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Como relator independiente de la ONU contra la tortura, Manfred Nowak viajó alrededor del mundo en la búsqueda de evidencias sobre las prácticas de tortura realizadas por numerosos Estados en aras del combate contra el terrorismo. Desde octubre pasado el jurista austriaco dirige el Instituto Ludwig Boltzmann para los Derechos Humanos con sede en Viena, donde ha integrado un equipo financiado con fondos de los gobiernos suizo y austríaco.
Ahí se ha creado el llamado Atlas de la Tortura, donde el internauta puede informarse rápidamente sobre la situación en cada país, qué tipo de tortura sigue empleándose dónde y los esfuerzos nacionales en contra de estas prácticas.
El ex –presidente estadounidense George W. Bush reconoce en su memorias que ordenó métodos como el llamado “waterboarding” o ahogamiento simulado tras el visto bueno de sus asesores y afirma que es un método muy efectivo, pues arrojó mucha información.
Sin duda. Al reconocer abiertamente que ordenó ese tipo de prácticas de tortura también reconoce su culpabilidad, que no recae exclusivamente en quienes la ejecutan, sino que involucra a toda la jerarquía política. Según la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas, todos los países firmantes, incluyendo a Estados Unidos, se comprometen a investigar todo caso de tortura y criminalizarlo y también se compromete a llevar a los responsables ante un Tribunal Penal. La Constitución estadounidense penaliza los delitos de tortura, por lo que la administración Obama podría emprender una investigación al respecto.
Durante la era Bush fueron procesados algunos militares acusados de violaciones en la cárcel de Abu Ghraib y fueron condenados. Si ahora Bush reconoce que él mismo fue quien ordenó estas prácticas se tiene una fuerte prueba legal. Nowak ha instado al gobierno de Barack Obama a emprender una investigación sobre los abusos cometidos durante la era Bush pero ¿qué otras alternativas hay desde el punto de vista legal?
Obama proclamó el cambio y realmente ha habido muchos cambios. Desde que inició su gestión quedaron prohibidas estás prácticas, así como los vuelos secretos de la CIA y la existencia de cárceles secretas. Según lo que yo sé estas cárceles no se encuentran ya bajo supervisión de la CIA. La cárcel de Guantánamo sigue en pie aunque Obama ya la hubiera cerrado hace mucho.
El actual presidente dejó en claro que su interés no es hacer cuentas, sino mirar hacia el futuro y transformar las cosas. Es loable que no busque la confrontación con los republicanos, aunque por otra parte viola sus obligaciones legales.
Hay pocas alternativas. Cada uno de los 147 países firmantes de la Convención contra la Tortura de la ONU tiene la obligación de poner en práctica el principio de “justicia universal”. Es decir, si el presidente Bush llegara hoy o mañana a Alemania o a Austria, en teoría podría ser detenido y nuestras instancias judiciales tendrían que hacer una investigación.
Entonces la alternativa sería que algún país pidiera su extradición para procesarlo por este tipo de violaciones. Pero si no hubiera una solicitud de extradición, entonces Alemania o Austria tendrían la obligación de procesarlo según su propio sistema de justicia. Eso es lo que prevé la Convención contra la Tortura de la ONU. Pero es una cuestión política, de si los gobiernos se muestran dispuestos a hacer algo así. La justicia no siempre tiene la voz cantante y en general hay muy pocos precedentes en el mundo en los que se ha empleado el principio de “justicia universal”.
Según Nowak, el “waterboarding” han sido prohibidas por la Convención de la ONU contra la Tortura, sin embargo algunos Estados han puesto en tela de juicio que se trate de tortura. “Es un método que ya se usaba durante la inquisición española en el Medioevo, como otras prácticas que siguen en uso. Desde aquellos oscuros días no ha cambiado mucho. Provoca un gran sufrimiento y es tortura sin duda sobre todo si se usa para extraer información a la víctima Eso ya no lo duda ni el Gobierno británico, aunque Bush escribió en sus memoras que este método ayudó a salvar vidas en Gran Bretaña. Ningún país hoy en día pondría seriamente en tela de juicio que “waterboarding” es un método de tortura, un método ilegal para obtener información”, sostiene.
Pero, desde el punto de vista jurídico ¿qué puede hacerse ante políticos que mienten para llevar a su pueblo a una guerra ilegal y que además autorizan el uso de métodos de tortura? “No hay una clara definición legal en el Tribunal Penal Internacional en lo que se refiere a la instigación a la guerra. Cada país que emprende una guerra la justifica como una defensa de sus intereses.
Es muy difícil decir quién es el agresor. Hay algunas excepciones claro, pero no es la mayoría de los casos.
Otra situación es cuando se cometen crímenes de guerra, es decir violaciones a las Convenciones de Ginebra. Entonces se puede proceder ante tribunales nacionales e internacionales. Los casos procesables son tanto la tortura sistemática, que es considerada legalmente como crimen de lesa humanidad, como también los casos individuales. Cuando la policía, el ejército o los servicios secretos practican métodos de tortura y hay pruebas de ello, pueden ser procesados y condenados. La tortura es una de las peores violaciones a los derechos humanos que pueden cometerse”, asegura el experto.
Durante seis años Nowak fue usted relator especial de la ONU y presentó un informe en el que prueba la existencia de cárceles secretas en 66 Estados, entre ellos Estados Unidos, China y Rusia.
Fue un informe realizado por cuatro expertos independientes del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Provocó una gran controversia y bajo presión de Rusia y otros países musulmanes, su presentación fue pospuesta de marzo a junio, cuando fue publicado oficialmente en Ginebra. Desafortunadamente no tuvo consecuencias. Imagínese lo difícil que es averiguar sobre cárceles secretas. Entrevistamos a muchos prisioneros que dijeron haber estado en esas mazmorras internados, revisamos la información de las torres de control de vuelos para determinar qué vuelos de la CIA partieron cuándo y hacia dónde para armar con cada pieza de información el gran rompecabezas.
Identificamos a 66 países que antes, pero sobre todo después, del 11 de septiembre de 2001 mantuvieron dichas cárceles directa o indirectamente. Pedimos a los países involucrados que realizaran ellos mismos investigaciones independientes para confirmar o rebatir nuestras afirmaciones. En todos los casos suministramos suficiente información de manera que si lo hubieran hecho no hubieran tenido más remedio que conformar un 99 % de nuestro informe, lo que los obligaría a procesar a los responsables de prácticas de tortura y a compensar a las víctimas.
Confirmado.net/DW
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