Uruguay: ¿Adónde vamos?

El desarrollo que le impusieron transformó al Uruguay en abastecedor de materias primas y servicios para los centros industriales del sistema. Un país encadenado de por vida al pago de los servicios de una Deuda Externa que cada día crece más y es imposible de saldar. De continuar la tendencia actual, en el mediano plazo más de la mitad del territorio nacional será propiedad de capitales extranjeros privados, cuyos planes son despoblarlo para dedicar la tierra a la forestación, el cultivo con agrotóxicos de soja transgénica y a la minería a cielo abierto. Los enclaves extranjeros llamados “Zonas Francas” son el más vergonzoso ejemplo del colonialismo siglo XXI. Las políticas económicas anunciadas permiten creer que en el 2030 el Uruguay Productivo será más deformado y más dependiente que nunca... ¿Era ése el País Prometido?

Aún con consejos de salarios y convenios salariales, la mitad de los salarios se mantienen por debajo de los 16.000 pesos y los trabajadores deben endeudarse para cubrir sus necesidades básicas: viven en condiciones de mucha vulnerabilidad, pero el gobierno cumple con la exigencia de mantener bajos los salarios para abaratar costos de los inversores. El asistencialismo no puede impedir que los marginados se reproduzcan como efecto del capitalismo, ni que sean el sector social más vulnerable al alza de los precios y a los déficit de vivienda, salud y educación. Hoy día el consumo privilegiado del 1% equivale al consumo del 50% de la población nacional que, sin duda alguna, es quien aporta al Estado la mayor parte de la recaudación fiscal. El Uruguay está recorriendo el camino que ya recorrieron Europa y los EEUU y, para el 2030, la brecha social se habrá convertido en irreversible agujero negro. ¿Era ésa la patria que nos prometieron?

Desde el Pacto del Club Naval los mandos militares reivindicaron con firmeza su propia impunidad y con ese programa político transitaron la “democracia” que se les imponía. La firmeza de sus exigencias doblegó la voluntad de las élites políticas e impuso las actuales políticas de olvido y perdón que hoy predominan. La impunidad de los criminales ha creado una clima subjetivo que favoreció el resurgimiento de las formas ilegítimas de empleo de la fuerza pública: abuso y violencia policial en los barrios, tortura, vejamenes y persecuciones a los adolescentes privados de su libertad.

Se continúa expulsando la población marginada hacia los territorios de la periferia, para condenarla como amenaza a la seguridad, aislarla y declararle una guerra preventiva que justifica el gasto en las más modernas tecnologías de vigilancia, control y represión. Así como lo hace con los culpables del terrorismo de Estado, el gobierno protege la tortura y el “gatillo fácil”. Más grave aún: se persigue y criminaliza a los que protestan con modales que no son del agrado de las autoridades. Por acuerdo entre ambos gobiernos, se permitió la intervención de “asesores” de EEUU en la instrucción de los policías y guardias carcelarios del Uruguay, que sumarán “conocimientos” a los ya aprendidos de instructores israelíes. Probablemente se profundice el abandono de los mecanismos pacíficos para resolver los conflictos sociales y, para el 2030, el Estado ya estará violando sistemáticamente los derechos humanos de sus ciudadanos. ¿Es ésta la democracia por la que lucharon las masas frenteamplistas entre 1971 y 1985?

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