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Sergio Arauz
(Adolescentes son registrados por una patrulla conjunta de militares y policías en el centro de San Salvador. El Faro Foto)
Tres días después de que un grupo de pandilleros acribilló y quemó a los pasajeros de dos microbuses, el presidente Mauricio Funes dijo la noche de este miércoles que su gabinete de seguridad está trabajando eficientemente, pidió a los salvadoreños un voto de confianza y anunció una medida que -al menos en los términos en que fue anunciada- parece calcada de una creada por el gobierno arenero de Francisco Flores en 2004 y que fue declarada inconstitucional.
En cadena nacional de radio y televisión, Funes apareció dirigiendo un mensaje a los salvadoreños a propósito de los atentados del domingo en Mejicanos, que ya costaron la vida a 18 personas, 16 de ellas víctimas del fuego que incineró uno de los microbuses, y otras dos presas de las balas en el otro vehículo. La respuesta a las maras que Funes anunció fue una iniciativa para que sea delito ser pandillero.
“He impartido instrucciones al Ministerio de Seguridad para que presente a la mayor brevedad ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de Ley de criminalización de las pandillas o maras, que se encuadre en el marco de la Constitución”, leyó en la tercera y última página de su discurso.
Funes terminó su anuncio y en Casa Presidencial su equipo de seguridad pública se dedicó a responder las preguntas de los periodistas. ¿Cómo podrá identificarse y probarse que una persona pertenece a las pandillas?, preguntó un periodista. "Por la existencia de tatuajes u otro tipos de evidencias", respondió el viceministro de Seguridad, Henry Campos.
Cuando se le insistió en que detallara qué tipo de pruebas piensa que podrán aportar para que los juzgados determinen con certeza que alguien es miembro de una pandilla, aseguró que ya tienen trabajo adelantado, pero no quiso detallar, y terminó descargando resonsabilidad en la Fiscalía. "Ya existe información acumulada que puede servir a la Fiscalía como prueba", indicó.
El viceministro aseguró que no hay datos específicos sobre la eventual normativa, pero en esencia, el proyecto de ley de criminalización de pandillas tiene como principal novedad tipificar como delito la pertenencia a una pandilla. Aunque es la misma novedad que introdujeron las dos leyes antimaras del gobierno de Flores, la de octubre de 2003 -que fue rechazada por la ONU- y la que le siguió.
Cuando a Campos se le pidió que expusiera qué de distinto habría en el nuevo anteproyecto respecto de las concebidas por los gobiernos de Arena, hizo alusión al procedimiento que seguirían las posibles acusaciones. "La evidencia y prueba sigue los cauces normales, bajo el cauce de la Fiscalía".
La primera versión de ley para combatir las pandillas se llamó "Ley antimaras" y surgió en octubre de 2003, ya en el último año del gobierno de Francisco Flores. La ley fue derogada a finales de marzo y la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional una vez estaba derogada. La Asamblea Legislativa, entonces, promulgó una nueva, con tres meses de duración, que se aplicó entre abril y junio de 2004.
La Sala de lo Constitucional determinó que una ley que en primer lugar exista para aplicarse a un grupo de personas viola el principio de igualdad. En segundo lugar, resolvió que se violaba otros principios constitucionales, como el de culpabilidad, porque pretendía castigar apariencias o aspectos. También violaba el principio de lesividad, porque lo que se castigaría tenía que ser el ataque a un bien jurídico, y la sola pertenencia a pandillas por sí no ataca bien jurídico alguno. La Corte Suprema concluyó que la ley presuponía que las personas se dedicaban a actividades delictivas basándose en sus circunstancias personales o sociales y no en si habían cometido un delito.
El anuncio que Funes hizo esta noche no detalló medidas precisas, salvo que la ley será para aplicarse a los pandilleros explícitamente.
Con motivo de la aplicación de las leyes antimaras del gobierno de Flores, un informe de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) dijo que la Policía reportó la captura de 19 mil 275 personas acusadas de pertenecer a pandillas, de las cuales 17 mil 540 (el 91%) fueron liberadas casi inmediatamente.
Funes también coincidió con sus predecesores areneros en otros dos puntos. Dijo que algunos medios de comunicación se prestan al juego de sembrar temor en la gente al informar sobre el tema de criminalidad, y también advirtió que espera que el trabajo de capturas que la Policía pueda hacer de ahora en adelante no vaya a enfrentarse con jueces que deciden liberar a los capturados.
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