Colombia: Décimo aniversario de la masacre de "El salao", cometida por paramilitares

El Salado es un corregimiento de El Carmen de Bolívar, ubicado en los Montes de María o Serranía de San Jerónimo, una región conocida en el país por el tabaco, por el vallenato El mochuelo de Adolfo Pacheco, cantado por Otto Serge. Y, desde hace una década, por la matanza de 65 campesinos hecha por 450 paramilitares.

En el año 2000, aproximadamente 450 miembros de grupos paramilitares al mando de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, tomaron por las armas y emplearon vías terrestres, fluviales y aéreas para ingresar y desplazarse por la zona, con la aquiescencia y participación de agentes del estado colombiano, penetran en la región de Los Montes de María, causando desplazamiento forzado de más de mil quinientas familias en los corregimientos de Canutal, Canutalito y Flor del Monte, jurisdicción del municipio de Ovejas, departamento de Sucre, pero entre el 15 y 19 de febrero del mismo año en el corregimiento de El Salado, jurisdicción del municipio de El Carmen de Bolívar, estos grupos armados asesinan a un número indeterminado de campesinos que sobrepasan el medio centenar, muy a pesar que los campesinos de la zona, alegan que las autoridades se encontraban al tanto de la presencia y el accionar de grupos armados al margen de la ley en la zona. Se indica que el 15 de febrero de 2000 el Director Seccional del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Bolívar envió un oficio al Comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina alertándolo sobre el inicio de acciones de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el área comprendida entre los municipios de San Jacinto y El Carmen de Bolívar e indicando además que según la información recopilada, el grupo operaría inicialmente con un número aproximado de entre 80 y 100 hombres. Se alega que a pesar de esta alerta no se habrían adoptado acciones destinadas a proteger a la población civil.

Solo por citar un solo caso de la horrenda masacre, como para dejar constancia del terrorismo de estado del cual viene siendo objeto la población más pobre de Colombia, y como en aquella oportunidad el Contralmirante Rodrigo Quiñónez Cárdenas y el teniente Coronel Harold Afranio Mantilla Serrano perseguían a rebeldes por un lado para que por el otro Carlos Castaño y Salvatore Mancuso asesinaran vilmente a la población del Salado, hoy esos mismos paramilitares estén sembrando el terror ya no solamente en el campo sino también en las ciudades y este urifundo gobierno desde sus confortables oficinas vociferan el fin del paramilitarismo en Colombia.

“A la madre comunitaria [Rosmira] la cogieron y la amarraron con una cuerda en la cabeza, en cada lado de la cuerda dos paramilitares jalaban hasta que la ahorcaron antes le cortaron las orejas y para que sintiera dolor, le amarraron una bolsa alrededor de la cabeza, la chuzaban con cuchillos, le cortaron el cabello, le pegaron y luego la acribillaron a balazos”.

Por: Alberto Bermúdez. Cartagena

Un poco de historia:

La región ha sido explotada por campesinos tabacaleros y por grandes ganaderías desde el siglo XVIII. Los playones de ríos y ciénagas son aún trabajados por campesinos itinerantes que siembran ñame, plátano y maíz. La Ley 200 del 36 —la de la función social de la propiedad— permitió la creación de las primeras ligas campesinas, que buscaban detener los abusos de los terratenientes y adquirir justos títulos de propiedad. El asesinato de Gaitán tuvo repercusiones violentas en la región, sobre todo en Ovejas. En las veredas de La Casona y Loma Verde se organizó una guerrilla liberal y en Sincelejo hubo una memorable manifestación contra la violencia conservadora en 1949.

La reforma agraria de los años sesenta (Ley 135 de 1961) tituló predios, abrió trochas y otorgó créditos. En la Costa Atlántica el impulso dado a la reforma por Lleras Restrepo generó una poderosa resistencia, muchas veces armada, de terratenientes. Lleras tuvo que recurrir a organizar a los campesinos en la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) para impedir que los pocos logros fueran echados atrás.

Apolinar Díaz Callejas, ministro de Agricultura, nacido en Colosó, Montes de María, fue encargado de la tarea. Al inaugurar la primera asociación departamental en Sincelejo, Lleras Restrepo dijo: “No habrá reforma agraria si el campesinado, sus organizaciones y asociaciones de usuarios no la imponen. Sin la presión campesina organizada no habrá reforma agraria”.

En el año 71, antes del Pacto de Chicoral, que echó para atrás la tímida reforma del Frente Nacional, había 980.306 campesinos organizados en el país. Una fuerza formidable y peligrosa, sobre todo en los departamentos de Córdoba, Sucre y Bolívar. La ANUC desencadenó una ola de invasiones de tierra.

Pierre Gilhodes ha señalado que solamente durante el mes de octubre de 1971, los usuarios campesinos invadieron alrededor de 150.000 hectáreas en varios departamentos; Daniel Pecaut afirma que durante ese mismo año las invasiones movilizaron a 30.000 campesinos. Entre 1971 y 1972 invadieron más de 2.000 predios. En 1974 la ANUC reunió 40.000 campesinos en la Plaza de Bolívar pidiendo tierra. El gobierno de Pastrana se asustó y partió en dos el movimiento: la línea Sincelejo, independiente, y la línea Armenia, gobiernista.

La agitación campesina, y en particular en los Montes de María, fue brutalmente reprimida. Los invasores fueron desalojados a bala, los allanamientos se sucedían sin pausa, cientos de campesinos fueron encarcelados y procesados. Una larga lista de dirigentes de la ANUC asesinados dio cuenta de la fuerza y profundidad del movimiento. Numerosas ligas, juntas de acción comunal y sindicatos optaron por volverse clandestinos.

