Argentina: Los desplazados por la soja y la minería

CINCO MILLONES DE HECTAREAS EN DISPUTA Y 600 MIL PERSONAS AFECTADAS EN EL NOROESTE DEL PAIS

El modelo agropecuario y la minería que comenzó a instalarse en el país a fines de la década pasada afectaron a campesinos pobres y pueblos originarios, un sector silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace.

A medida que avanzan en el país las distintas industrias extractivas (petróleo, minería, monocultivos industriales) se incrementan como respuesta la organización de las comunidades rurales y pequeños pueblos, que resisten el avance empresarial. Un relevamiento de conflictos territoriales y ambientales sobre seis provincias del noreste argentino confirma esta situación, cuantifica la magnitud del fenómeno y aporta datos inéditos: cinco millones de hectáreas en disputa, casi 600 mil personas afectadas y confirma que el sector privado y estatal son los principales opositores a los campesinos e indígenas, un espectro rural silenciado y ubicado en las antípodas de la Mesa de Enlace. El trabajo, que coincide con otro realizado por la Cátedra Unesco de Sostenibilidad de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) (ver aparte) reveló que la mayor conflictividad comenzó en la década del ’90, de la mano del avance de la soja sobre el norte del país.

Usurpación de tierras

En la madrugada del 5 de septiembre de 2008, veinte policías y una decena de civiles armados rompieron la puerta de un rancho campesino de la familia González, en el monte de Santiago del Estero. Rodearon a Santos Ramón González, lo golpearon con palos, puños, patadas y le dispararon con balas de goma en la pierna. Lo agarraron del cabello y lo arrastraron veinte metros. Le robaron dinero familiar, herramientas y una camioneta. Lo trasladaron a la comisaría de Quimilí, donde lo torturaron durante dos días, y luego fue llevado a Tribunales y posteriormente al penal de la capital santiagueña. Las torturas nunca se detuvieron. Recién luego de tres días de detención le permitieron hablar con su abogado, lo internaron diez días en el hospital y fue finalmente liberado, previa amenaza para que deje su campo. ¿El motivo del ensañamiento? La familia González se niega a dejar la tierra donde siempre vivió. Y productores rurales insisten en quedarse con ese campo y sembrar soja

Peligro de alta toxicidad

“El agronegocio y las empresas extractivas privatizan las ganancias y socializan los problemas. La contaminación y la alta toxicidad de los insumos de la minería y de las actividades agroindustriales, así como el despojo de las tierras de muchas comunidades campesinas e indígenas, atentan contra la capacidad de subsistencia de estos pueblos”, advierte la reciente investigación “Situación de los derechos humanos en el Noroeste argentino 2008-2009”, realizado por la Cátedra Unesco de la Universidad Politécnica de Cataluña (España). El trabajo, realizado durante dos años y presentado en Naciones Unidas, hace eje en el modelo de agronegocios, la minería a gran escala, en cómo se violan los derechos de las comunidades rurales y vincula hechos locales con geopolítica y el reparto de roles en la economía internacional. “El rol de Argentina pasó por el desmantelamiento de su capacidad industrial y el retorno a la mera explotación de los recursos naturales que alimentan las cadenas productivas del Norte. Argentina se inserta en un concierto internacional que resulta discordante para buena parte de su población.” Asegura que el modelo extractivo “hipoteca” el futuro del país y evalúa que la situación de derechos humanos es “extremadamente crítica”.

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