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Huffington Post/Alternet
Estrategias de combate inadecuadas e ineficientes y una red global de corrupción en continua renovación forman parte del complejo problema.
A diferencia de terroristas o de grupos guerrilleros, los cárteles no están motivados por la ideología o los ideales, sino por la obtención de beneficios; y por cierto, por la ambición de poder. Las cadenas de comando a múltiples niveles de los cárteles, su periódica reorganización, consistentes reclutamientos, alianzas criminales internacionales, creciente fuerza letal y sofisticación, los convierten en un enemigo omnipresente: difícil de atacar, y aún más difícil de debilitar si la batalla se libra solo con artillería.
No obstante, EE.UU. ha gastado miles de millones de dólares combatiendo un enemigo semejante durante las últimas cuatro décadas, sin otra estrategia que el uso de armamento, y de tácticas bélicas. El ‘corazón’ de las organizaciones criminales –sus finanzas– lo dejan, misteriosamente, sin tocar.
Todo está grabado en los registros de la tan criticada política de la droga de EE.UU., incluso antes de que el presidente Richard Nixon acuñara por primera vez el término “Guerra contra la Droga” en 1971. Desde entonces no se han logrado resultados sustanciales.
La Oficina del Programa de Contra Narco-terrorismo (CNTPO, por sus siglas en inglés) del Pentágono –una entidad prácticamente desconocida creada en 1995– acaba de anunciar un contrato por 3.000 millones de dólares para operaciones antinarcóticos financiadas por EE.UU. en todo el mundo, incluidos Afganistán, Pakistán, Colombia y ahora también México.
Las licitaciones estuvieron abiertas a firmas privadas de seguridad desde el 9 de noviembre, y la distribución del presupuesto por categoría incluye hasta 950 millones de dólares para “operaciones, logística, y construcción menor”, hasta 975 millones para el entrenamiento de fuerzas extranjeras, 875 millones para tareas de “información” y 240 millones de dólares para “apoyo de programa y programático”, como señala el anuncio oficial.
La estrategia del Pentágono y del Departamento de Defensa a través del CNTPO, forma parte del plan de la privatización de la ayuda militar y de los servicios de inteligencia, que resulta ser un negocio muy lucrativo, y parte de la iniciativa secreta de EE.UU. de transferir tácticas de la llamada “guerra contra el terror” a la “guerra contra la droga”.
Según la descripción ofrecida por el gobierno federal, el CNTPO trata de proveer una amplia variedad de servicios de seguridad que, en el caso de México, incluirían la instrucción de pilotos y mecánicos de los helicópteros UH-60 (Halcón Negro), Schweizer 333 u OH-58 y Bell 206; el desarrollo y entrega de currículos, el suministro de todo el personal, equipamiento y materiales, y la realización de entrenamiento de pilotos y tripulación para helicópteros de visión nocturna. Otros contratos incluirán la entrega de equipamiento y entrenamiento para intercambiar información sobre actividades del narcotráfico.
El gobierno mexicano no ha encarado hasta ahora la presencia potencial de firmas privadas extranjeras que enseñen cómo patrullar las numerosas áreas conflictivas de su territorio, donde la guerra de la droga ha llevado a 50.000 muertes en los últimos cinco años.
Pero, por desconocido que sea, y a pesar de no tener una oficina física dentro del Pentágono, el CNTPO tiene una cierta historia: En 2009, esa entidad trató sin éxito de otorgar un contrato por 1.000 millones de dólares a la corporación de servicios militares Blackwater. Según Wired News, empleados de Blackwater han sido acusados de corrupción, robo y violación de derechos humanos mediante contratos de servicio en Iraq y Afganistán. El escándalo llevó a un cambio de nombre. Blackwater es ahora Xe Services LLC.
Más allá del caso específico de Blackwater, algunos expertos militares han expresado preocupación porque los mercenarios obtendrán lucrativos contratos bajo la identidad de corporaciones privadas, excediendo sus límites en una amplia variedad de actividades, que vayan desde el uso de criminales como fuente de inteligencia, a la violación de derechos civiles y humanos.
En México, numerosos analistas creen fuertemente –sobre la base de presunta evidencia sólida– que ya hay algunos mercenarios operando en el país, pagados por civiles acaudalados, gobernadores y otras autoridades, para hacer el ‘trabajo sucio’ de lo que llaman una ‘limpieza social’ que se propone la eliminación de individuos o pequeños grupos que presumiblemente trabajan o son obligados a trabajar para una u otra banda o cártel. En ese sentido, el argumento es que mercenarios extranjeros disfrazados de proveedores de servicios de seguridad solo empeorarían el clima existente de violencia y miedo.
También es importante reconocer que hay algunas contradicciones estructurales que son críticas para la llamada guerra de la droga.
Como sucedió en Colombia, los esfuerzos del pasado que lograron una significativa disminución del narcotráfico inevitablemente lo empujan hacia otras latitudes; en México, el combate contra los cárteles ha llevado a que la actividad criminal se mude y expanda en otros Estados, e incluso a Centroamérica y el Caribe. Pero en este ciclo de restructuración de la ‘ruta’, es solo inevitable que en última instancia, los traficantes vuelvan a las regiones en las cuales solían tener el centro de su negocio.
Como resultado de esta situación, hay que formular algunas preguntas. ¿Implementa EE.UU. la política adecuada de la droga? ¿Es congruente México al llevar al límite la guerra contra la droga, a sabiendas de que hay un gigantesco mercado de consumo frente a la puerta? ¿Cuál es la perspectiva a largo plazo? ¿Hay alternativas? ¿Deberíamos considerarlas todas en la discusión? ¿Cuál es el coste? ¿Cuál es el beneficio de cada alternativa?
El aumento del encarcelamiento y los esfuerzos de represión del contrabando no han disminuido la cantidad de usuarios de drogas ilícitas en EE.UU., que se cifra de modo conservador en más de 20 millones. Y aunque el tratamiento de la droga es esencial para toda la reducción de la demanda, no es suficiente. Las políticas económicas y de atención de la salud son también políticas contra la droga. Y en este caso, la política exterior también se convierte en política contra la droga. ¿Lograrán algún día nuestros gobiernos que todas coincidan? Es la pregunta decisiva.
Mientras tanto, el CNTPO comenzará a gastar el dinero de los contratos en agosto de 2012. Será, de nuevo, 3.000 millones de dólares.
.Aurelia Fierros es una veterana periodista independiente con una experiencia de más de dos décadas. Ha sido reportera, guionista, productora y presentadora de noticias en la televisión y la radio, así como columnista y escritora de artículos en los medios impresos. Ha participado en varias campañas políticas como reportera en el terreno, como consejera de estrategia de comunicaciones y como escritora de discursos.
Por más información y seguimiento:
. www.blackwaterwatch.com/
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