Un detalle exhaustivo de esas demandas en el Poder Judicial será presentado el último día de marzo. Un cálculo aproximado, pero no definitivo, da cuenta que el total de juicios involucraría una cifra que supera los 1.000 millones de pesos. De los 6.540 juicios en trámite, señaló Rodríguez Signes, “la mitad corresponde a beneficios de litigar sin gastos, y ejecución de honorarios”, e involucra causas que alcanza a la Administración Central, y también a organismos descentralizados, como el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER),
La provincia enfrenta en la actualidad un total de 6.540 demandas, algunas como demandante, pero otras tantas más como demandado.
Buena parte de los pleitos judiciales son laborales, y la mayoría de estos tienen su origen en los sucesivos procesos de privatización de empresas del Estado concretadas durante la década de 1990.
Un cálculo aproximado, pero no definitivo, da cuenta que el total de juicios involucraría una cifra que supera los 1.000 millones de pesos.
Un detalle exhaustivo de esas demandas en el Poder Judicial será presentado el último día de marzo por el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, a la Legislatura, tal cual lo establece la Constitución de Entre Ríos.
El artículo 209º de la Carta Magna fija que antes del 31 de marzo de cada año la Fiscalía de Estado informará el listado de juicios en trámite y su estado, y que esa información debe ser puesta a consideración del Poder Legislativo, y también del Ejecutivo.
De los 6.540 juicios en trámite, señaló Rodríguez Signes, “la mitad corresponde a beneficios de litigar sin gastos, y ejecución de honorarios”, e involucra causas que alcanza a la Administración Central, y también a organismos descentralizados, como el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (IOSPER), agobiado por amparos de parte de afiliados; Salud, con causas por mala praxis; y la Policía, por accidentes de tránsito de los patrulleros.
Pero el listado no incluye causas que tramitan organismos como la Dirección General de Rentas (DGR) y el Instituto Autárquico Provincial del Seguro: “Sobre los cuales no tengo registro”, señaló. “Estoy tratando de cuantificar económicamente lo que supone esa cantidad de causas, que no son todas contra el Estado, sino en muchas la provincia es parte como demandante. Pero una suma estimativa diría que superan los 1.000 millones de pesos”, aseveró.
El número de causas supone un incremento del listado contenido en la última presentación hecha por la Fiscalía de Estado ante la Legislatura: en 2010 el conteo había establecido un total de 4.917 juicios.
El registro de demandas tiene una necesidad clave: conocer la envergadura de las sumas en juego y, ante la eventualidad de que los pleitos se pierdan en sede judicial, contar con la previsión presupuestaria para hacer frente al pago de la indemnización impuesta y las costas.
Publicado por DIARIO JUNIO DIGITAL el domingo, marzo 27, 201
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