Declaración pública: autoridades ancestrales y dirigentes de los pueblos indígenas autoconvocados

Las Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, manifiestan que la relación del Estado de Chile con los Pueblos Indígenas, mantiene una línea política asimilacionista, integradora y aniquiladora de la continuidad histórica de los Pueblos Indígenas. Somos afectados por la imposición unilateral de leyes y medidas administrativas, los procesos de diálogo con las autoridades del Estado son forzados y poco sinceros, experimentamos una abierta vulneración de nuestros Derechos. Tanto el Convenio 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ha sido letra muerta y reafirma el carácter de una decisión obligada burocráticamente para responder a las presiones de los organismos internacionales de un Chile Globalizado. Es más, se suscriben Convenios- Creación de un Consejo de Autoridades Ancestrales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados.

Internacionales para el sustento de una falsa democracia y sin voluntad real de establecer una nueva relación del Estado de Chile con los Pueblos Indígenas y sus Autoridades Ancestrales.1.- Impugnamos todas las Leyes y Medidas Administrativas cancelatorias de los Derechos de los Pueblos Indígenas,

La dictación de nuevas leyes y decretos cancelatorios de derechos de los Pueblos Indígenas sin la debida Consulta de acuerdo estándares internacionales, coloca al actual Gobierno en abierta violación de la Constitución del Estado de Chile. Se vulnera la Ley cada vez que se toman medidas administrativas y legislativas sin consulta. Se siguen autorizando exploraciones mineras de empresas privadas nacionales e internacionales; se generan nuevos decretos inconsultos como el DS50, que fija procedimientos arbitrarios y unilaterales, para otorgamiento de concesiones turísticas en áreas silvestres protegidas; el proceso de dictación de Reglamento SEIA; desarrollo de proyectos gubernamentales como los propuestos para la explotación del Litio, que contraviene el Convenio; la Ley de pesca, recientemente aprobada por la Cámara de Diputados y que afecta directamente a los pueblos que habitan en las costas y en especial a los Lafkenche, Huilliche y Rapa Nui, entre otros.2. Denunciamos las presiones de los empresarios
Es un clamor generalizado la indefensión de los territorios indígenas ante la acción de empresarios ávidos de riqueza personal y ambición de poder. Las inversiones continúan amparados por un Estado expectante y una autoridad permisiva, que es consciente y promotor de un modelo económico expoliador de nuestras riquezas naturales. Este es el fondo del problema, un modelo económico cuya base son los Recursos Naturales. Son cientos los inversionistas que presionan y utilizan todo su poder de negociación para determinar procedimientos que cancelan los Derechos de los Pueblos Indígenas, bajo la falsa consigna de más inversión en los territorios más empleo y menos pobreza. El modelo económico glorificado por una minoría es parte del problema. Se constituye en una sacrosanta veneración de un sistema que genera más miseria y discriminación para los olvidados de siempre, miles y miles de de indígenas, que anhelan un futuro en libertad y en dignidad.3. Exigimos la anulación del DS 124, paralizar su utilización, demostrar la buena fe e iniciar la consulta en base a la autoejecutabilidad del artículo 6 y 7 del convenio 169
El Gobierno de Chile, legitima procesos de consulta sectoriales, amparado en el Decreto Supremo 124 y consagra pseudoconsultas, a partir de maniobras y mecanismos que incumplen la Ley. Es vital que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo cumplan con los tratados a los cuales están obligados por Ley. Es fundamental, que el Estado de Chile, asimile de una vez por todas que los Pueblos Indígenas existen y exigen respeto a sus derechos en el marco de una propuesta política. Los Pueblos Indígenas validan la existencia de leyes y tratados internacionales, pero paradojalmente el Estado por medio de sus autoridades se niega a cumplir la ley.

Recomendamos a los Pueblos Indígenas a no dejarse engañar participando en consultas emanadas por el ejecutivo que no cumplan con los estándares internacionales, a no dejarse cooptar con ofertas de diversas empresas tanto privadas como públicas, puesto que los derechos territoriales están consagrados en su plenitud en el Convenio 169 y en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La defensa del territorio constituye la defensa de la cultura y la vida de nuestros Pueblos
Exigimos el legítimo derecho a la libredeterminación
Queremos reafirmar nuestro legítimo derecho a la autodeterminación en el marco de los derechos consagrados en los cuerpos jurídicos ratificados por el Estado de Chile. Continuar con la aplicación y cumplimiento del 169 a cabalidad, generando propuestas de participación y representatividad en debates y resoluciones democráticos que nos den dignidad y soberanía como pueblos dentro de este Estado. La única forma de seguir adelante con un diálogo directo eficiente y duradero es eliminando las condicionalidades impuestas en el ejercicio de los derechos de los Pueblos Indígenas. No aceptaremos ninguna imposición que se traduzcan en ceder derechos colectivos. No formaremos parte de ninguna Comisión Amplia que se ha desvirtuado con la inclusión de Consejeros Presidenciales, cuestión que constituye una injerencia directa del Gobierno. Rechazamos el nuevo proceso de consulta desarrollado por los Consejeros de CONADI, puesto que es una institucionalidad estatal distinta a los Pueblos Indígenas. Respetamos a todos aquellos hermanos que fortalecen una posición de pueblos en este Consejo, pero deben asumir que es una institucionalidad de Estado. Y este nuevo plan, se aleja de los estándares internacionales de la Consulta. Nuestra posición es trabajar los mecanismos de consulta en un modelo definido por los propios pueblos
Proponemos
Ante este panorama de vulneración de derechos, la conformación de un Consejo de las Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas de carácter autónomo; La creación de las Asambleas o Consejos Autónomos por Pueblos, que permita desarrollar procesos de representación para la Consulta, fortalecer el diálogo y apoyar los mecanismos de deliberación de los Pueblos; La creación de una Comisión Técnica Asesora, que procese información experta respecto de los Derechos de los Pueblos Indígenas y una Secretaría Ejecutiva, que aporte los apoyos administrativos y logísticos necesario para cumplir con éxito nuestros propósitos.

