Arabia Saudita: Activistas tratados como terroristas

La dictadura de Arabia Saudí agrava la persecución de reformistas y defensores de Derechos Humanos acusándoles de desestabilizar el reino

Las protestas sociales, en especial en la región de Qatif, siguen movilizando a cientos, sino miles, de saudíes
Los activistas temen que el proyecto de ley antiterrorista, denunciado por ONG internacionales, se aplique permitiendo el arresto de disidentes bajo cargos de terrorismo
La suya era una sentencia esperada, aunque fuera injusta. El 16 de abril Mohamed Saleh al Bajadi, cofundador de la Asociación para los Derechos Políticos y Civiles de Arabia Saudí (ACPRA, lo más parecido a una ONG independiente que existe en el reino wahabi), fue condenado por un tribunal anti-terrorista a cuatro años de prisión seguidos de una prohibición de viajar de cinco años. Al juicio, que se celebró en secreto, no asistieron familiares del reo ni tampoco su representante legal, pero en la sala sí se encontraban oficiales de uniforme que daban al procedimiento un aire inequívoco de corte marcial.

Detenido el 21 de marzo de 2011 tras una protesta pacífica, Al Bajadi, que mantenía una huelga de hambre en protesta por su arresto sin cargos, se convertía así en el último y más prominente activista condenado por el Tribunal Especial Criminal, instaurado para juzgar delitos de terrorismo y relacionados con la Seguridad nacional y compuesto por jueces designados a dedo por el régimen. Eso, pese a que sus crímenes poco tienen que ver con la seguridad del reino: fue condenado por “poseer libros prohibidos, cuestionar la independencia de la Justicia, dañar la imagen del Estado mediante los medios y convocar a familiares de detenidos políticos a protestar”.
La condena de Al Bajadi ha suscitado críticas internacionales y el temor generalizado a que la caza de reformistas se agrave. “Ese tribunal fue establecido hace un par de años para juzgar a detenidos acusados de pertenecer a Al Qaeda. Nadie sabe demasiado sobre él o sobre las leyes que lo sustentan. Recientemente, presos civiles, muchos de ellos relacionados con protestas, han sido y están siendo juzgados por este tribunal especial. Al Bajadi fue jugado por esa corte, y parte de los cargos son participar en el establecimiento de una organización para los Derechos Humanos y animar a familiares de presos políticos a manifestarse en apoyo de los suyos”, explica Sadek al Ramadan, fundador del Centro saudí para los Derechos Humanos Adala, que nunca recibió la autorización del régimen para trabajar en su territorio, mediante un intercambio de correos electrónicos. La ACPRA, que tampoco fue autorizada, es la única organización que vela por los presos de conciencia saudíes y sufre por ello las presiones del régimen.
“Este tipo de tribunales dependen del Ministerio del Interior”, explica por su parte el abogado saudí Saleh al Amer, en conversación telefónica. “No han sido utilizados durante algún tiempo, e incluso se creó una tendencia de juicios públicos en 2010 y 2011 con presencia de abogados e incluso de medios de comunicación. Pero en el caso de Bajadi es especial porque se volvió a la tendencia anterior. Su juicio supone una violación de varias leyes saudíes, dado que es el Tribunal Superior de Justicia el que debe nombrar los jueces y tribunales. El hecho de que el Ministerio del Interior se arrogue esas competencias es ilegal. Pero sería todo un desafío plantearlo así ante los tribunales saudíes”.

El caso de Al Bajadi es un ejemplo del caprichoso uso que se hace de la Justicia en Arabia Saudí, donde la Sharia o Ley Islámica es la única fuente de jurisprudencia, los delitos dependen de la interpretación y a menudo de la imaginación de sus jueces y donde la separación de poderes es una quimera. También es un índice de la persecución oficial contra activistas de Derechos Humanos mediante tribunales anti-terrorismo, como destaca el investigador de Human Rights Watch Christophe Wilcke.
“Desde principios de 2011, estos tribunales juzgan y condenan a gente que critica la política del Gobierno y las instituciones religiosas o a aquellos que piden más respeto por el Estado de Derecho. En abril, condenaron a dos personas a prisión por activismo pacífico. Y el juicio de otros cuatro está en proceso por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, escribía en su informe de HRW. “Yusuf al Ahmad, un académico religioso, ha sido sentenciado a cinco años por un video donde criticaba la detención sin cargos y los juicios de sospechosos”. El profesor Khalid al Juhani fue condenado por “distorsionar la reputación del reino” tras una aparición en la BBC en la que hablaba de democracia; el líder tribal Mikhlif al Shammari lo fue por “retirar su obediencia al líder” tras expresarse de forma crítica contra la corrupción y el extremismo religioso; el activista Fhadil al Manasif por pedir la liberación de “dos ancianos tomados como rehenes por las fuerzas de Seguridad para que entregasen a sus dos hijos buscados”…
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