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Desde la Coordinadora Nacional por la Recuperación de Tierras Malhabidas, nos dirigimos a la ciudadanía, a la opinión pública y al pueblo paraguayo en general, para expresar nuestro parecer en torno al conflicto que se está desarrollando en el denominado Caso Ñacunday:
1- Reivindicamos la lucha por la tierra encarada por humildes compatriotas durante décadas, llegando inclusive a poner en riesgo su vida para conquistar un derecho garantizado por la propia Constitución Nacional.
2- Estamos seguros de que existen incumplimientos legales por parte de extranjeros en toda la franja fronteriza y que lastimosamente los sectores con mayor poder económico en nuestro país no solo son fraudulentos sino también vendepatrias, por lo que con seguridad defenderán intereses económicos, sin pestañear, frente al saqueo al patrimonio paraguayo. En esta misma línea, se encuentran el Poder Judicial y varios parlamentarios, aliados todos para crear la desestabilización, incitando a la violencia bajo el manto del engaño.
3- En lo que se refiere al territorio defendido tanto por Favero como por centenares de familias sintierra, también consideramos que el Estado paraguayo debe actuar con todo el rigor y la firmeza que le corresponde para verificar la legalidad de la propiedad, atendiendo a los dudosos manejos de Favero durante la dictadura stronista y a las millones de hectáreas entregadas durante el mencionado periodo, violando los sucesivos estatutos agrarios. Existen muchos datos que dan cuenta del manejo sospechoso de Favero no hoy, sino desde hace décadas.
4- Lamentamos el cerco mediático levantado alrededor de toda la población paraguaya. Se esconde gran parte de la información sobre la historia de las tierras de Ñacunday; y las que no se esconden, o bien se presentan de manera parcial y/o tergiversada, o si no, se colocan las informaciones que demuestran el carácter público de las mencionadas tierras, pero colocando dichas informaciones como supuestas que en la propia crónica ya son confrontadas por el medio que las publica. Verdaderamente, cada vez podemos notar más el carácter antidemocrático del acceso a la información que proponen los grupos de poder que concentran la propiedad sobre los medios masivos de comunicación.
5- Cuestionamos duramente a altos exponentes del Gobierno que vacilan ante las amenazas y provocaciones de la oligarquía, dejando un nefasto precedente de falta de firmeza a la hora de combatir la corrupción y el saqueo del que ha sido objeto el Estado paraguayo y su pueblo.
6- De la misma manera, seguro estamos de que esta administración del INDERT es probablemente la mejor de todo el periodo de transición, desde 1989 a esta parte, y ni hablar en comparación con las macabras administraciones de la dictadura stronista, por lo que creemos totalmente desatinado el pedido de destitución de Marciano Barreto. Asimismo, reivindicamos la labor de las Fuerzas Armadas en la patriótica tarea de resguardar la seguridad fronteriza.
7- Así también, debemos aclarar que no concordamos con la dirección política de la Liga Nacional de los Carperos (LNC), porque entendemos que no se maneja con criterios de unidad, transparencia y madurez política, como también vemos que dentro de la mencionada organización pueden estar primando la influencia de provocadores que objetivamente perjudican la histórica lucha por la tierra y la reforma agraria. Sabemos, igualmente, que varias familias que legítimamente reclaman un pedazo de tierra, están siendo mal informadas por algunos dirigentes. Por supuesto, esta situación no resta la legitimidad de los reclamos en torno a Ñacunday y a la defensa de la franja fronteriza; simplemente lo traemos a colación porque tenemos propuestas de solución que implican nuevas formas de encarar este problema.
8- Alertamos a todo el pueblo paraguayo, a todas y todos las y los habitantes del país, que tanto entre los llamados productores de la zona, como también en las filas de los denominados carperos, entre los personeros de la oligarquía y dentro del propio Gobierno (entiéndase principalmente el Poder Judicial y algunos parlamentarios), existen actores que, conjuntamente, están tramando el plan desestabilizador buscando inclusive generar hechos de sangre que agudicen el conflicto, motivados por miserables y mezquinos intereses.
9- Por último, y ante esta delicada situación, hacemos un llamado a todas las organizaciones del sector campesino para organizar una agenda a discutir con el Presidente. Lugo, de modo que tanto el Gobierno como el pueblo paraguayo puedan organizar el espacio de debate que permita la articulación de fuerzas con la capacidad de confrontar a todos los terratenientes, comerciantes y empresarios que trabajan en la ilegalidad y atentan contra el interés nacional, priorizando una profunda y pública mensura judicial que permita una exhaustiva revisión de la tenencia de la tierra, que sabemos es a todas luces injusta en nuestro querido Paraguay.
.¡Por la recuperación de las tierras malhabidas!
¡Por la defensa de la soberanía!
¡Unidad y movilización contra la corrupción!
Asunción, 1 de febrero de 2012
Contactos:
Luis Aguayo (0982) 966-919
Esther Leiva (0983) 454-870
Jorge Galeano (0976) 992-105
Fuente: CONAMURI
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