Repsol y el negocio de compra-venta de gas:‏

Fuente: Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), por: Andrea Schimpf (ODG)y Esperanza Salazar Zenil (Bios Iguana) Julio de 2010.

El precio que pagan las comunidades locals en Perú y México.

Hace tres años, Repsol YPF ganó la licitación para venderle 2,38 billones de pies cúbicos de gas natural a la CFE (Comisión Federal de Electriciad) de México. Un negocio común y corriete para la transnacional española: primero compra el gas a Perú LNG, empresa a cargo de la exportación de GNL (gas natural licuado) en el país andino, para después venderlo más caro a México (1). Los beneficios para Repsol a través de la compraventa del GNL se estiman en unos 15.000 millomes de dólares durante los 15 años de contrato. Aunque estas cifras son controvertidas ya que el precio al que Repsol le compra el gas a Perú LNG es fluctuante (2), lo cierto es, que la transnacional va a obtener beneficios importantes a través de este negocio.

Según la propia Repsol, se trata de la mayor adquisición de gas natural licuado realizada por esta empresa en toda su historia (3). Pero mientras los beneficios de la compraventa del gas se privatizan en manos de Repsol y algunas otras transnacionales, los costos en términos de impactos ambientales y sociales afectan gravemente a las comunidades locales que habitan los territorios donde se extrae y a donde se destinará el gas comercializado.

El gas que se va a exortar a México se abastece del contravertido proyecto de Camisea en la amazonia peruana - uno de los proyectos de energía clave en América Latina que incluye extracción, transporte y distribución de gas natural para su uso domestico y su exportación. En concreto, se trata del lote del 56(CamiseaII) y eventualmente más adelante, del lote 88 (Camisea I) (4).

En la amazonia peruana, Camisea está causando graves impactos sobre las comunidades indígenas: una fuerte disminuición de la pesca y caza de subsistencia, trastorno cultural y social y creciente presión en sus comunidades por colonos y comerciante quienes han entrado en la zona para obtener algún beneficio de Camisea (5).

Las operaciones previas y existentes del lote 56 – legalmente destinado para la exportación - constantemente infringen normas internacionales de los derechos de los pueblos indígenas (las más notables, el consentimiento y la consulta previa) (6). El lote 88 se superpone en 75 % dentro de la reserva del estado a favor de los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario. No obstante, la explotación del gas supone graves impactos al territorio de su reserva sin consecuencia legal alguna (7).

Además, el reglamento de este lote fue modificado de manera ilegal en el 2005 para poder exportar el gas pues estaba destinado exclusivamente para el consumo interno del país (8).
Los planes de exportación han levantado críticas tanto de la oposición como de la sociedad civil en el país andino contra el gobierno del actual presidente Alan García. Existen dudas serias sobre el tamaño de reservas de gas para asegurar la exportación y garantizar al mismo tiempo el abastecimiento del mercado nacional.

En México, la construcción de la regasificadora - a la cujal destinará el gas licuado de Camisea - está provocando la destrucción de la Laguna Cuyutlán, uno de los humedades más importantes de la costa pacifica del sur del país, poniendo en juego también la subsistencia de alrededor de 350 familias de pescadores y cientos de familias de salineros artesanales, violando su derecho a vivir en paz en un ambiente sano. Además, expone a los habitantes de l laguna a graves riesgos de salu ya que la cantidad de gas almacenada en la laguna puede provocar impactos impredecibles en caso de un hipotético accidente.

La regasificadora en México – un proyecto ilegal

La Laguna Cuyutlán se ubica en Manzanillo, en el estado de Colima en el centro de la costa pacifica de México. Se trata de un ecosistema complejo, dividido en 4 vasos conectados entre si y alimentados tanto por aportes costeros como de ríos de agua dulce. La laguna representa el 90 % de los humedales del estado Colima y constituye el medio de subsistencia de cientos de familias de pescadores y salineros artesanales.

Además es considerada como región prioritaria para la conservación de manglares y de aves migratorias. En esta laguna de 7,200 ha se está instalando la regasificadora (Terminal de Gas Natural Licuado), a la cual Repsol va a suministrar el gas del proyecto Camisea ubicado en la amazonía peruana.

El consorcio asiático KMS se ocupa de la construcción de la terminal y una empresa canadiense de los gasoductos.

El proyecto fue autorizado en 2008 ilegalmente por la SEMARNAT (Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales) en violación a la legislación que protege los manglares y en medio de irregularidades. Entre ellos, la adecuación del PROET (Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial) de la Laguna de Cuyutlán para que ese proyecto pudiera realizarse: el gobierno de Colima modificó, sin sustento técnico jurídico, el PROET de la Subcuenca de la Laguna de Cuyutlán para que pasara el uso de suelo, de conservación al de portuario e industrial de alto impacto y riesgo. Beneficiando así a la CFE en la instalación de la regasificadora y la potencial instalación del Puerto II de Manzanillo, creando la infraestructura para el negocio de las transnacionales.

