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Estallido social por un caso de gatillo fácil.La muete de tres jóvnes a manos de la Policía desnudó la realidad preocupante en la capital del esquí. Como funcionan los ochos retenes para aislar a los más pobres. Caos, represión, muerte y viejas heridas que no cicatrizan.
Ese fue el peligroso cóctel que finalmente explotó en la ciudad de San Carlos de Bariloche después de que el jueves por la mañana se conociera un nuevo caso de "gatillo fácil", a manos de la policía de Río Negro, y que desnuda una realidad largamente instalada: la militiarización y el virtual estado de aislamento de los habitantes de los barrios altos de Bariloche, quienes denuncian puestos policiales en cada acceso a la zona céntrica, en los que arbitrariamente se les exige documentación y que den motivos convincentes para que se les permita el acceso a la parte turística de la ciudad.
“Vivimos en verdaderos guetos. Estamos encerrados, y dependemos de la buena voluntad de cada policía para poder bajar a la ciudad-postal”, explica a PERFIL un vecino de los barrios altos que pidió reserva de su nombre ya que, por su posición activa en la defensa de sus derechos, ya sufrió en varias oportunidades, en carne propia, la saña policial.
“Hace cinco años está vigente una política de amedrentamiento y de represión sistemática hacia la gente de los barrios altos, que se potencia en temporada alta, cuando vienen turistas de todo el mundo. Entonces hasta los pasajeros de los colectivos tienen que exhibir sus documentos en alguno de los ocho retenes para pasar de la ‘zona fea’ a donde están las casas de té y las finas hosterías”, revela este joven habitante del barrio San Francisco. Y no es sólo él, sino todas las fuentes consultadas por este diario las que señalan que la policía suele recorrer la zona céntrica de Bariloche “a la caza” de jóvenes del Alto, a quienes ordenan volver a sus barrios bajo amenazas, que muchas veces se transforman en casos ejemplificadores.
“Son constantes las detenciones arbitrarias –excusadas en averiguación de antecedentes o en el código contravencional–, golpizas y operativos de la policía provincial sin orden judicial”, asegura María del Carmen Verdú, abogada y miembro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
La denuncia sobre los abusos a los que son sometidos los habitantes del Alto también es compartida por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche: “Los piquetes policiales en los accesos a la zona más pobre son una realidad que se denuncia hace mucho tiempo aquí, pero las autoridades políticas nunca han aparecido ni se han hecho cargo”, dice indignada Mara Bou, quien agrega que todavía aguardan avances en la investigación por las muertes de Matías Carrasco, de 17 años, y Sergio Cárdenas, de 29, registradas durante los disturbios del jueves, al ser heridos con balas de plomo pese a que la Policía garantizó que sólo había utilizado munición de goma. Las dos víctimas de la represión, al igual que Diego Bonefoi, fueron veladas ayer.
También la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, se muestra alarmada. “Hace cuatro años que denuncio casos de apremios ilegales en la provincia, y toda esta historia implosionó con la ejecución de Bonefoi, a quien ejecutaron por la espalda y no estaba armado”, asegura.
Los vecinos de los barrios altos recuerdan que “la militarización” comenzó en noviembre de 2005 con el asesinato, durante un intento de robo, de un remisero. Entonces se prometió “mano dura” y “tolerancia cero”, lo que se tradujo, según cuenta Luis Fernández, del Grupo Encuentro, en “medidas de persecución y mucho control focalizado en los jóvenes. Empezaron los puestos que prohibían el paso al centro. El amedrentamiento y el hostigamiento que se sufre son muy difíciles de probar, y más aun cuando no se confía en nadie para denunciarlos”.
“Vivimos en verdaderos guetos. Estamos encerrados, y dependemos de la buena voluntad de cada policía para poder bajar a la ciudad-postal”, explica a PERFIL un vecino de los barrios altos que pidió reserva de su nombre ya que, por su posición activa en la defensa de sus derechos, ya sufrió en varias oportunidades, en carne propia, la saña policial.
“Hace cinco años está vigente una política de amedrentamiento y de represión sistemática hacia la gente de los barrios altos, que se potencia en temporada alta, cuando vienen turistas de todo el mundo. Entonces hasta los pasajeros de los colectivos tienen que exhibir sus documentos en alguno de los ocho retenes para pasar de la ‘zona fea’ a donde están las casas de té y las finas hosterías”, revela este joven habitante del barrio San Francisco. Y no es sólo él, sino todas las fuentes consultadas por este diario las que señalan que la policía suele recorrer la zona céntrica de Bariloche “a la caza” de jóvenes del Alto, a quienes ordenan volver a sus barrios bajo amenazas, que muchas veces se transforman en casos ejemplificadores.
“Son constantes las detenciones arbitrarias –excusadas en averiguación de antecedentes o en el código contravencional–, golpizas y operativos de la policía provincial sin orden judicial”, asegura María del Carmen Verdú, abogada y miembro de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi).
La denuncia sobre los abusos a los que son sometidos los habitantes del Alto también es compartida por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Bariloche: “Los piquetes policiales en los accesos a la zona más pobre son una realidad que se denuncia hace mucho tiempo aquí, pero las autoridades políticas nunca han aparecido ni se han hecho cargo”, dice indignada Mara Bou, quien agrega que todavía aguardan avances en la investigación por las muertes de Matías Carrasco, de 17 años, y Sergio Cárdenas, de 29, registradas durante los disturbios del jueves, al ser heridos con balas de plomo pese a que la Policía garantizó que sólo había utilizado munición de goma. Las dos víctimas de la represión, al igual que Diego Bonefoi, fueron veladas ayer.
También la Defensora del Pueblo, Ana Piccinini, se muestra alarmada. “Hace cuatro años que denuncio casos de apremios ilegales en la provincia, y toda esta historia implosionó con la ejecución de Bonefoi, a quien ejecutaron por la espalda y no estaba armado”, asegura.
Los vecinos de los barrios altos recuerdan que “la militarización” comenzó en noviembre de 2005 con el asesinato, durante un intento de robo, de un remisero. Entonces se prometió “mano dura” y “tolerancia cero”, lo que se tradujo, según cuenta Luis Fernández, del Grupo Encuentro, en “medidas de persecución y mucho control focalizado en los jóvenes. Empezaron los puestos que prohibían el paso al centro. El amedrentamiento y el hostigamiento que se sufre son muy difíciles de probar, y más aun cuando no se confía en nadie para denunciarlos”.
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