Salud del Estado de bienestar

Carlos Miguélez Monroy

Las conquistas sociales han quedado obsoletas. Os las vamos a quitar para modernizarlas”, dice el encabezado de una viñeta que muestra a un hombre trajeado, con gafas oscuras y aspecto casposo al bajar de un coche. Recientes declaraciones del ex presidente del gobierno de España, José María Aznar, confirman que el humor de El Roto no está exento de realismo. Aznar pide que se reforme el Estado de bienestar por “insostenible”.

Mientras los países de la eurozona desmantelan las conquistas sociales que tantos años de lucha costaron, varios gobiernos de América Latina impiden el desarrollo de la necesaria dimensión social del Estado, que conocemos como Estado de bienestar: las pensiones, la educación y la salud.


En décadas anteriores, la influencia de organismos internacionales, la presión de Washington y las ambiciones de las clases dominantes fomentaron la privatización de servicios públicos encaminados a hacer efectivos derechos como la salud. Esta tendencia se mantuvo con la caída del Muro de Berlín y del bloque comunista. El Consenso de Washington, con la ideología de Milton Friedman como base, imponía a los países la privatización de sectores clave de la economía para “modernizarse” y “acceder a los mercados internacionales”.

En países con estructuras sociales arrastradas desde épocas coloniales, de caciquismo posterior y de clasismo, estas recetas acentuaron más las desigualdades entre ricos y pobres. Pero en derechos como la salud, estas desigualdades no sólo se han vivido en países como México. También ocurre en Estados Unidos, cuna de la cruzada neoliberal que depuso gobiernos y escribió una de las etapas más oscuras del siglo pasado: el terrorismo de Estado por medio de dictaduras militares.

Estados Unidos no se encuentra entre los 30 países con mejor atención sanitaria, a pesar de ser uno de los que mejor calificación obtienen en PIB per cápita. Esto confirma que los datos de la macroeconomía no siempre sirvan para medir el grado de bienestar de la ciudadanía.

El Partido Republicano definió como “agenda socialista” y “comunista” los planes de reforma sanitaria de Obama, rebajados hasta que se aprobó una reforma light. Su figura política ha quedado desgastada y el acceso a un sistema sanitario universal y gratuito sigue sin formar parte de la vida diaria de los estadounidenses, con una población cada vez más polarizada en lo que a distribución de la riqueza se refiere. El miedo colectivo a la supuesta falta de libertades que se asocia a cualquier noción de Estado social se combinó con la maquinaria propagandística de dos de los grupos de presión con más poder: la industria farmacéutica y las aseguradoras privadas.

Antes de la aprobación de la ley, que los Republicanos intentarán revocar si consiguen cristalizar su victoria de las legislativas, más de 50 millones de estadounidenses no tenían cobertura sanitaria, lo que provoca 18.000 muertes innecesarias cada año. En muchos casos no tenían ese seguro no por falta de medios, sino porque las aseguradoras se negaban a dar pólizas a quienes consideraban poco rentables por sus “condiciones pre-existentes”.

Para estas personas, caer enfermas o tener un accidente se convertía en la amenaza más grande por la imposibilidad de hacer frente a los gastos médicos sin un seguro. Pero también se han dado casos de gente asegurada a la que la compañía de seguros niega hacerse cargo de los gastos por un tratamiento recibido. “No podemos cubrir tus gastos porque eres demasiado joven para tener cáncer”, han llegado a decir.

Linda Peene, asesora médica de la aseguradora Humana durante muchos años, reconoce que su informe fue determinante para que la aseguradora negara un tratamiento que hubiera salvado la vida de un paciente. Hasta el momento en que se arrepintió de su profesión, le había ahorrado más de medio millón de dólares a su aseguradora. Su caché en la industria obedecía a ese nivel de ahorro que le garantizaba a su empresa.

Los excesos de un sistema que pretende desregular todo en nombre de la “libertad” provocó la crisis económica actual. En lugar de desmantelar el Estado de bienestar, uno de los logros más revolucionarios de las últimas décadas, los ciudadanos aún pueden utilizar los medios políticos a su alcance para reivindicar sus derechos y exigir que paguen la crisis quienes la han provocado.

- Carlos Miguélez Monroy es Coordinador del CCS y periodista
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