Brasil: MST Participe en la recogida de firmas para laInvestigación del agronegocio

Vía Campesina lanzó una recogida de firmas sugiriendo que la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) formada recientemente para criminalizar la lucha por la Reforma Agraria y al MST sea utilizada para investigar los crímenes del agronegocio. En el texto, las entidades afirman que "la restricción de las labores de esa CPMI a la investigación sólo de convenios de organizaciones asociadas con el MST representará, únicamente, una iniciativa parlamentaria de criminalización de los movimientos sociales, y no una contribución al desarrollo y democratización del campo brasileño."

Vía Campesina pide el envío de copias de las adhesiones al presidente de la CPMI, senador Almeida Lima (PMDB/CE) y al relator, diputado Jilmar Tatto (PT/SP).

Lea abajo el documento integro.

CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA CPMI

A los presidentes de la Cámara de los Diputados y del Senado Federal

Febrero de 2010

Estimados señores,

El Parlamento brasileño ha creado nuevamente una Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI, con la participación de diputados y senadores) para investigar los acuerdos firmados entre el gobierno federal y entidades y movimientos de trabajadores rurales.

A pesar de que el Grupo Ruralista y la prensa insisten en que es una “CPMI del MST”, el requerimiento que creó la Comisión establece objetivos más amplios, como los citados explícitamente: “depurar las causas, condiciones y responsabilidades relacionadas de los desvíos e irregularidades verificados en los acuerdos y contratos firmados entre la Unión y organizaciones o entidades de reforma y desarrollo agrarios, investigar la financiación clandestina, evasión de recursos para la invasión de tierras, analizar y diagnosticar la estructura fundiária agraria brasileña y, en especial, la promoción y ejecución de la Reforma Agraria”.

A diferencia de lo divulgado por la prensa, los objetivos reales de los autores del requerimiento - Grupo Ruralista del Congreso - al centrar las investigaciones sólo en acuerdos establecidos entre el Poder Ejecutivo y las entidades populares, es criminalizar a los movimientos sociales, especialmente al Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra.

Esta es la tercera Comisión Parlamentaria de Investigación con el mismo objetivo en los últimos siete años. En 2003, fue creada la “CPMI de la Tierra”, que funcionó hasta noviembre de 2005, y nada probó contra el MST o cualquier otra entidad agraria. En aquella CPMI, el Grupo Ruralista consiguió rechazar la ponencia presentada por el Dip. João Alfredo (PSOL/CE), entonces ponente de la CPMI, y aprobó el recurso del Dip. Lupion (DEM/PR), que propuso clasificar las ocupaciones de tierra como crimen hediondo.

En junio de 2007, el Senado aprobó la creación de la CPI de las ONGs, destinada a investigar la utilización de recursos públicos por entidades de la sociedad civil organizada. Nuevamente, valiéndose de tesis semejantes - o sea, que las entidades populares y movimientos sociales desvían recursos públicos -, los enemigos de la Reforma Agraria volverán a atacar, pidiendo la ruptura del secreto bancario, fiscal y telefónico de organizaciones asociadas con el MST. La CPMI aún está funcionando, y su clausura está prevista para febrero de 2010. Además de analizar la aplicación legal de los recursos, sería importante analizar los resultados de los acuerdos, y si los objetivos propuestos fueron realizados.

Ahora, el Grupo Ruralista volvió a atacar o los movimientos sociales rurales, especialmente al MST, con la creación de otra CPMI, buscando dar respuesta a las presiones de su base social, y utilizándola como un medio de bloquear la actualización de los índices de productividad. Los argumentos son siempre los mismos: movimientos sociales y entidades populares no tienen derecho a acceder a recursos públicos.

Por otro lado, la creación de esta CPMI, teniendo como objeto de investigación la actuación de entidades en el medio rural, es una excelente oportunidad para investigar, por ejemplo, el destino de los recursos recibidos por el Sistema S. Esa investigación es oportuna, no sólo por la cantidad de recursos públicos involucrados (entre 2000 y 2009, el SENAR y el SESCOOP, entidades dominadas por los hacendados, recibieron, sólo en recursos de contribución obligatoria, más de 2 billones de reales), sino también por altas evidencias de malversación de los mismos. En reiteradas decisiones del Tribunal de Cuentas de la Unión, por ejemplo, estos recursos estarían siendo utilizados no para educar y formar a la población del campo, sino para mantener, de forma irregular, las estructuras administrativas y las subvenciones de las federaciones patronales.

Además de eso, siguiendo lo que está propuesto en la enmienda de requerimiento aprobado, es una excelente oportunidad para investigar el “grilagem” (usurpación) de tierras públicas en los más diversos Estados de la Federación, que la prensa denunció y que afecta incluso parlamentarios como la senadora Kátia Abreu, del estado de Tocantins, o banqueros bajo sospecha, como es el caso de la compra de 36 haciendas en apenas tres años en el sur de Pará por el Banco Oportunity, lo que fue denunciado bajo investigación de la Polícia Federal. O incluso, la compra de tierras por empresas extranjeras en la franja de la frontera, como sucede con la empresa Stora Enso, en RS, y la secta Moon, en MS.

La violencia en el campo (y sus causas) es otra realidad a ser investigada. En los últimos años, fueron asesinados diversos líderes del MST y de otros movimientos agrarios. Desde la redemocratización, en 1985, hasta los días actuales, fueron asesinados más de 1.600 líderes de trabajadores rurales, incluyendo agentes de pastoral, abogados etc. De éstos, apenas 80 llegaron a los tribunales y menos de 20 fueron juzgados. La CPMI ha de investigar a sus responsables y hasta qué punto el Poder Judicial es connivente con los latifundistas ordenantes de esos crímenes.

Recomendamos que el Parlamento brasileño investigue por qué un verdadero oligopolio de empresas extranjeras domina la producción de agrotóxicos, y transformó el Brasil en el mayor consumidor mundial de venenos agrícolas, afectando la calidad de los alimentos y la salud de la población, sin ninguna responsabilidad.

Entendemos que estos serían algunos temas que esta CPMI debería investigar, contribuyendo a la construcción de una sociedad verdaderamente democrática, apoyando las iniciativas populares, inclusive de las organizaciones y movimientos que, en la conquista de un pedazo de suelo, producen alimentos para la población brasileña. La restricción de los trabajos de esa CPMI a la investigación exclusivamente de convenios de las organizaciones asociadas con el MST representará, únicamente, una iniciativa parlamentaria de criminalización de los movimientos sociales, y no una contribución al desarrollo y democratización del campo brasileño.

Queremos manifestar a los señores nuestra total solidaridad con el MST y a todos los movimientos sociales y entidades que ponen sus esfuerzos en la lucha por una Reforma Agraria justa y necesaria. El Brasil nunca será una sociedad democrática, ni justa, sin resolver esa vergonzosa concentración de la propiedad de la tierra, en que apenas 15 mil hacendados son dueño de 98 millones de hectáreas, como denunció el último censo, y que menos de 2% del total de los establecimientos controlan más del 45% de todas las tierras. Y quien lucha por la democratización de la propiedad no puede ser criminalizado justamente por aquellos que quieren mantener el monopolio de la propiedad de la tierra.

Atentamente,

(La carta firmada puede ser enviada por correo electrónico a: Diputado Jilmar Tatto, ponente - dep.jilmartatto@camara.gov.br y Senador Almeida Lima, presidente de la CPMI - almeida.lima@senador.gov.br