Esta propuesta reivindica el ejercicio pleno de derechos de los Pueblos Indígenas. Esta nueva generación de derechos colectivos e individuales, fundamenta procesos autónomos e independientes del Estado, que se suman a las conquistas de los Pueblos y mejoran la Ley Indígena 19.253. Se orientan a superar una institucionalidad anquilosada y extemporánea. En esta perspectiva, estimamos que es contraproducente desarrollar mecanismos consultivos en los cuales la CONADI se hace presente a través de sus Consejeros y nos realicen invitaciones a participar a los Pueblos Indígenas. De acuerdo al carácter vinculante del Convenio 169, la consulta recae directamente en los Pueblos y sus Instituciones Representativas. Estos nuevos derechos dan legitimidad a los pueblos directamente y a sus instituciones representativas, cuestión que en la actualidad no se encuentra claramente definida, porque se deben iniciar procesos de consulta previa, libre e informada que conduzcan a la práctica real de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Comunicamos a las Autoridades de Gobierno, al Poder Legislativo y otros órganos del Estado de Chile, la conformación de las siguientes instancias de trabajo:


- Asamblea o Consejos Autónomos por Pueblos
- Consejo Técnico Asesor y una Comisión Ejecutiva.
- Mesa de Coordinación Nacional Indígena, en la cual estén presentes las instituciones de los Pueblos Indígenas y sus organizaciones representativas. Instancia, respetuosa de las identidades y autonomía de los actores participantes. Esta Mesa de Coordinación Nacional Indígena, será la encargada de consensuar el proceso de consulta e implementación del Convenio 169.
Hacemos un llamado al Congreso Nacional de Chile, tanto al Senado como a la Cámara de Diputados a honrar sus decisiones y compromisos.

Durante el mes de Diciembre de 2011, la Comisión de DD HH del Senado acordó conformar una Comisión Bicameral para desarrollar sus propios procesos consultivos de acuerdo a estándares internacionales. Esta decisión fue ratificada y gestionada por la actual mesa del Senado presidida por el Senador Camilo Escalona. Asimismo, el actual Presidente de la Cámara, Diputado Nicolás Monckeberg, comunico a los Coordinadores de las Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados, su compromiso en la constitución de la Comisión Bicameral. Es vital que el Congreso Nacional respete las leyes y tratados de Derechos de los Pueblos Indígenas y que respete su propia normativa interna en orden a garantizar el ejercicio de esos derechos.
Finalmente, llamamos al Gobierno a cambiar el rumbo de su política criminalizadora de las demandas de los pueblos indígenas y establecer un dialogo político al más alto nivel con los Pueblos Indígenas.

En lugar de convocar encuentros de seguridad que judicializa las demandas de los Pueblos Indígenas, inicie un proceso de dialogo transparente. Un dialogo real con las Autoridades Tradicionales y Dirigentes de los Pueblos Indígenas Autoconvocados. Medidas como invocación a leyes de seguridad interior del Estado u otras cancelatorias del estado de derecho, refleja su incapacidad para dar solución real a demandas históricas del pueblo mapuche. Lo emplazamos a un debate abierto y franco, y no avalar y considerar estrategias oscuras que pretenden manipular a la Autoridad Política en la toma de decisiones de carácter discriminatorias y dictatoriales. Lo convocamos a utilizar mecanismos políticos en un marco de derechos de los Pueblos Indígenas como medio de resolución de los conflictos políticos. Urge una nueva política indígena, que garantice nuestros derechos, de supervivencia y desarrollo, se implemente políticas públicas participativas para terminar con la situación de pobreza que se concentra en nuestros pueblos, cese la represión como política para ahogar y amedrentar las legitimas reivindicaciones territoriales. Que instruya a sus funcionarios públicos a actuar con pertinencia indígena, que respeten las formas de organización social, política de cada pueblo y velando por la participación en cada una de las etapas de formación de la política pública, elaboración, implementación y evaluación de políticas, planes y programas públicos en el marco de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Que se liberen a los Presos Políticos y se restituyan los territorios usurpados. Es ahora y no mañana el ejercicio de nuestros Derechos.
Organizaciones y comunidades indígenas autoconvocadas:
http://chancharrua.wordpress.com/2012/07/26/3879/
http://www.indh.cl/declaracion-publica-autoridades-ancestrales-y-dirigentes-de-los-pueblos-indigenas-autoconvocados