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Cada día se sabe algo más de lo que ACTA va a suponer para el control de internet. Como si de un acuerdo militar se tratara, ha sido negociado en secreto.Estados Unidos, la Unión Europea y unos 30 países más están negociando el Anti Counterfeiting Trade Agreement (ACTA), un tratado con el intento declarado de combatir el tráfico internacional de mercancía falsificada, pero con un alcance mucho más amplio, que incluye el control del intercambio de ficheros en internet. Las negociaciones empezaron en 2007 en secreto y, hasta abril de 2010, todo lo que se sabí sobre ellas se debía a filtraciones de documentos de trabajo. El tratado representa un paso importante en la afirmación del poder de las empresas, y el comienzo de un marco legal de tipo autoritario para el control de internet. Un elemento nuevo del ACTA es el secreto en que se han desarrollado las negociaciones.
Los tratados comerciales, hasta ahora, se han negociado bajo la mirada del público y de la prensa, reservando el secreto para los tratados militares. Se trata aquí de un secreto relativo: varias empresas con intereses económicos en propiedad intelectual participan en el comité consultor de ACTA (entidades como Oracle, Monsanto, Time Warner, etc.). Sin embargo, no se ha invitado a ninguna organización de usuarios y a ninguna ONG. El secreto de las negociaciones y el tipo de organizaciones que, junto a los Estados, están forjando el tratado, es una señal muy clara de los equilibrios económicos y políticos de la era neoliberal: la economía ya es una fuerza de dominación comparable con el poder militar, y los tratados económicos se negocian como antaño se negociaban los tratados militares.
Desde el principio, varias organizaciones de internautas y de software libre han intentado conseguir la publicación del material. Todas las peticiones han sido denegadas con razones poco creíbles. La Electronic Frontier Foundation pidió (EE UU) la publicación de los borradores de ACTA bajo los dictámenes del Freedom of Information Act (FOIA). La Administración Obama rechazó la petición apelando a la única excepción consentida por el FOIA: la seguridad nacional. Los senadores americanos Sanders y Brown, en una carta al vicepresidente de EE UU, encuentran absurdo considerar un riesgo para la seguridad nacional la publicación de un documento “que se comparte con todos los países que participan en las negociaciones y con los representantes de docenas de grandes corporaciones”. La administración Obama ha prometido volver a evaluar su posición. La Unión Europea también denegó una petición de la Foundation for a Free Information Infrastructure porque “la publicación podría perjudicar la posición Europea en las negociaciones”. Se está intentando conseguir una resolución en sentido contrario del parlamento Europeo.
La filtración de los borradores
Por el momento, la información disponible sobre ACTA se debe sobre todo a borradores filtrados por miembros del grupo de trabajo y publicados en internet (irónicamente, un tipo de información que ACTA podría eliminar de la red). Si se lee el documento, se comprende la razón del secreto. ACTA implementa un marco legal autoritario, en que garantías básicas de toda democracia como la separación de los poderes se derrumbarían, y en que poderes de policía propios de los Estados serían concedidos a empresas privadas. El artículo 2.18, por ejemplo, declara que entidades tales como los proveedores de internet deberán proporcionar información sobre los usuarios y el tráfico directamente a las empresas demandantes aun si éstas sólo sospechan una violación de la ley.
Las autoridades pueden tomar “medidas provisionales” a petición del demandante sin autorización judicial y sin notificar al acusado. Se trata, creemos, de la primera vez a nivel transnacional en la historia de las democracias modernas en que se inician procedimientos judiciales sin realizar una notificación a la persona acusada. Mientras el demandante debe sólo mostrar una sospecha de violación, el acusado, para defender sus derechos, debe proporcionar “todas las pruebas posibles para convencer a los acusadores con suficiente certidumbre de que sus derechos han sido violados” (art. 2.5.3). Utilizar sin saberlo material copiado ilegalmente resulta también sujeto a responsabilidad civil (art. 2.2.3). El control de internet no es la única ni, quizás, la más importante consecuencia de ACTA. En este apartado sólo mencionamos que ACTA extenderá casi ilimitadamente la autoridad de la policía de frontera, y que proporcionará a las empresas farmacéuticas medios importantes para combatir la producción de fármacos genéricos, de los que depende la vida de millones de personas en los países más pobres.
Los peligros para la red
En el caso específico de internet, ACTA implementa un marco legal que abandona la presunción de inocencia a favor de la presunción de culpabilidad. Un marco, además, que sanciona la intervención directa de las empresas privadas en la aplicación de la ley. Se trata de un precedente importante, en cuanto el poder de aplicar la ley es una de las características que definen el Estado moderno (parte de lo que Max Weber denominaba el “monopolio de la violencia legítima”), y ceder este poder podría ser un precedente para reconocer derechos de Estado a las empresas.
ACTA es principalmente un tratado en defensa del sistema de los logos y, como tal, un tratado en defensa de la virtualización del mercado, de la separación entre el valor material de las cosas y su valor de intercambio. Se trata de una defensa clave para mantener la supremacía de las corporaciones occidentales en el momento en que Occidente está perdiendo su dominio en la manufactura. Se trata, por parte de las empresas, de una defensa obvia, pero, desde el punto de vista ético, hay que tener bien presente lo que se está defendiendo. Se está defendiendo un sistema en que el poder económico es independiente de la producción, dependiendo sólo del valor simbólico de ciertos logos, es decir, no tanto del valor industrial de los bienes sino del poder de la propaganda. Se está defendiendo un sistema en que es económica y éticamente aceptable pagar millones a un actor o a un deportista para promocionar un producto, y pagar 50 euros al mes a las personas que fabrican lo que se está vendiendo.
* S.S. es profesor de informática de la Universidad Autónoma de Madrid
Más información:
http://www.nacionred.com/ranking_digital/administracion/acta
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