Argentina: Memoria, Verdad y Justicia |
El acto, organizado por la Red Federal de Sitios de Memoria, se realizó este mediodía en la esquina de las avenidas Wollmann y Uriburu, sobre la ruta 34. Allí se descubrió un cartel de 2 x 3 metros que describe cómo fue la represión que se desató en la zona y la participación protagónica que tuvo la empresa Ledesma.
Autoridades nacionales, provinciales y municipales, junto con sobrevivientes de los centros ilegales de reunión de prisioneros os, familiares de detenidos-desaparecidos, representantes de organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales se dieron cita en el lugar luego de que previamente se señalizara del mismo modo la comisaría 41 de Calilegua
Estaban presentes, entre otros, Jorge Ale, intendente del municipio –Libertador San Martín–; Horacio Pietragalla, diputado nacional de Frente para la Victoria; Judith Said, Coordinadora General del Archivo Nacional de la Memoria y una de las organizadoras del acto; Taty Almeyda, de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y Milagro Sala, jefa de la organización Tupac Amaru.
También estuvieron allí el ministro de Gobierno de Jujuy, Oscar Insasuisti; la secretaria provincial de Derechos Humanos, Natacha Freigo; el titular del INADI local, Germán Noro; la intendenta de Calilegua, Elsa Flores y el diputado nacional por el Frente para la Victoria, Marcelo Santillán.
“Ledesma fue cómplice de la dictadura militar que nos tocó sufrir a todos los argentinos, como lo fue el poder económico de este país", sintetizó uno de los oradores, el alto Pietragalla, que fue dado en adopción irregular por sus apropiadores tras el asesinato de sus padres.
A menos de 24 horas del inicio del juicio oral por el esclarecimiento de los hechos conocidos como la "Noche del Apagón de Ledesma" cuando más de 400 trabajadores del ingenio fueron secuestrados en 1976 (y más de treinta desaparecieron para siempre) el diputado Pietragalla destacó que "éste es un paso más en el proceso de lucha y memoria".
"El juicio -en el que deberá prestar declaración el presidente de la empresa, Carlos Pedro Blaquier- es parte de la sintonía fina en derechos humanos de la que habla de la Presidenta, que en este caso implica no sólo seguir demostrando que acá hubo una dictadura, sino también que no fue sólo una dictadura militar, que hubo responsabilidad civil y económica".
Ernesto Samán, que estuvo entonces detenido en instalaciones de Ledesma, agradeció a la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y a Milagro Sala "el trabajo realizado para que los responsables de las desapariciones y detenciones vayan presos en el marco de la Memoria, la Verdad y la Justicia".
A su turno, Milagro Sala comenzó su alocución recordando que las plantaciones de caña de azúcar en general y el ingenio Ledesma en particular se levantaron sobre el trabajo esclavo de “los hermanos originarios” y evocó a Olga Arédez, la viuda del desaparecido intendente de Libertador General San Martín, Luis Arédez, como "ejemplo de lucha, al igual que a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo".
“Los militares fueron instrumento de los grupos económicos que manejaban los hilos del país”, dijo a su turno Franco Vitali, subsecretario para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia.
"Fue Néstor (Kirchner) quien después de un apagón de ideas, vino a recordarnos que la lucha por los derechos humanos es una lucha diaria", agregó Vitali.
Acerca de las responsabilidades de Ledesma, Lita Córdoba, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy, subrayó que "los detenidos en Calilegua fueron llevados en camionetas y trailers de la empresa".
Al terminar el acto, las organizaciones sociales fueron en caravana hacia un puesto de Gendarmería y a la comisaría 24ª, donde también se aplicaron torturas durante la dictadura. El puesto de Gendarmería queda a unos 150 metros de La Rosadita, la residencia de la familia Blaquier, dueña del complejo Ledesma, y al lado está la comisaría.
Sobre el juicio que empieza mañana, Raúl Noro, secretario de Comunicación de la agrupación Tupac Amaru, dijo a Télam que "esperamos movilizar mañana tanta gente como lo hicimos el 24 de marzo de este año". Aquel acto reunió a decenas de miles de personas y tuvo como consecuencia directa la renuncia del cuestionadísimo juez Carlos Olivera Pastor, que se negaba a incluir a Blaquier entre los imputados por su responsabilidad civil en los secuestros.
Cabe destacar también que ayer la Legislatura provincial declaró de interés legislativo los juicios contra el terrorismo de Estado durante la última dictadura. También creó una Comisión de Derechos Humanos y una comisión especial sobre temas vinculados al Terrorismo de Estado que tiene por función recibir, considerar y tratar peticiones relativas a la vigencia de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la provincia
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