De ahí al surgimiento de las guerrillas no había más que un paso, que lo dieron las Farc, el Eln y el Epl a comienzos de los 80. A fines de la década, las Farc habían consolidado dos frentes: el 35 y el 47, y el Eln uno.

La matanza

En El Salado, por ejemplo, la masacre fue ejecutada por la convergencia de tres bloques paramilitares mandados por Rodrigo Mercado Peluffo, alias Cadena, un ex carnicero y ex informante de la Armada, considerado el terror del Golfo de Morrosquillo, donde termina el oleoducto de la OXY; por Juancho Dique, comandante de las Convivir de Montes de María, fundadas entre la Primera Brigada y los ganaderos de la zona, y por H2, cuñado de Carlos Castaño.

La operación fue planeada por Castaño, Mancuso y Jorge 40 en la hacienda El Avión, departamento del Magdalena. Se trataba de un castigo ejemplarizante a un pueblo que, según la inteligencia militar, era un paradero y una retaguardia de las Farc, el grupo que había emboscado a la Infantería de Marina en 1995 matando a un coronel, un teniente y 25 soldados. Pero ante todo se trataba de recuperar 500 cabezas de ganado robadas por el Frente 37 a la famosa Gata, empresaria del chance e íntima de los gamonales de la región.

Los tres bloques avanzaron con cautela, degollando a todo campesino que tuviera un pequeño hato lechero o fuera delatado como colaborador de las guerrillas por los informantes. Un helicóptero abastecía la tropa de criminales y baleaba los ranchos. El 18 de febrero llegaron al pueblo las 450 unidades paramilitares. Las primeras víctimas fueron mujeres que se sospechaba habían sido o eran amantes de los guerrilleros. Casi todas fueron violadas y una empalada. En la plaza, al son de gaitas, acordeones y tamboras, fueron degollados, acuchillados o fusilados uno a uno treinta y seis moradores.

La Infantería de Marina llegó cuando los paramilitares se habían retirado tranquilamente cinco días después de comenzar la matazón. Juancho Dique narra así el repliegue: “Salimos en tres camiones como Pedro por su casa... Cadena ya tenía todo arreglado”. Entonces, el Consejo de Seguridad Departamental, encabezado por el coronel de la Armada Rodrigo Quiñones y el gobernador encargado, Humberto Vergara, se reunió en Sincelejo: el primer punto fue el supuesto robo de ganado hecho por las Farc a Miguel Nule Amín, Eric Morris y Álvaro García Romero, condenados hoy por paramilitarismo.

Hoy todo ha pasado y quizás nada haya cambiado. El Gobierno Nacional puso en marcha el Salto Estratégico (Directiva Presidencial 01 de marzo de 2009) con el Plan Integral de Consolidación de los Montes de María, que tiene como condición el control militar de la zona, adelantado por un nuevo organismo oficial, el Centro de Fusión Integral, una instancia del Comando de la Armada Nacional. En realidad es el viejo proyecto de la Acción cívico-militar elaborado por el Comando Sur de EE.UU. y publicitado por el general Álvaro Valencia Tovar.

El objetivo central es poner en manos militares la estructura social y el desarrollo económico de una región, contando por supuesto con la empresa privada y con las ONG aliadas del Gobierno (sic). Los jefes del programa son el comandante de la Fuerza Naval del Caribe y “como responsable de la dirección en el área política” un personaje titulado oficialmente “el Padrino de los Montes de María”.

El primer proyecto es la rectificación y pavimentación de la carretera entre El Carmen de Bolívar y San Onofre, que hará parte de la Transversal del Caribe. La construcción de la vía ha sido contratada por el Gobierno Nacional con el Batallón de Ingenieros Militares por un valor de 11.000 millones de pesos.

El resultado más tangible de la política adoptada por el Gobierno —presentada en público como de posconflicto— ha sido la acelerada y abrupta valorización de la tierra. El primer síntoma es la ampliación de las grandes ganaderías a costa de la agricultura campesina. Entre 2005 y 2007 “se han presentado porcentajes significativos de reducción del uso de tierras para la siembra de cultivos a favor de la ganadería”, que sigue ocupando más de la mitad de la tierra útil, según la Universidad de Cartagena.

El hato ganadero aumentó en ese par de años un 11%. El proceso de valorización del suelo y de concentración de la propiedad ha sido imparable. Patricia Buriticá, miembro de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR), hizo un llamado al Gobierno para que “investigue la venta masiva de tierras en la región de los Montes de María, así como la compra de éstas por parte de grandes capitales para el cultivo de materias primas requeridas en la producción de biocombustibles. Se han conocido casos de compra de 75 mil hectáreas”.

El vicepresidente Francisco Santos, a quien ya nadie escucha, denunció: “Hay distintos compradores, unos son decentes, han llegado a la zona a hacer empresa y a forjar empleo rural. Pero hay otras empresas de especulación, sociedades que vienen de Medellín específicamente, y la justicia las tiene en la mira”.

Los grandes inversionistas comprobados son compañías palmeras bajo el control de Carlos Murgas, el zar de la palma; la Philip Morris, dueña del 93% de las acciones de Coltabaco, y Colanta, una gigantesca empresa lechera. Desde 2005 se reinició la exploración de campos de petróleo y gas. Pero además de ser un territorio para los inversionistas privados.