Uruguay: A Cruzar el río - Emilio Cafassi

A pesar de que la toponimia le atribuye a Gualegualychú el significado guraní de río manso, sucesivos pobladores fundacionales fueron sufriendo la agitación y la violencia que el significante negaba. A fines del siglo XVIII los colonos latifundistas tuvieron sangrientos enfrentamientos con pequeños pobladores dispersos, es decir, los desposeídos, además de sufrir las consecuencias de las incursiones portuguesas desde la Banda Oriental. Precisamente por éstas fue que el Virrey decidió reforzar la presencia española encargando al sargento Rocamora la fundación de tres villas al sur de lo que hoy es la provincia argentina de Entra Ríos: Gualeguay, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú. Hasta mediados del siglo XIX, Gualeguaychú estuvo sometida en el terror al punto de ser saqueada por Garibaldi en 1845. La governación de Urquiza no le ahorró sangre a la región, ya que hizo del territorio su propio feudo del que fue amo y señor de la vida (y la muerte): se autocedió una suerte de derecho fáctico de pernada vitalicia, además, de concentrar tierra y riquezas y proyectarse a escala nacional. Hasta el siglo XX su historia fue renuente a la mansedumbre aludida en su denominación.

Ya erigida en ciudad para el siglo pasado, su desarrollo fue el previsible de un conglomerado urbano asentado en tierras fértiles de llanura y suaves elevaciones con abundante humus: explotación agropecuaria intensiva orientada a la maximización de la renta agraria, concentración de la tierra y la tranquilidad de la vida pueblerina, con algún módico auxilio actual del ingreso turístico. Sus alrededores no son inmunes a la llegada masiva de la soja transgénica de la multinacional Monsanto ni a la implantación del eucalipto. Pero aquel período de permanente conflicto fue sólo un lejano recuerdo. La tecnoprosperidad agroquímica no es objeto controversial. Sin un crecimiento demográfico vertiginoso, es hoy una pequeña ciudad de poco más de 70.000 habitantes, con una actividad comercial proporcional a sus dimensiones y un perfil político conservador. A excepción de una primera intendencia radical, que no supone radicalización alguna sino todo lo contrario, y un interregno de la fracción política de Pino Solanas, el peronismo tradicional fue y es hegemónico. A lo sumo su carnaval, en un país que lo ignora, ha concitado alguna atención y advertido su existencia.

¿Cómo llega entonces este pueblo a constituirse en contencioso masivo y a influir, negativamente por cierto, en las relaciones entre dos países limítrofes y a confrontar en soledad con una importante inversión multinacional y con dos gobiernos simultáneamente? Ningún antecedente podría predecirlo: ni había trazas de una huella ecológica crítica, como no hay ahora un ápice de extensión de la demanda por fuera de las verjas de UPM en la asamblea ambiental, ni hay otros ámbitos de la vida política en los que se ejerza la democracia directa o la acción y la movilización. A lo sumo podrá contabilizarse en simultáneo el estado de movilización y lucha que los grandes propietarios y terratenientes de toda la extensa pampa productiva han venido dando con el apoyo de la derecha política y los oligopolios comunicacionales. Gente que se ha mostrado muy poco proclive al cuidado medioambiental y menos aún a la lucha antiimperialista.

Pero cualquier tesis conspirativa debe ser desechada. No se trata de una vanguardia autonomizada y separada del cuerpo social la que acomete acciones radicales de protesta ante la indiferencia ciudadana mayoritaria, como tampoco la que adoptó la tregua de 60 días que se inicia. Es expresión de una ciudadanía en estado de debate y movilización. Sólo una lectura superficial de las proporcionalidades de la asamblea que adoptó la decisión del levantamiento del corte podría inferirlo. Cierto es que algo más de 700 asambleístas representan sólo el 1% de la población involucrada, si además nos ceñimos erróneamente al exclusivo segmento del ciudadano gualeguaychuense. Sería menor aún incluyendo a la población fraybentina, tan afectada como la de la otra orilla. Pero el ejemplo entrerriano está lejos de expresar el encierro burocrático y el elitismo militantista. Hay muy pocos ejemplos en la historia de las luchas sociales en los que a las movilizaciones acude casi tanta gente como la totalidad de la población convocada. Más allá de posibles sumatorias solidarias de procedencias distantes, las movilizaciones en el puente resultan conmovedoras por su participación masiva. En vísperas de la última asamblea, todo vecino discutía detalles en comercios o plazas y fijaba posición en las calles sobre las decisiones a adoptar. Lejos de cualquier denuesto, merecen interés y admiración de los también movilizados y activos esfuerzos progresistas en otras márgenes del río u otras latitudes más distantes. Por eso intentaba en la contratapa del domingo pasado subrayar el absurdo de una confrontación que maniata a los pueblos y sólo libera a la empresa beneficiaria. También que la lucha y la movilización han sido los instrumentos políticos prioritarios que ha utilizado el partido hoy gobernante en Uruguay. Si hay un verdadero enemigo a enfrentar tras esta querella es el chauvinismo que siempre amenaza cualquier orilla o latitud.

