Colombia: Declaración de Medellín: 50 años del BID: ¡Nada que Festejar!

Entre los días 25 y 29 de marzo, nos hemos reunido en Asamblea Popular

centenares de representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes,
movimientos sociales y organizaciones populares, mujeres, jóvenes,
trabajador@s, migrantes y personas desplazadas, estudiantes e
investigadores, artistas, ambientalistas y defensores de los derechos
humanos, procedentes de todo el hemisferio.
Mientras la Asamblea de Gobernadores del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) celebra fastuosamente su 50 aniversario, cortejada por las empresas y
bancos más poderosos de nuestra región y el mundo y rodeada por un
despliegue millonario de seguridad militar, nosotras y nosotros nos hemos
reunido en teatros, en comunas y barrios populares, sindicatos y
universidades, para escuchar las denuncias de las poblaciones directamente
afectadas por las políticas del BID, para analizar colectivamente el modelo
de desarrollo que ha impulsado en contubernio con los gobiernos e intereses
económicos cómplices y para aunar esfuerzos en la construcción de
alternativas de vida, de equidad, de soberanía y de sustentabilidad. Más de
seis mil personas hemos marchado por las calles de Medellín, en paz y con la
alegría de quienes se encuentran y se fortalecen en una misma lucha,
reconociendo que la presencia del BID en Medellín ahora, y en nuestra
América durante 50 años, no de motivos para festejar..
La evidencia presentada durante los Foros Populares, Juveniles, de Migrantes
y Personas Desplazadas, el Foro Académico, y la Asamblea de los Pueblos
Acreedores del BID, demuestra que buena parte de las políticas promovidas y
apalancadas con préstamos y condicionalidades de este banco no han servido
para reducir las inequidades de la región, sino más bien para avanzar
decididamente en el proceso de mercantilización y privatización de la vida,
de los derechos humanos y sociales fundamentales, como el agua, la
educación, la salud, así mismo, han servido para favorecer la expansión de
grandes intereses de los monopolios financieros y las multinacionales,
fundamentalemente norteamericanos, en la extracción y expoliación de la
riqueza de América Latina y el Caribe.
El enorme poder en la toma de decisiones del banco que posee el gobierno de
Estados Unidos, por contar con el 30% de su capital accionario, le ha
permitido ejercer una influencia definitoria en las políticas de la
institución, generando enormes deudas financieras ilegítimas y una inmensa
deuda social y ecológica con los pueblos de la región. Luego de 50 años
vemos que los índices de pobreza en América Latina y el Caribe son
alarmantes. Cerca de 180 millones de personas viven en condiciones de
pobreza, de las cuales más de un tercio son indigentes. Además, la
desigualdad en la región presenta también índices muy preocupantes, pues la
distribución del ingreso es la peor del mundo: en muchos países el ingreso
per cápita del 10% más rico supera, en cerca de 20 veces, el del 40% más
pobre.
A través de las denuncias y análisis presentados, hemos constatado que el
modelo de desarrollo impulsado por el BID ha significado un creciente
deterioro ambiental, al estar basado en la extracción de recursos no
renovables de forma intensiva y contaminante, y en la promoción de un modelo agrícola que promueve los monocultivos, la concentración de tierras, la
pérdida de los suelos, la privatizaciòn del agua y la desaparición de cualquier otra forma de relación social no mercantilista, lo que atenta contra las soberanía y la seguridad alimentaria de los países. Estos y otros
proyectos están en mayor medida apoyados por créditos del BID, además de su promoción de los regímenes de libre comercio y de protección a las
inversiones que tanto daño causan en la región.
Hemos podido comprobar además, que el proceso de integración regional que el BID promueve, junto con otras instituciones e intereses financieros y
comerciales tanto de fuera de América Latina y el Caribe como adentro de
nuestros países, se apoya en planes de infraestructura como la IIRSA y el
Plan Puebla Panamá, que ahondarán los impactos socio-ambientales sobre los
pueblos de la región, privilegiando una modalidad de integración que favorece la apertura al capital financiero e industrial más concentrado, así como el fortalecimiento de los enclaves de la región, en contra de una integración emanada de los derechos, las necesidades, la diversidad cultural y la participación de los pueblos. Fue ampliamente denunciada la responsabilidad directa del BID en relación al cambio climático, problema que se encuentra como prioritario en las agendas nacionales e internacionales.
Según pudimos constatar, el Banco ha financiado decenas de proyectos y miles de millones de dólares que tienen que ver con energía fósil, la infraestructura energética, los agrocombustibles, los mal llamados
mecanismos de desarrollo limpio y todas las reformas legales asociadas. Esto
convierte al BID también en deudor ecológico y climático, no solo por las
emisiones de CO2 y los desastres del clima provocados por el modelo de
que promueve, sino sobretodo por apalancar el mercado del carbón
y la mercantilización del bienestar de las victimas del Cambio climático.
El BID es un actor ilegítimo para plantear supuestas soluciones o medidas de
adaptación al cambio climático, sobretodo cuando las plantea en forma de más endeudamiento de los países de la región que no tienen responsabilidad
histórica con el problema.
El BID es responsable también de la existencia de 20 millones de latinoamericanos que ya no viven en sus lugares de origen, pues han sido
desplazados, expulsados a otras tierras, viviendo como refugiados o en
condiciones de mayor pobreza e inseguridad; además, el BID ha sido cómplice
de la existencia y financiación de regímenes dictatoriales, represivos y
genocidas. Muestra de la relación entre el sistema financiero, la financiación de la desigualdad y la militarización de los territorios se
vive claramente en Medellín, sede oficial de la asamblea del BID, donde no
sólo se reprimió brutalmente la marcha pacífica, sino donde cotidianamente
los paramilitares y militares ejercen control sobre las comunas y las
poblaciones para garantizar el avance de los proyectos energéticos financiados por el BID, corroborando nuestras denuncias acerca del desplazamiento de poblaciones como herramienta de pacificación y privatización de los territorios Una vez analizados estos elementos, estamos de acuerdo en que no queremos ni necesitamos en la región un banco que financie la desigualdad, la inequidad, la injusticia, la destrucción, ni que contribuya al cambio climático, a las políticas represivas y la integración subordinada a un modelo hegemónico de desarrollo que, hoy más que nunca, muestra al mundo su fracaso.
Sabemos que debemos cambiar este sistema que hoy se encuentra en plena
crisis, y un camino certero para lograr las transformaciones que queremos
incluye el ponerle freno al BID. Por esto motivos, y con el objetivo de
continuar avanzando en el fortalecimiento y la articulación de acciones de
resistencia y construcción de alternativas frente al BID y el modelo de
desarrollo que impulsa, nos declaramos afectados y víctimas de los proyectos
y políticas del BID y por ende acreedores de las múltiples deudas que este
banco, los gobiernos, instituciones y empresas cómplices, han generado para
con nosotras y nosotros.
En ese sentido:
1- Exigimos sanción a los responsables de las políticas de desigualdad,
depredación, exclusión y terrorismo financiero que ha impulsado el BID
durante estos 50 años;
2- Reclamamos al BID que se reconozca como deudor de las deudas sociales,
ecológicas, culturales y financieras que ha generado con los pueblos de la
región;
3- Exigimos que el BID se someta a un proceso de auditoria integral, externa
y participativa, para determinar la naturaleza, el monto y la legitimidad de
las deudas que ha acumulado con los pueblos de la región. Mientras esto no
se lleve a cabo, exigimos que los gobiernos de nuestros países suspendan el
pago del servicio de estos reclamos.
4- Exigimos que el BID restituya a los pueblos por los impactos de sus políticas. En este momento de crisis económico-financiera, alimentaria,
energética, climática y social, consideramos indispensable reivindicar la
soberanía de los recursos financieros, alimentarios y energéticos para
defender nuestras vidas y avanzar en la construcción de alternativas.
5- Reclamamos a nuestros gobiernos la pronta puesta en funcionamiento del
Banco del Sur, como un mecanismo financiero diferente al BID, que se centre
en el bienestar humano y de la naturaleza y que no actúe solo en función de
lo comercial y financiero, la producción y la competitividad. Por el contrario, este banco debería romper con la idea de que América Latina y el Caribe sean simples proveedores de recursos naturales y de que el desarrollo se limita a un mero crecimiento económico. Este banco deberá constituirse como una entidad democrática, abierta y participativa, donde cada país tenga un voto en la institución. Asimismo, esta nueva institución deberá responder a los verdaderas necesidades de los pueblos, asegurando para ello el derecho a la consulta, libre, previamente informada y con efecto vinculante.
6- Que dicho Banco del Sur sea parte de una nueva arquitectura financiera
regional e internacional, basada en la ética y los valores de la inclusión, la equidad, la solidaridad, la complementariedad, la reciprocidad, el respeto por la soberanía nacional y que contribuya a la construcción de alternativas como el ALBA y el desarrollo de una moneda regional.
7- Instamos a nuestros gobiernos a no utilizar este momento de crisis
profunda, sistémica y civilizatoria para fortalecer la presencia y políticas del BID en nuestra región; no queremos ni necesitamos los nuevos desembolsos
de cerca de 18 mil millones de dólares que los Gobernadores del BID esperan
aprobar, la mayoría de los cuales se destinarían para responder a las crisis
actuales.
¡Más de lo mismo no resolverá nada! Nuestros gobiernos deben escuchar los
reclamos de sus pueblos, que demandan un camino hacia el “buen vivir”, que
luchan por mantener la agricultura campesina frente a los monocultivos, por
evitar nuevos pozos petroleros o la construcción de gasoductos dentro de sus
territorios, por asegurar territorios y ríos libres de represas, y por la efectiva defensa de sus derechos humanos básicos, como el acceso al agua, la educación, la salud, ante situaciones problemáticas que en muchos casos son
generadas por proyectos financiados por el BID. Estas comunidades y pueblos
deben ser reconocidos y no criminalizados ni acalladas sus voces, pues hay
mucho que aprender de ellos.
SOMOS SUJETOS DE DERECHOS Y POR NUESTROS DERECHOS LUCHAMOS! NO SOMOS DEUDORES, SOMOS ACREEDORES DEL BID!!
50 AÑOS FINANCIANDO LA DESIGUALDAD ES DEMASIADO: ¡BASTA YA!
Para mayor información, contáctenos en: Página Web:

http://www.frentebid2009.org/
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