Al abordaje de los caladeros africanos
El agotamiento de las aguas de la UE ha llevado a la pesca industrial a las costas africanas. Allí, la ausencia de estructuras estatales, como en Somalia, o la escasez de capital local, abren grandes oportunidades de negocio.
Los acuerdos de pesca bilaterales con la Unión Europea entre 1979 y 2006 tienen mucho que ver. Entre 1994 y 2005 el peso de las capturas en aguas senegalesas cayó de 95.000 a 45.000 toneladas, mientras que el número de embarcaciones pertenecientes a ciudadanos senegaleses descendió drásticamente al no poder competir con los enormes pesqueros europeos, según detalla el informe de Selfish Europe, de Action Aid.
Acuerdos bilaterales
Según la Convención del Mar de 1982, las zonas económicas exclusivas comprenderán un máximo de 200 millas desde la línea de costa de un país. Entre otras cosas, el Estado tiene derecho de pesca sobre este espacio. Sin embargo, la misma convención establece que cualquier país debe poner a disposición de flotas extranjeras el pescado que no alcance a pescar, siempre y cuando no se sobrepase el máximo de explotación sostenible.
La Unión Europea paga aproximadamente 156 millones de euros al año para asegurar el acceso a las pesquerías de terceros países, según fishsubsidy.org. Actualmente, la UE tiene una docena de acuerdos de pesca con países africanos. Su firma plantea una serie de dudas. Algunas veces porque se firman con países con déficit democrático que comprometen los recursos de sus pueblos. Una muestra de este dilema se puso de manifiesto en octubre, cuando la comisión de pesca del Parlamento Europeo bloqueó el acuerdo con Guinea Conakry tras la muerte de 160 personas que se manifestaban contra el presidente golpista. La representante del Grupo Popular se lamentó de que esta decisión supusiera “un amarre temporal por un periodo indeterminado” de la flota comunitaria. También es objeto de polémica el actual acuerdo de pesca con Marruecos, que no excluye explícitamente las aguas del Sáhara Occidental, permitiendo la pesca de flotas europeas en aguas que no pertenecen a ninguno de los dos firmantes.
De hecho, los acuerdos llevan años en el centro de la polémica. En 2003, un informe del Instituto Europeo de Política Ambiental analizaba los pactos firmados con Senegal, Angola, Mauritania y Santo Tomé y Príncipe. Entre las conclusiones, criticaba la arbitrariedad en las cantidades pagadas por la UE, que variaban de 11.111 euros por buque comunitario en Santo Tomé a los 346.774 euros en Mauritania. También criticaba el desajuste entre la cantidad pagada y el beneficio potencial de las capturas: en el caso de Santo Tomé y Príncipe "para los atuneros, el valor de la captura puede ser 40 veces mayor que las tasas de acceso". El informe también señalaba el problema de la ausencia de límites de captura en Senegal y Mauritania.
Seis años después, los acuerdos de pesca de Santo Tomé y Mauritania han sido renovados. Sin embargo, Angola y Senegal se negaron en su momento a poner de nuevo sus aguas territoriales a disposición de las flotas comunitarias. En 2005 Angola no llegó a un acuerdo, tras exigir una mayor soberanía sobre las capturas. El caso de Senegal, por su parte, ilustra los efectos adversos de una asociación en desigualdad de condiciones.
artículo completo: Periódico Diagonal
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