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La inversión de papeles sobre quién representa la seguridad y quién la amenaza para los países de la zona es apenas una de las muchas que configuran el deterioro –económico, social, político y militar- que ha convertido este punto del noreste de las Antillas en una pesadilla estratégica.
Mientras tanto, el proceso de revisión de la condición política de esta nación y colonia estadounidense desde 1898 tropieza con los temores de la institucionalidad política pro EEUU, así como con un vacío informativo que pinta una realidad mágica donde se cree que las cosas ocurren debido a la fortuna o las desventuras de tal o cual líder político. El país vive tan al margen de las realidades geopolíticas que le afectan que no hay una sola comisión legislativa que atienda los asuntos internacionales, no participa en las gestiones regionales para la hegemonía compartida en el Mar Caribe y en medio de la estrechez fiscal se gasta el lujo de que la economía subterránea recibe mil millones de dólares al año producto de impuestos cobrados y no remitidos al Gobierno.
El problema de las armas, sin embargo, es uno de los más evidentes en el tránsito de lo que una vez fue un sueño imperial hasta convertirse en un punto muerto en la política caribeña y un acertijo para la seguridad interna de los propios EEUU.
“Las armas de fuego transportadas hacia Puerto Rico y las Islas Vírgenes, particularmente desde la Florida, constituyen una amenaza significativa para la estabilidad en la región”, declaró Rodney G. Benson, jefe de inteligencia de la Agencia de Control de Drogas (DEA) en su presentación oficial ante una comisión del Congreso. Benson hizo la alarmante admisión el 15 de los corrientes, cinco días después de la cumbre de los países de habla inglesa del Caribe (CARICOM) con Cuba en Trinidad, donde el gobierno de la Habana presentó su propuesta para ayudar a la seguridad regional.
Pero la admisión de Benson se produjo además meses después de que el entonces saliente Agente Especial a Cargo del Buró Federal de Investigaciones en San Juan, Luis Fraticelli, asegurara que el Gobierno de EEUU no tenía inteligencia alguna que indicara que Puerto Rico era punto de trasbordo del tráfico de armas. Fraticelli hizo la afirmación cuando se le inquirió sobre cómo se podía explicar que no se hubieran producido capturas de contrabandistas sacando armas por las costas puertorriqueñas.
Las discusiones en Washington sobre la porosidad de las Antillas llevaron al propio secretario de Justicia de EEUU, William Holder, a consignar que se trataba de un problema para la seguridad nacional y al Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, a tratar de impulsar su propuesta para una “Iniciativa de la Frontera del Caribe”. La noticia entusiasmó al Gobernador Luis Fortuño con la posibilidad de la asignación de fondos y recursos a Puerto Rico a fin de realizar operaciones hasta en “la costa norte de América del Sur”.
Sin embargo, en días recientes, el Comisionado Pierluisi admitió en una conferencia de prensa que su idea fue recibida con receptividad por apenas un par de congresistas cubano-americanos.
Un estudio preparado para el Center for Defense Information sobre las limitaciones en las estrategias para la defensa de EEUU plantea que allí operan 30.000 pandillas con un total de 800.000 miembros que importan y distribuyen las drogas de contrabando de América Latina y otros puntos del mundo. Se trata pues de un ejército irregular con más efectivos que los carteles de Colombia y México juntos, armado y con ingresos de decenas de miles de millones de dólares anuales producto del mercado ilegal de narcóticos, analgésicos y alucinógenos.
El referido estudio consigna las dificultades para atender un asunto como ese con tropas militares, cuyo primer problema sería hacia dónde apuntar sus fusiles. Pero más aún, la pregunta sería qué se supone va a defender el muro fronterizo entre EEUU y México cuando los enemigos están a ambos lados.
En el caso de Puerto Rico, a la guerra contra las drogas no ha tenido el efecto deseado por sus promotores. Desde su proclamación en 1971 por el presidente Richard Nixon, el panorama de la violencia criminal cambió drásticamente.
En las primeras siete décadas del siglo, Puerto Rico mantuvo un nivel relativamente bajo de homicidios y registró una baja sostenida durante dos decenios entre 1950 y 1970, período del entusiasmo por el desarrollismo que acompañó la economía norteamericana después de la Segunda Guerra Mundial y el establecimiento del régimen autonómico denominado Estado Libre Asociado para administrar la colonia.
Pero desde ese año de 1971, la curva de la violencia homicida comenzó a subir incontrolable en las estadísticas policiales hasta acumular cerca de 25.000 muertos a lo largo de las últimas cuatro décadas hasta 2009. En 2010 hubo casi mil muertes violentas y este año cierra con más de 1.100, lo que anticipa que de no detenerse la tendencia, la década cerrará con más de 10.000 muertos.
Mientras tanto, el atractivo de Puerto Rico para los contrabandistas consiste en la insistencia de EEUU en mantenerlo como frontera artificial en el Caribe, por lo que basta con que la droga llegue hasta aquí y ya está legalmente en el mercado interno norteamericano a pesar de que está a más de 1.600 kilómetros de distancia de la frontera real. De igual forma, representa una salida fácil para los traficantes de armas.
Pero, cerrar la frontera artificial del Caribe militarmente plantea qué tipo de relaciones EEUU quiere en la región, que faciliten o dificulten la supremacía y la protección de las rutas del comercio marítimo.
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