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Resulta importante reconocer que el uso abusivo del ejercicio de la violencia policial en contra de un comunicador implica no sólo vulnerar su legítimo derecho a informar, sino también el de una sociedad toda a recibir informaciones diversas, y con ello, su intento por acercarse a la verdad.
Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 19, “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. La información, entonces, no se entiende como bien individual, sino como bien público, social y colectivo.
Es necesario entender, entonces, que además de tener un valor propio, la información tiene un valor instrumental, pues sirve como instrumento para el ejercicio de otros derechos y para la fiscalización de los poderes públicos.
Es fundamental para la realización y el pleno ejercicio de una democracia participativa.
Curiosamente, la mayoría de los casos de violencia contra trabajadores de la prensa, se producen cuando se intenta develar excesos de las autoridades o de la fuerza policial.
Las denuncias realizadas por la Unión de Reporteros Gráficos y Camarógrafos y por el Colegio de Periodistas de Chile, son múltiples. Los casos más recientes e innegables: Rodrigo Cisternas, reportero del diario La Tercera, quien fue golpeado con un chorro de un vehículo lanza aguas; Luis Narváez, periodista de Chilevisión, agredido por agentes de Fuerzas Especiales y detenido sin razón, y Cristian Opazo, fotógrafo golpeado en el rostro con un proyectil lacrimógeno.
Es quizás el caso más tristemente recordado, el del entonces fotógrafo de la agencia española EFE, Víctor Salas, quien perdió un ojo tras el golpe que le propinó un carabinero montado a caballo durante una manifestación de profesores en Valparaíso, en el año 2008.
En la búsqueda de justicia frente a esos casos, y en el camino de exigir el derecho de toda la sociedad a ser informada, los comunicadores hemos decidido hacernos cargo de la deleznable situación. El movimiento Periodistas por la Refundación (PPLR), ha establecido una alianza estratégica con el Centro de Estudios Jurídicos de la Universidad de Chile (CEJ), quienes han generado el programa Asesorías Ciudadanas para sistematizar los casos de violencia en manifestaciones.
La apuesta es que el CEJ dote de herramientas legales y ciudadanas a comunicadores y trabajadores de la prensa para enfrentar eventuales excesos de violencia policial contra ellos y así resguardar el derecho a la información de la ciudadanía.
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Javiera Olivares M.
Periodista
Consejera Metropolitana Colegio de Periodistas
Movimiento Periodistas por la Refundación
El Ciudadano Nº114, segunda quincena noviembre 2011
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