No obstante, el proyecto fue autorizado de manera condicionada ya que la manifestación de impacto ambiental entregada por la CFE fue deficiente: faltaba un estudio que debía demostrar que el proyecto no incide negativamente sobre el flujo hidrológico entre los cuatro vasos de la laguna y por lo tanto, en la totalidad del humedal costero y en especial del ecosistema de manglar. Este estudio nunca fue entregado, - aunque es imprescindible para la autorización del proyecto- mientras la instalación de la regasificadora está a por acabar en estos días.

La instalación ilegal de la regasificadora ejemplifica como los negocios de las transnacionales implicadas, incentivan y retroalimentan la corrupción tan inherente en las instituciones públicas en México. Las tramas de corrupción respeto a la autorización ilegal del proyecto no solamente involucran los gobiernos municipales y estatales, sino también otras instituciones públicas.

Así, la Universidad de Colima que en el año 2001 había recomendado la protección, restauración y conservación de la laguna, ahora avala el proyecto sin ningún sustento científico. Otro organismo público, el Centro Ecológico de Cuyutlán “El Tortugario” (9) permitió concientemente que la CFE manipulara de forma extraña y oportunista datos científicos para desconocer el impacto del proyecto a las poblaciones de tortugas marinas y otros animales (10).

Las instituciones jurídicas a su vez, ignoran desde hace 4 años los recursos legales interpuestos por la organización Bios Iguana (11), la cual lucha con los pescadores y otros activistas por la justicia ambiental en la laguna. El gobierno de Colima consiguió inclusive acallar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que investigó la privación de libertad y las torturas que sufrieron pescadores y activistas después de una acción de protesta el 5 de junio “Día Mundial del Medio Ambiente” en 2007.

Las comunidades locales en defensa del manglar

Los pescadores afectados y particularmente los pobladores de Campos - pueblo directamente impactado por el proyecto- llevan años luchando por su derecho de vivir en un ambiente sano. Previo a la amenaza de la regasificadora, una termoeléctrica que funciona en esta zona desde hace 28 años ha provocado problemas en la salud de la población debido a la quema de combustóleo y fugas de la misma sustancia en el agua de la laguna, la última en abril del 2010.

La instalación ilegal de la regasificadora –aunado a un potencial megaproyecto del Puerto II de Manzanillo – fue la gota que colmó el vaso para muchos de los habitantes los cuales nunca fueron consultados sobre el proyecto. El relleno de la laguna y la abertura de un canal que modificará drásticamente el flujo hidrológico entre los cuatro vasos de la misma, afecta la pesca de subsistencia en la totalidad del humedal costero. Las respuestas de las autoridades a los cuestionamientos de los pobladores, pescadores, colonos y ambientalistas durante las consultas públicas, que se lograron por exigencia de los mismos, son aun más cínicas: simplemente se cambió la ubicación del proyecto, lo cual resulta ahora en un elevado riesgo para la salud de los habitantes de Campos. La regasificadora se encuentra ahora a un costado de la planta de gas más grande de México, otro proyecto autorizado de forma ilegal en 2006. Los dos proyectos cuentan ahora con una capacidad de 466,274 m3 de gas, además de estar en una zona sísmica riesgosa y una zona de huracanes.

Como muchos otros movimientos de justicia ambiental en México, los colonos, pescadores y organizaciones ambientalistas que se han opuesto a este devastador proyecto han sufrido represión, hostigamiento, encarcelamiento y tortura. Mientras, la justicia ignora las demandas legales que se han emprendido contra un proyecto que fue autorizada a través de la vulneración y incluso modificación –ilegal- de leyes y acuerdos internacionales.

El sutil poder de las transnacionales

El negocio de la compraventa de gas por parte de Repsol no solamente ejemplifica la socialización de los impactos ambientales y sociales sino también el sutil poder que tienen las empresas transnacionales. Tanto en México como en Perú, los gobiernos se pusieron al servicio de estas empresas multinacionales implicadas, modificando leyes y reglamentos – incluso de manera ilegal – y violando el Convenio 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados en relación con los temas que los afectan. También exige que estos pueblos puedan participar de manera informada, previa y libre en los procesos de desarrollo y de formulación de políticas que los afectan (12).

En ambos países, las consultas públicas respeto a los proyectos fueron deficientes, las comunidades fueron desplazadas e ignoradas y las organizaciones que se atrevieron a denunciarlos, son criminalizadas (13). Por último, cabe destacar el papel de instituciones financieras internacionales y bancos privados que aseguran a las empresas el financiamiento de la infraestructura necesaria para el proyecto de exportación de gas en Perú, a pesar de sus impactos sociales y ecológicos.