En la desembocadura de la tregua actual, el fallo de La Haya tiene una influencia fundamental. Pero no es menor la iniciativa y el giro que el Presidente Electo uruguayo le ha dado a la política exterior respecto a su vecino. No hay relación alguna entre la soberanía y el control, nacional o multinacional, del funcionamiento de las empresas privadas. Al contrario, la información es un insumo indispensable para el ejercicio de la soberanía popular y la consecuente adopción de políticas, sin importan cuáles sean o el modo en que se decidan y ejecuten. Cualquier renuencia a la producción de datos e indicadores, sólo beneficia a la empresa en detrimento de la sociedad cuya fuerza de trabajo e insumos explota.

Si el Presidente Obama, en vez de preguntarse retóricamente a quién tiene que patearle el culo, hubiera ejercido un rígido relevamiento de las actividades y los riesgos consecuentes de la British Petroleoum, o permitido que instituciones científicas independientes u ONGs lo hicieran, seguramente no estaría hoy lamentando el peor desastre ecológico de la historia de su país. Tuve ocasión de referirme en este espacio a que el fallo de La Haya conllevaba una dura condena a la posición uruguaya y que, si bien no comprometía en lo inmediato a una modificación sustantiva, tenía implicancias para futuras situaciones similares, además de la obligatoriedad de realizar tareas y planificación conjunta. No deberá caer en la cuenta del orgullo haber violado un tratado internacional, menos aún si el único beneficio es la instalación de un pastera.

El breve escrito de Mujica en la página de la presidencia es un verdadero modelo de concisión y lucidez al respecto y un ejemplo del giro al que aludo. Y también un tácito homenaje a la justicia de la resistencia del pueblo de Gualeguaychú, cuyos méritos y alcances tendrán indudable influencia futura aunque difícilmente lleguen a lograr su objetivo de máxima que es el de la relocalización de la planta. “Cuando nuestra actividad actúa sobre los intereses de otros, la tapa del libro establece que debemos ser cuidadosos en la manera en que afectamos esos intereses (…) El autocontrol, puede ser un concepto muy valioso en la discusión ética pero tiene patas cortas en la vida material. El sistema de control que vale es el que hace espacio a la oposición de intereses, porque es la única manera de contener la natural inclinación a ser indulgentes con nosotros mismos (...) Son los afectados más directamente por nuestras acciones los que más derecho tienen a estar involucrados en la protección de sus intereses”.

Poner en duda la necesidad de monitorear todas aquellas actividades industriales que puedan afectar al medio ambiente es insostenible desde una óptica progresista. Menos aún cuando el impacto inmediato es sobre una frontera compartida. Pero la naturaleza técnicamente compleja de las variables sujetas a medición requiere de la participación de actores expertos y de relativa independencia de su designación y accionar. Más aún cuando su institucionalización excede el ámbito nacional. El espacio impide extenderme en esta oportunidad sobre las experiencias de organización del campo académico y científico y de su compleja relación con el mundo político. Pero sí permite concluir con la mención de dos acciones políticas que resulta indispensable acometer para contribuir a distender aún más la situación.

A la primera aludí el domingo pasado y es la judicialización de los luchadores que la Presidenta argentina dispuso. Se hace imperioso levantar las acusaciones que pesan sobre ellos. Es contrario a todo progresismo victimizar a las víctimas y culpabilizar a quienes protestan o resisten, independientemente del mayor o menor desacuerdo con sus métodos y objetivos. Además, tácticamente, produce un efecto de provocación e irritación exactamente inverso al declamado interés en desactivar la radicalización de las posiciones y contribuir a la búsqueda de soluciones y consensos. Tanto como se hace necesario del lado uruguayo levantar la prohibición que fue dictada por el ex presidente Tabaré sobre las manifestaciones de argentinos en Fray Bentos. Si para algo sirve el levantamiento del corte es precisamente para usar el puente. Para cruzar a voluntad, para manifestar en cualquiera de las orillas, para discutir o aliarse con cualquier ciudadano de cualquiera de las ciudades, para difundir posiciones.
En suma, para volver a vivir y escribir la historia, haya o no papel.

- Emilio Cafassi es Profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano