Botnia-UPM Los asambleístas van a resistir la orden de desalojo judicial

Entre Ríos - La orden judicial de liberar la ruta 136, que conduce al puente internacional Gral San Martín, existe desde el 20 de noviembre de 2006, fue dedicada por el ex juez federal de Concepción del Uruguay, Guillermo Quadrini e informada a los asambleístas, aseguraron fuentes de la Gendarmería Nacional. La ejecución de la manda quedó desde entoces supeditada a las instrucciones que el Ministerio de Interior, imparta al escuadron 56 GN.

El juez subrogante Gustavo Pimentel, a cargo del juzgado federal de Concepción del Uruguay, confirmó la vigencia del dictamen judicial, del ex juez Quadri, por lo que la decisión de actuar para dar cumplimiento a la manda ha estado, desde noviembre del 2006, a la que deben sumarse dos más, supeditada a una decisión del poder político, que debía establecer la modalidad operativa y el momento en que debía ejecutarse. El ministerio del Interior, que tiene en su orbita a la Gendarmería Nacional es el que debe disponer la orden de ejecución.

Han transcurrido más de tres años desde que fue bloqueada la ruta 136, la presidente de la nación Cristina Fernández de Kirchner expresó, luego de su encuentro con el presidente uruguayo José Mujica, que a la Justicia le cabía la responsabilidad de expedirse sobre la liberación de la ruta, y ocurre que la decisión judicial fue dictada, hace mas de tres años, según confirmaron las manifestaciones del juez Pimentel “Con este cuadro de situación, cabrá nuevamente acordarle razón al Ministerio Público, en orden a que, desde un inicio de los cortes de los Puentes Internacionales, se ha propendido a garantizar el derecho constitucional de libre tránsito, restando únicamente que el Ministro del Interior del que depende la fuerza federal emita la orden de cumplir el mandato judicial”.

Las dudas que ahora se abren son si la presidente Cristina no fue informada sobre la existencia de las mandas judiciales, o si la situación de Gualeguaychú fue utilizada políticamente durante más de mil días con intenciones desconocidas.

En las últimas horas los funcionarios públicos se han dedicado a insistir, siguiendo la idea de la primera mandataria, de que no se utilizará la represión para despejar el bloqueo de los asambleístas, aunque el ministro del Interior, Florencio Randazzo, de quién depende la Gendarmería Nacional, declaró que si hay una orden judicial la fuerza deberá cumplirla.

En medio de declaraciones oficiales del “uso de recursos inteligentes” para levantar el corte, que nadie explica cuales son, un vocero habitual de los asambleístas, Jorge Fritzler afirmó a Radio Maxima “si la Gendarmería está preparada para desalojar, nosotros estamos entrenados para resistir, la instrucción es resistir el bloqueo y volver a bloquear si no sacan. Mantener el bloqueo es la decisión de la mayoría” y agregó “si Gendarmería viene a desalojar y no lo consiguen, van consolidar un corte eterno”.

Fritzler descalificó, también, las versiones que en Gualeguaychú hay dos posiciones contrapuestas respecto al bloqueo, y aseguró que “hay sectores del gobierno y económicos que están queriendo vender esta situación de que en Gualeguaychu hay dos posturas”, aseguró que solo existe un grupo pequeño de disidentes contra la Asamblea y sus medidas, y toda una población que apoya sus decisiones”.

Sin embargo, voceros del denominado grupo “Ciudadano Movilizados” que impulsó la causa, para el levantamiento del corte en el juzgado del Dr. Pimentel, aseguran que la gente está cansada de la medida de fuerza, que tienen miedo de expresarse y muchos han perdido sus negocios y las ventas se derrumban en la ciudad.

El clima es realmente preocupante aseguran vecinos, que piden no ser identificados, es el escenario menos esperado y el actual intendente Juan José Bahillo ha salido a pedir prudencia y calma “más allá de lo que piense cada uno del corte, no podemos permitir un enfrentamiento”, Bahillo reiteró que tal como lo expresó el jefe de gabinete Aníbal Fernández, el gobernador Uribarri y el senador nacional Pedro Guastavino, “no se usará la fuerza pública” para levantar el bloqueo de la ruta 136 en Arroyo Verde.

La Asamblea Ciudadana Ambiental, se declaró en asamblea permanente, y si bien este miércoles habrá una sesión especial para analizar las medidas a tomar, el asambleísta Fritzler dijo “la justicia le pasó la pelota al gobierno” e insistió " Si no hay represión, la gente voluntariamente no se va a ir hasta que no se vaya Botnia. Yo creo que el gobierno ahora nos estudió y vio que la Asamblea mantiene su capacidad de respuesta y sabe que resistiremos pacíficamente en caso de que se intentara utilizar la represión”.

El problema del bloqueo del paso internacional que une Puerto Unzué con Fray Bentos, justificado inicialmente por la Administración Kirchner, basado en un reclamo de conservación ambiental por la instalación de la pastera UPM, ex Botnia, ha tomado una nueva dimensión que complica seriamente, en la medida que no se resuelva, la relación entre Buenos Aires y Montevideo.

En el entrecruce de las decisiones está el costo político del presidente uruguayo José Mujica, que apostó a una amigable relación con la Casa Rosada, que lo llevó a respaldar la designación de Néstor Kirchner como titular de Unasur, contradiciendo la política sustentada por su antecesor Tabaré Vázquez, con el convencimiento que lograría, así, una acción positiva para la liberación de la ruta internacional, medida que hasta ahora no parece concretarse y que, en medio de grandes dudas, genera severas críticas de todo el arco político del Uruguay a la posición adoptada por Mujica.