El apoyo financiero del BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la CFI (Corporación Financiera Internacional) - el brazo financiero del Banco Mundial, y bancos privados – entre ellos la española BBVA - suman más de mil millones de dólares. En el caso del BID, se trata de la operación de mayor envergadura aprobada para una empresa privada en el Perú por esta institución financiera multilateral (14).

En México los trabajos para la construcción de la regasificadora están por terminarse. Al tiempo que las negociaciones que inició el gobierno peruano con el Consorcio Camisea para resolver la problemática surgida respecto a una eventual escasez del gas natural para el país, llegaron a su fin: la nueva adenda al contrato de Camisea garantizará que durante los próximos 5 años solo se exportarán a México las reservas del lote 56. Durante este tiempo, la producción del lote 88 se destinará sólo para el mercado interno

. El gobierno peruano pospone la cuestión de la soberanía energética del país ya que es cierto que el proyecto de exportación durante los próximos 20 años compromete casi la mitad de las reservas certificadas de gas natural de Camisea. Afirma que si no se encontraran nuevas reservas, se revisará esta decisión. Así, el Consorcio Camisea se ha comprometido a desarrollar un agresivo plan de exploración en el lote 88 (15).

Mientras la cuestión de la soberanía energética del país andino se ha solucionado a corto plazo los impactos de Camisea sobre las poblaciones indígenas siguen e incluso aumentarán en el caso del lote 88. En México, un parte de los pescadores – intimidados por tanta represión – han sido obligados a firmar un convenio en el que por 20000 pesos (1050 Euros) en artes de pesca que les compromete a no volver a realizar manifestaciones en contra de la regasificadora. Además, se tienen que comprometer a apoyar el proyecto, “promoviendo sus beneficios ambientales”. La decisión de estos pescadores nos parece comprensible debido a la represión que sufren los movimientos y la impotencia con que enfrentan la corrupción y la represión por parte de las instituciones mexicanas las cuales aseguran los beneficios a corto plazo de las empresas transnacionales.

Pero nosotro/as – lo/as ciudadano/as españole/as y europeo/as – sí tenemos la obligación moral de aumentar la presión sobre nuestros gobiernos para que regulen por una vez la responsabilidad social de nuestras empresas en el exterior.

* Contacto: andrea.schimpf@odg.cat y bios_iguana@hotmail.com
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Notas:
(1) Repsol vende el gas a México a precio de Henry Hub, un precio “director” el cual es definido por los precios de corto plazo o por las cotizaciones estandarizadas de los mercados de la bolsa Nymex (EEUU) o IPE (Inglaterra). Estos precios, reflejan la oferta y la demanda del mercado.

(2) Oilwatch Sudamérica. 2008. Cuanto cuesta exportar el gas de Camisea? Disponible en http://www.oilwatchsudamerica.org/Per%C3%BA/peru-icuanto-cuesta-exportar-el-gas-de-camisea.html
(3) Repsol YPF. 2010. Otra iniciativa clave. Disponible en http://www.repsol.com/es_es/corporacion/conocer-repsol/actividad/gnl/otra-iniciativa-clave.aspx
(4) Cabe mencionar aquí que Repsol es socio de Perú LNG así como del proyecto Camisea.
(5) Griffiths, T. 2007. Exigiendo Responsabilidad al BID y la CFI en Camisea II. Disponible en http://www.amazonwatch.org/newsroom/view_news.php?id=1449
(6) Griffiths, T. Ibidem.
(7) Sarda Moya, G. 2006. El desgaste de Camisea. Disponible en http://www.omal.info/www/article.php3?id_article=341
(8) Manco Zaconetti, J. 2009. Enajenación Gasífera 56 y 88. Disponible en http://blogs.deperu.com/energia-y-minas/el-contrato-del-lote-56-debiera-anularse-o-renegociarse
(9) Organismo descentralizado para la investigación y conservación de tortugas marinas, cocodrilos y iguanas.
(10) Martínez Campos, G. 2006. La regasificadora en la Laguna Cuyutlan, otra oportunidad gubernamental para la destrucción ambiental en Manzanillo. Disponible en http://www.redmanglar.org/

(11) En total, se trata de 28 recursos nacionales y uno internacional (ante la CCA).
(12) OIT. 2010. Convenio No. 169. Disponible en http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm

(13) Salazar Zenil, E. 2009. Repsol, Ecocidio y Etnocidio en el Amazonas. Disponible en http://www.davanzada.com/noticiasecundaria.php?id_noticia=5546
(14) BBVA sin armas. 2009. BBVA vuelve a invertir en el polémico gaseoducto de Camisea en Perú. Disponible en http://www.bbvasensearmes.org/
(15) Biznews Peru. Perú llega a acuerdo con consorcio Camisea por exportación del lote 88. Disponible en http://www.biznews.pe/noticias-empresariales-nacionales/peru-llega-acuerdo-con-consorcio-camisea-por-exportacion-del-lote-
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Publicado por Dasyatis para Casa del Movimiento en Campeche el 7/29/2010 11:23:00 PM