La primera acusación vino del frío. Un documental exhibido en la televisión de Noruega involucraba a Muhammad Yunus, “el banquero de los pobres”, en supuestas operaciones financieras para evadir impuestos. Luego se agregaron acusaciones menores como el no haberse jubilado del cargo de director ejecutivo del Grameen Bank (banco “de las aldeas” en lengua bangla), fundado por él, y en el que el gobierno de la República Popular de Bangladesh participa con cuatro de los 12 miembros del Consejo Directivo. Con ese número, a través del Banco Central de Bangladesh, se decidió la remoción del Premio Nobel de Economía (“por sus esfuerzos para crear desarrollo económico y social desde abajo”, lo definió el Comité sueco que lo galardonó en el 2006), quien anunció su resistencia a tal medida al presentar sendas demandas en el Tribunal Superior de Dacca además de contar con el apoyo del resto de los directores de la entidad bancaria.
Cuando las sospechas de elusión fiscal y los argumentos etarios se ven debilitados, las verdaderas razones salen a la superficie junto con una investigación del Estado noruego (su principal donante) en la que se desestima las imputaciones contra Yunus y su banco por el trasvasamiento ilegal de fondos entre entidades del Grupo Grameen por la suma de 96 millones dólares. Así y todo, la primera ministra bengalí Sheikh Hasina insiste con las presiones para destituir al Nobel, llamándolo “chupasangre de los pobres”. Los partidarios de éste aseguran que es una represalia desde que Yunus acusó a los políticos de su país de “corruptos que sólo van detrás del dinero” y luego amagó con crear su propio partido, como tercera vía para disputar el poder en esta nación del sur de Asia. La vida política bangladeshí está dominada por dos dinastías desde hace veinte años, la de Hasina y la opositora Khaleda Zia, ambas acabaron con sus huesos en prisión bajo cargos de corrupción luego del golpe de Estado de 2007 y mientras “el banquero de los pobres” ocupaba la escena nacional e internacional con su iniciativa de microcréditos a familias de bajos recursos.
Sin embargo, otros intereses pueden moverse detrás de esta campaña contra el fundador del “banco de las aldeas”. Una trama oscura tejida en torno de la práctica de distribución de pequeños créditos a familias, sin garantías, que les permitan salir dignamente de la miseria. La experiencia se remonta a 1976, cuando Yunus, entonces profesor de la Universidad de Chittagong, decidió asignar 27 dólares a 42 mujeres de Jobra, un poblado lindante al campus universitario. El experimento buscó demostrar que con el compromiso de estas personas y sin un aval económico necesario se podía combatir la pobreza mediante la idea de repartir microempréstitos: “Cuando una mujer consigue rendimientos por su actividad, los que se benefician en primer lugar son sus propios hijos” fue el sostén de su teoría. Desde 1983, fecha de creación del Grameen Bank, ha demostrado su éxito con la apertura de 2.500 sucursales, una cartera de 8,3 millones de usuarios, 8.700 millones de dólares en préstamos, con una tasa de morosidad que apenas supera el 2%, y el 94% de su capital constituido por los propios titulares de sus créditos. Aunque todo aparenta ser el reflejo de una exitosa alternativa socioeconómica, la proliferación de nuevas compañías dedicadas a la misma actividad, pero con la dinámica de prestar dinero sin control y un declarado fin de lucro, torna abusivas las condiciones de devolución e insta a endeudarse cada vez más a la gente que los toma, situación que algunos analistas económicos locales llegaron a comparar con el “mercado basura” que prologó el desenlace de la gran crisis financiera de Estados Unidos en 2008. Como “tiburones” y “subprime de los miserables” ha atacado Yunus a estas firmas, responsabilizándolas de los más de dos centenares de deudores que optaron por el suicidio como salida. “Que no se autoproclamen entidades de microfinanzas”, había demandado el economista surasiático y también premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1998, lo que le aseguró una legión de nuevos enemigos en el ámbito financiero. Quizás Abul Mal Abdul Muhit, ministro de Finanzas de Bangladesh, sea vocero de ese bando y, para acabar con el dilema moral, con extremada sutileza echó mano a la ley jubilatoria, que obliga a los directores bancarios a retirarse al alcanzar los 60 años de edad, y reclamar su dimisión cuando Muhammad Yunus está a punto de cumplir los 70 y lleva ya 10 de reelecto al frente de la institución.
Fuente:El Argentino
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