La etnocracia israelí

Cuandose quiere señalar el fin del régimen de apartheid en Sudáfrica suelen citarse diversas fechas, según los gustos. El año pasado se conmemoró el discurso de Frederic de Klerk en el parlamento sudafricano y el vigésimo aniversario de la liberación de Nelson Mandela, coincidiendo con la celebración de la Copa Mundial de Fútbol. Otra día significativo fue el de las elecciones de 1994. Pero no menos importantes fueron las fechas en que se fueron derogando las principales leyes que sustentaron el régimen. Así, fue un 30 de junio de 1991 cuando entró en vigor la Abolition of Racially Based Land Measures Act No 108, aprobada el 5 de junio, que derogaba las leyes que discriminaban sobre el uso y ocupación de la tierra: la Black Land Act (1913), el Development Trust y la Land Act de 1936, the Group Areas Act (1966) y la Black Communities Development Act (1984), junto con otras secciones y leyes. Todas ellas institucionalizaron la discriminación racial en el acceso a la tierra, una de las bases del apartheid.

Lo que muestra la simple enumeración de estas leyes es que el apartheid constituyó un largo proceso que duró todo un siglo, un interminable work in progress. Entre 1920 y 1949 los negros fueron expulsados de los oficios cualificados (1922), más tarde de las listas electorales (1936, 1956). En 1949 la ley prohibió los matrimonios mixtos entre blancos y mestizos; finalmente, los mestizos (coloured people) fueron borrados a su vez de las listas electorales en la provincia de El Cabo. Frente al debilitamiento, a principios del siglo XX, de la compartimentación en las minas, el Estado sudafricano respondió con la segregación social y racial, lo que permitió la consolidación de una sociedad capitalista como en ningún otro lugar del África subsahariana.
Cada año que pasa, con cada nuevo cumpleaños del hoy celebrado Nelson Mandela, Israel aprueba nuevas leyes segregacionistas, en una dinámica no muy diferente, a pesar de las lógicas diferencias históricas, culturales y geográficas. El Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel (Adalah) y la Asociación por los Derechos Civiles en Israel (ACRI) realizan el seguimiento de las leyes discriminatorias e intentan contestarlas en los tribunales. Basándome en su trabajo, aquí expongo un pequeño recordatorio de las leyes más recientes que ha propuesto el gobierno o aprobado un parlamento israelí (Knesset) dominado por la extrema derecha:
Tierras
.• La Ley sobre la Administración de la Tierra de Israel (3 de agosto de 2009): establece un amplio programa de privatizaciones de tierra considerada de dominio público o estatal. Básicamente, se trata de la tierra que perdieron los refugiados y desplazados internos palestinos (considerada "propiedad de los ausentes"), las tierras de los pueblos árabes que fueron evacuados y destruidos, y las que fueron confiscadas a los palestinos por diferentes vías. El Estado de Israel se convirtió de esta manera en el propietario del 93 % de la tierra, que luego arrienda a sus residentes. La ley permite ahora venderlas a las personas e instituciones judías, las tengan arrendadas o no. Se crea además un nuevo Consejo de la Autoridad de la Tierra, la mitad de cuyos representantes están en manos del Fondo Nacional Judío, organismo paraestatal que precedió a la creación del Estado de Israel y cuyas tierras están reservadas exclusivamente a los judíos. La ley afecta también negativamente a los beduinos del Neguev, que están siendo objeto del acoso y la expulsión por parte de las autoridades israelíes.

.• Enmienda a la Ordenanza sobre la Tierra (Adquisición para usos públicos) de 1943 (10 de febrero de 2010): la ley confirma la propiedad estatal de la tierra que se ha venido confiscando a los palestinos desde la época del Mandato británico, aunque no haya cumplido los objetivos públicos para los que supuestamente se aprobó la confiscación. Esta ley impide que los árabes puedan reclamar sus tierras judicialmente.

.• La Ley sobre los Comités de Aceptación (22 de marzo de 2011):
legaliza los "comités de aceptación" que se crearon en setecientos pueblos y comunidades de pequeño tamaño. Estos comités tienen plena discrecionalidad para rechazar a una persona o familia que desee vivir o comprar una propuedad en dichas comunidades si consideran que "no se adapta a la vida social de la comunidad... o al tejido cultural y social del pueblo". Algunas comunidades podrán establecer otros criterios de acuerdo con sus características especiales, como las que proclaman tener una "visión sionista". De esta manera, la ley pretende denegar el acceso de los árabes y de otras minorías étnicas a las comunidades judías que se han asentado en tierras estatales.

.• Enmienda no. 3 a la Ley de Tierras de Israel (marzo de 2011):
la ley impide que una persona física o jurídica pueda vender tierras o alquilarlas por un período de más de cinco años, o transferir derechos de propiedad privada sobre las mismas, cuando el destinatario es "extranjero". Según la ley, los extranjeros son las personas que no sean residentes, ciudadanos de Israel, o judíos que tienen el derecho de emigrar a Israel en virtud de la Ley de Retorno (1950). De esta manera se impide que los refugiados palestinos -propietarios originales de dichas tierras- puedan comprarlas o alquilarlas, algo que hasta ahora era teóricamente posible al ser considerados "ausentes" mientras no se resolviera el conflicto israelo-palestino.

Derechos sociales, civilis y políticos
.• La Ley de Eficiencia Económica (2009): una parte de la ley se refiere a las "áreas prioritarias nacionales", categoría que el gobierno atribuye discrecionalmente a ciudades, pueblos y comunidades para justificar la transferencia de ingentes cantidades de dinero público. La reforma legal busca sortear una sentencia del Tribunal Supremo de 2006, que había demostrado que el gobierno había aplicado este concepto de manera discriminatoria: sólo cuatro comunidades árabes eran consideradas "áreas prioritarias nacionales" frente a 553 comunidades judías. Otra sección de la ley discrimina a las familias beduinas a la hora de atribuir las ayudas familiares por niño.

.• Enmienda No. 40 a la Ley Presupuestaria (conocida como la "Ley Nakba"): Esta reforma de la ley presupuestaria afirma que las organizaciones e instituciones que conmemoren la Nakba como un día de duelo, aunque sean escuelas árabes-palestinas, o rechacen "el carácter judío y democrático del Estado", no podrán recibir fondos públicos. Semejante norma viola claramente el principio de igualdad y el derecho a la libertad de expresión.

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