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Queridos compañeros y amigos deseo compartir con ustedes mi serena alegría por la noticia sobre la detención del genocida General ( R.E.) Carlos Alberto Martínez ex Jefe de Inteligencia del Estado Mayor del Ejercito entre 1975 y 1978. En el día de ayer el Juzgado Federal Nº 3 a cargo del Dr. Daniel Rafecas ordeno su detención y luego de interrogarlo le imputo el delito de innumerables casos de secuestros, desapariciones y torturas y puntualmente ser participe del asesinato de mi padre, Bernardo Alberte, ocurrido en la madrugada del 24 de marzo de 1976.
En mayo de 1976, todavía aturdidos por el inmenso dolor sobre la muerte de nuestro padre y sus circunstancias, la familia de Bernardo Alberte iniciaba una querella contra Videla responsabilizándolo por su asesinato. Así fuimos pasando por mas de una docena de juzgados que fueron declarando uno tras otro su incompetencia, hasta un juez de nombre Rafael Sarmiento tuvo la impudicia de decir “ a Alberte lo tiraron por la ventana a todos los peronistas habríAa que hacerles lo mismo”, los jueces nos hacían sentir crudamente la denegación de justicia. Hoy ya han pasado mas de 36 años de aquel duro camino recorrido por el pedido de verdad y justicia, y nuestra obstinación por tan noble pedido sigue intacta como el primer día, esperemos que pronto logremos llevar a la justicia al jefe de la comisión militar que ejecutó el crimen, General (R.E.) Oscar Enrique Guerrero, quien en 1981, bajo Viola, llegó a ser Jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, sucediendo a Camps. Esto que hoy vivimos, no hubiera sido posible sin el acompañamiento de todos ustedes que amplificaron nuestro grito de verdad y justicia. Quiero terminar con palabras de mi padre cuando a los dictadores de turno les señalaba:
“Nosotros les prevenimos que algún día vendrá el hombre sencillo de la Patria a interrogarlos. No los interrogarán sobre sus largas siestas en sus estrados, tampoco sobre sus discusiones estériles y vaciadas de contenidos, ni sobre su ontológica manera de llegar a las monedas, ni sobre sus justificaciones absurdas, crecidas a la sombra de la mentira. Un día vendrán los hombres y mujeres sencillos de esta tierra, a preguntarles qué hicieron cuándo la Patria se apagaba lentamente, qué hicieron cuándo los pobres consumían sus vidas en el hambre y la de sus hijos en la enfermedad y la miseria, qué hicieron cuando los “gringos” vinieron a imponernos esa nueva forma de vida “occidental” que todo lo corrompe y compra el dinero. Quizás para ese momento, la vergüenza que provoque el silencio como respuesta, no sea suficiente como castigo.”
A continuación les envió la gacetilla difundida por la Agencia de Noticias del Poder Judicial donde comunica la noticia.
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En el marco de la causa en la cual se investigan los crímenes llevados a cabo por el personal del Primer Cuerpo del Ejército, el Juez Daniel Rafecas dispuso la detención del ex General de División del Ejército Carlos Alberto Martínez, quien durante la dictadura, estuvo a cargo de la Jefatura II de Inteligencia, y fue uno de los principales integrantes del Estado Mayor General del Ejército, órgano de asesoramiento directo al entonces Comandante General del Ejército y Presidente de la Junta Militar, Jorge Rafael Videla.
El Juez imputó a Martínez su participación en el plan sistemático de represión implementado durante la dictadura, en el ámbito jurisdiccional del Primer Cuerpo de Ejército, mediante el procesamiento de la información obtenida mediante los interrogatorios a víctimas detenidas, la infiltración, el análisis de la documentación y demás material capturado en los procedimientos de detención ilegal, para luego hacer la llamada “apreciación de inteligencia”, y determinación de “blancos”, que guiarían las acciones a seguir del plan represivo.
La imputación de Martínez se extendió a los padecimientos de más de un millar de víctimas, consistentes a la privación ilegal de la libertad, la aplicación de torturas y en muchos casos, el homicidio de ellas; detenidas en la vía pública o que permanecieron cautivas en algún centro clandestino de detención y tortura, entre el 24 de marzo de 1976 y el 23 de enero de 1978, fecha en que Martínez dejó el cargo de J II -Jefatura de Inteligencia-, y fue designado a cargo de la Secretaría de Inteligencia del Estado, cargo que ocupó hasta enero de 1982.
La imputación del nombrado quedó conformada por las víctimas que estuvieron en los centros de detención “Atlético”, “Banco”, “Vesubio”, “Superintendencia de Seguridad Federal”, “Azopardo”, “Cuatrerismo-Brigada Güemes”, “Comisaría de Monte Grande”, “Automotores Orletti”, “Hospital Posadas”, “Sheraton-Comisaría de Villa Insuperable”, “Comisaría Primera de Junín”, “Cárcel en construcción de Junín”, Destacamento de Morse”, entre otros; a la vez que se le atribuyó la privación ilegal de la libertad de siete personas secuestradas en la localidad de Marcos Paz, entre ellas Oscar Felipe Sánchez, Intendente de dicha localidad hasta 1976; como también el secuestro de un grupo de profesionales y empleados pertenecientes a la Comisión Nacional de Energía Atómica.
También se le atribuyó el haber participado en el homicidio del Coronel –ascendido post mortem- del Ejército Bernardo Alberte, quien en la década del sesenta había sido edecán y asesor del General Perón, y quien el mismo día del golpe de estado, a la madrugada, habría sido arrojado por personal militar, desde la ventana de su domicilio
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