención de votos en las encuestas no tuvo mejor idea que importar el "cuco piquetero".
En su discurso, los colorados estaban aterrados por las "hordas" de piqueteros argentinos que vendrían a acabar con la paz pública local. El propio Borrelli fue quien desempolvó, una vez más, la ley de extranjeros indeseables como herramienta para frenar esta nueva amenaza contra el orden público.
Borrelli sostuvo que "a los piqueteros no los vamos a dejar hacer lo que hacen en Argentina" y que para eso se apelaría a esta ley que "es muy sencilla: el Poder Ejecutivo decreta que una persona, diríamos, no es grata al país, y se le expulsa en forma administrativa".
* Por este delito fueron procesados con prisión el director y el redactor responsable de La República, Federico y Carlos Fasano, a raíz de una denuncia iniciada por el ex presidente de Paraguay Juan Carlos Wasmosy. Posteriormente, la Suprema Corte de Justicia revirtió esta sentencia.
La policía uruguaya propone "Ley Arizona": crear un registro de "indeseables" que no hayan cometido delitos
Fuente: El ojo de la Razón
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