Los ex presos polítcos uruguayos en el gobierno, vulneran los derechos humanos

Informe de Serpaj señala "ineficacia" de políticas de DDHH en Uruguay

El Informe 2010 del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) sobre la realidad de los derechos humanos en Uruguay cuestiona duramente la actual situación del sistema penitenciario. Las políticas gubernamentales para revertir esta tendencia "han sido ciertamente ineficaces", afirma

Mauricio Pérez

Las medidas que desde los distintos gobiernos se idearon y pusieron en marcha han sido ciertamente ineficaces a los efectos de revertir la vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y también de quienes trabajan en las cárceles, razón por la cual el sistema carcelario uruguayo se ha consolidado estructuralmente violento".


La conclusión emana del libro "Derechos Humanos en el Uruguay, Informe 2010", elaborado por Serpaj, mediante el cual se analiza la situación de los derechos humanos en nuestro país con un informe especial sobre la realidad del sistema penitenciario. En este sentido, "quizás el elemento más notorio sobre la crisis del sistema carcelario, es justamente su carácter estructural y permanente", dice el informe.

El "deterioro sistemático" del sistema penitenciario "ha sido la regla" durante casi dos décadas, por "múltiples causas", entre ellas la "obsolescencia e inadecuación" del Código Penal y del Código del Proceso Penal (lo cual arroja "una justicia altamente punitiva, lenta, selectiva y discriminadora"); la insuficiencia del gasto público y "la insuficiencia, baja profesionalidad e inadecuación de los recursos humanos que gestionan el sistema".

"A ello debe sumársele la progresión de crecimiento sistemático de la población privada de libertad", la cual se ha triplicado en los últimos 20 años, situándose actualmente en casi 10.000 reclusos, previéndose un aumento del 40% para el final del quinquenio. Por tanto, la mirada sobre la "emergencia" de corto plazo debería "dar pie a una reforma integral del sistema", se estima.

Prisión y hacinamiento

El informe centra la problemática del sistema penitenciario en tres ejes: la aplicación "casi exclusiva" de la prisión preventiva; los niveles de hacinamiento y las dificultades de la rehabilitación de los reclusos ante la "pobreza de oportunidades" para trabajar y estudiar en los establecimientos.


"La elevada tasa de 'prisionización', el alto índice de superpoblación y las inhumanas condiciones de reclusión derivadas de ello, son consecuencia directa de ese uso de la prisión preventiva". Sin embargo, "el uso privilegiado de la privación de libertad no guarda relación con un descenso de los índices de criminalidad y reincidencia", por cuanto el 60% de la población reclusa es reincidente, subraya el informe.

El alto índice de reincidencia demuestra "el serio déficit de resocialización e inclusión", lo cual guarda "estrecha relación con el deterioro integral que padecen quienes han permanecido en el sistema y la incapacidad de revertir desventajas de origen, mediante el desarrollo de alternativas socioeducativas, culturales y/o laborales que guarden alguna relación con la capacidad de producir un proyecto de vida propio".

En este sentido, el 45% de las personas privadas de libertad trabaja y/o estudia, en el marco de la política de redención de pena aprobada en la Ley de Humanización del Sistema Carcelario. Sin embargo, las propuestas para la extensión de estas prácticas son "insuficientes", dice el informe.

En tanto, "la superpoblación es el denominador común de los establecimientos de reclusión". "El serio déficit espacial, la falta de privacidad, la precariedad e insuficiencia de las condiciones de alojamiento, son algunos de los aspectos materiales que se suman a otros de relacionamiento interpersonal y convivencia", conformando "una ecuación explosiva que detona situaciones diversas de violencia intracarcelaria".

El informe cuestiona el "estado general de la infraestructura", ante la existencia de "edificios semiderruidos con instalaciones eléctricas obsoletas, espacios tugurizados con el sistema sanitario y de evacuación de aguas servidas colapsados, (...) falta de iluminación natural y ventilación, gravísimo déficit en el suministro de agua potable y de gabinetes higiénicos", lo cual implica "que el encierro en muchos de los establecimientos se configure como un trato cruel, inhumano o degradante".

Asimismo, se cuestiona la concepción del "castigo" mediante la imposición de medidas de aislamiento o reclusión en celdas de castigo, las cuales "llegan a límites infrahumanos", como en la cárcel de Canelones, "donde los reclusos permanecen varios días sin siquiera poder acceder a un baño para evacuar sus necesidades, durmiendo literalmente sobre el orín y las heces, sin luz, sin agua y amontonados".

En tanto, el "Informe 2010" destaca las mejoras detectadas en el área de la salud, con la instalación de policlínicas mediante la firmas de convenios con la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), y el formato de establecimientos rurales de reclusión, con prácticas de cooperación entre los reclusos y buenas condiciones de vida. El coordinador de Serpaj, Mauro Tomasini, explicó a LA REPUBLICA que el informe no refiere únicamente a la problemática del sistema penitenciario sino que incluye análisis sobre violencia doméstica, el actual debate sobre la Ley de Caducidad, la vivienda, la educación, el ámbito laboral y el sistema penal juvenil. El informe será presentado hoy a las 11.00 horas en la Facultad de Bellas Artes
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