Comunidades mapuches cuestionan real voluntad del gobierno frente al conflicto

escrito por Azkintuwe
martes, 24 de noviembre de 2009

Luego que el ministro y Coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo, declarara en Osorno que ya no existen problemas de tierras, los dirigentes mapuches aseguraron que el gobierno de Chile sigue mintiendo a la opinión pública nacional e internacional

Según sus informaciones el Ejecutivo convocó, por medio de la CONADI, a un “amplio Trawun” en Osorno donde, curiosamente, no se tomó en cuenta a las organizaciones que reivindican derechos ancestrales en la zona huilliche. Esto fue denunciado por el líder de la Comunidad Huilliche Pepiukelen de Pargua, Francisco Vera Millaquen.
“Sigue mintiendo (el gobierno) al señalar que en el territorio huilliche no existen problemas de tierra, como lo afirmó el Ministro Viera-Gallo en Osorno el 14 de noviembre recién pasado. Sin embargo el mismo día el gobierno envía la policía militarizada a reprimir a la comunidad de Pisu Pisue que lidera el Lonko Rodelio Torres, quienes legítimamente reivindican derechos sobre dichas tierras. Por esta razón es que como comunidad hacemos un urgente llamado al gobierno a tratar estos temas con seriedad y no seguir jugando al “gato y al ratón”, escondiendo la información y reuniéndose a escondidas con personas que si bien son mapuches, nada tienen que ver con la lucha de un pueblo que exige el respeto a sus derechos”, señaló Vera.

Pese a ello, después de una visita a la zona, Viera Gallo manifestó que las conversaciones van mejorando. “El desafío de la sociedad chilena con los pueblos originarios está tomando un camino de entendimiento, diálogo y confianza. Pero eso está sometido a que el gobierno actual y, sobre todo, la futura administración, cumpla con lo que se ha trazado. Necesitamos que las autoridades sean eficaces en las políticas que se implementan, de tal manera que la palabra empeñada vaya seguida de hechos. Las comunidades están muy cansadas de promesas que después quedan sólo en enunciados generales y no se realizan en la práctica”, afirmó el secretario de Estado.

Pero estas palabras no están alineadas a las versiones de las comunidades del sur de nuestro país. Durante el fin de semana se realizaron diversas reuniones para coordinar los pasos a seguir desde las distintas comunidades. En ese sentido, el werkén de la Comunidad Autónoma de Temucuicui, Jorge Huenchullán, indicó que “sabemos que los compromisos no se van a cumplir porque, de ser así, hace un año el gobierno hubiese solucionado el problema. Son varias las comunidades que están movilizadas por una serie de situaciones de violencia que han ocurrido. El Ejecutivo ha acallado estas situaciones porque no hay una voluntad política de resolver las demandas de tierras de los mapuches. Las mesas de trabajo que se han entablado han sido sólo de asistencia, pero no hay voluntad de devolver los terrenos a las comunidades”.

Mientras, continúan las movilizaciones en otros puntos del País Mapuche. En Tirúa, más de cien mapuches de la Comunidad “Lorenzo Pilquiman”, junto a otros miembros de las comunidades ribereñas al lago Lleu Lleu se tomaron el fundo “El Canelo” de la forestal Volterra. Según informó radio Cooperativa, el vocero de la comunidad, Santos Reinao, aseguró que para deponer la ocupación esperan conformar una mesa tripartita entre el Gobierno, la empresa forestal y su agrupación. Lo anterior, para solucionar el conflicto que involucra terrenos por aproximadamente mil hectáreas y que son reivindicaciones ancestrales de la comunidad Lorenzo Pilquiman.

Orígenes en la mira

En otro plano, una auditoría realizada al Programa Orígenes II de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena por la Contraloría reveló que el organismo tiene pendiente la rendición de cerca de ocho mil ochocientos millones de pesos entregados para proyectos que no se terminaron de ejecutar, pero también dineros destinados a viáticos, equipamientos y cuentas de celulares.

El ente fiscalizador destacó que la Conadi no ha hecho auditorías al Programa Orígenes II, destinado a los pueblos indígenas y que cuenta con un financiamiento de cerca de 30 mil millones, fondos provenientes del Estado y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por lo que decretó suspender la entrega de fondos a las comunidades y recomendó fiscalizar los proyectos en terreno, así como la correcta utilización de los recursos entregados, entre otras 27 medidas.

Pero además, reveló que hay tres mil setecientos millones de pesos que la Corporación traspasó a otros organismos para que ejecutaran programas, como el Fondo Nacional para la Discapacidad (Fonadis), la Fundación Artesanías de Chile y la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), que tampoco fueron rendidos correctamente. Un desorden de proporciones en las cuentas que incluyen traspasos de dinero en el 2003 que aún no son debidamente justificados, incluso, ejecutados y entre los que se cuentan, además, gastos en pasajes, cuentas de teléfonos, viáticos y adjudicación de licitaciones injustificadas o fuera de las normas.

Fuente El Clarín- Chile-