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El Dr. González Lapeyre agregó que la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "establece que las leyes de amnistía son incompatibles con el Pacto de San José de Costa Rica. Esto significa que tanto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado de 1986, como la Ley de Amnistía de 1985, contradicen a la ley internacional que refiere a los derechos humanos. Esos dos pilares que fueron en su momento básicos para el encauzamiento democrático de nuestro país, contradicen al derecho internacional".
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó dejar sin efecto la Ley de Caducidad. Entienden que la misma significa un obstáculo en la búsqueda de verdad por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
Según el fallo del organismo, la Ley de Caducidad "carece de efectos por su incompatibilidad con la Convención Americana y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en cuanto puede impedir la investigación y eventual sanción de los responsables de graves violaciones de derechos humanos".
El Dr. González Lapeyre explicó a Montevideo Portal que el dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos constituye un precedente y en situaciones similares podrá ser objeto de reclamos y accionamientos "análogos".
"Quiero ser claro en lo siguiente: esto no solamente refiere a la Ley de Caducidad, sino también a la Ley de Amnistía de 1985. Entonces, por ejemplo, si la familia de Pascasio Báez se presenta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y luego ante la Corte, seguramente se expida en iguales términos. La derogación de la Ley de Caducada produce efectos hacia el futuro, no tiene efectos retroactivos. No puede desaparecer del mundo jurídico todo el ordenamiento de estas leyes. Creo que en el plano interno va haber que proceder conforme a la acción de inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad. El fallo es inapelable", subrayó Gonzalez Lapeyre.
Ante la OEA
El abogado Carlos Matta, quien representó al estado en la contienda en la OEA por el caso Gelman, informó a Montevideo Portal que los asesores jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores estuvieron durante este jueves analizando la resolución dada por la corte internacional que decidió conceder una indemnización de 185 mil dólares para Macarena Gelman y condena la existencia de la Ley de Caducidad en nuestro sistema jurídico.
El canciller Luis Almagro se encuentra en Irlanda y regresará a nuestro país el próximo lunes 28. El día siguiente realizará una conferencia de prensa en el marco de la formalización de reconocimiento uruguayo a Palestina.
Durante el litigio internacional la defensa del Estado uruguayo basó sus argumentos en las pruebas de que el Estado no había sido omiso en su reconocimiento del terrorismo estatal ejecutado durante la década del 70, sino que había asumido responsabilidades y realizado avances en materia de respeto por los derechos humanos y reparación de daños.
En 2010
El caso fue recibido por la CIDH en enero de 2010 y las audiencias comenzaron los primeros días de octubre en Quito, luego de ser suspendidos por el intento de golpe de estado ocurrido en los últimos días de setiembre.
Se trata de la primera vez que se realiza una demanda ante la CIDH y fue el resultado de siete años de trabajo por parte de la defensa de la familia Gelman.
María Claudia García fue secuestrada en Argentina cuando tenía 19 años, estando embarazada de Macarena Gelman y fue mantenida con vida hasta que dio a luz y luego desaparecida.
En 2005, el entonces presidente Tabaré Vázquez llevó a Macarena Gelman al Batallón 14 y le señaló el lugar donde supuestamente estaban enterrados los restos de su madre. Sin embargo el dato era falso y según averiguó en su momento Montevideo Portal, fue aportado por uno de los militares que se encuentra recluido en Domingo Arena.
Montevideo Portal
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