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Por Carlos Rodríguez
La abogada norteamericana Sandra Babcock, defensora de presos condenados a muerte por delitos comunes o supuestos actos de terrorismo, afirmó que la pena capital “debe ser abolida, pero se mantiene en 23 países porque los políticos oportunistas” siguen afirmando que “disuade a los delincuentes que cometen delitos violentos, cuando criminólogos y sociólogos han demostrado que no hay ninguna prueba de ello”. En una entrevista con Página/12, sostuvo que las “ejecuciones” –como se denomina a la puesta en práctica de la pena de muerte– deberían llamarse “homicidios cometidos por el Estado”. Recalcó que “esos homicidios son más graves que los que cometen personas bajo el efecto de las drogas o con problemas mentales, porque mientras ellos actúan espontáneamente, el Estado actúa en forma premeditada. Son homicidios cometidos a sangre fría”. Babcock participó en Buenos Aires del Congreso Sobre Abolición Universal de la Pena de Muerte, organizado por la Defensoría General de la Nación.
Directora clínica del Centro Internacional de los Derechos Humanos, Babcock defiende a un ciudadano saudita que está preso en la cárcel de Guantánamo por su presunta participación en el atentado contra las Torres Gemelas. “Hace nueve años que está preso sin acusación, sin testigos, sin pruebas”, a pesar de que el gobierno de Estados Unidos reconoce que “no entró al país” cuando ocurrió el hecho “y cuando también se reconoce (oficialmente) que ha sido sometido a torturas”.
–¿Cómo es posible que a esta altura de la historia de la civilización se mantenga vigente una medida extrema que remite a la Edad Media?
–Es una buena pregunta. Lo que se ve es que cada año más países están aboliendo la pena capital. En todo el mundo tenemos sólo 23 países que el año pasado llevaron a cabo ejecuciones. Creo que estamos avanzando, pero Estados Unidos o Japón, y otros países, todavía aplican la pena capital. Es cierto que es algo difícil de entender. Creo que la pena de muerte persiste porque es alimentada por mitos perdurables, pero falsos.
–¿Por qué persisten esos mitos?
–Porque hay políticos oportunistas que reclaman medidas, como la pena de muerte, para los casos muy graves de delitos violentos. Eso se aplica como respuesta a las preocupaciones de una población que tiene miedo por la inseguridad y los políticos se aprovechan de esa inseguridad y de la ignorancia. La población no sabe realmente cuáles son las causas, los factores que contribuyen a la delincuencia. Es mucho más fácil, para un político, decir: “Bueno, yo tengo una solución”. Esa solución muy simple, muy rápida, es la pena de muerte. Es como decir “vamos a matar a todas esas personas que están causando ese daño en la sociedad”.
–Pero está demostrado que es una medida que no soluciona nada.
–Claro, es una solución que no funciona porque sabemos que otro mito es que la pena de muerte disuade a los delincuentes, que ya no van a cometer delitos violentos porque tienen miedo de que se les aplique la pena de muerte. Sabemos, a través de criminólogos y de sociólogos, que no hay ninguna prueba de que sirva para disuadir.
–En Japón o Estados Unidos, ¿con qué frecuencia se aplica?
–Ahora, en Japón, no hay muchas ejecuciones porque hay un ministro de Justicia que está en contra de la pena capital. En Japón hay normalmente menos de media docena de ejecuciones cada caño. En Estados Unidos está disminuyendo (el número), pero el año pasado tuvimos 46 y en lo que va de éste hemos tenido más de 30.
–¿Se puede hacer una comparación entre la aplicación de la pena de muerte y las ejecuciones extrajudiciales, por agentes del Estado, que ocurren en países latinoamericanos que no tienen pena capital?
–Son dos cosas relacionadas, pero distintas. En Estados Unidos, la pena de muerte es una política de gobierno abierta, deliberada, proyectada. En el caso de las ejecuciones extrajudiciales también podría ser, en algunos casos, una política deliberada, pero es más escondida, no es abierta. Es más difícil abordar el tema porque las causas son distintas. En muchos países son las fuerzas armadas las que cometen estas ejecuciones extrajudiciales y eso es posible por la impunidad que existe. En Estados Unidos no tenemos tanta impunidad, aunque seguramente tenemos abusos en el trato de los presos.
–Cuando usted habla sobre la pena de muerte, dice que se las llama “ejecuciones”, pero que en realidad son “homicidios”.
–Las ejecuciones son homicidios cometidos por el Estado. Habría que modificar la palabra “ejecución” y decir “matanza” u “homicidio”, porque es lo que son. Es aún peor que un homicidio cometido por una persona bajo la influencia de drogas o alcohol o que tiene daño cerebral y actúa de una manera espontánea. El gobierno, cuando ejecuta a personas, actúa de manera calculada, deliberada, premeditada.
Es un homicidio a sangre fría.
–Usted habla de la necesidad de educar a los detenidos, de darles atención adecuada a los que cometen delitos graves, porque por lo general son personas con daño cerebral, enfermedades psicológicas o que provienen de familias abusivas.
En Argentina se condena al violador, pero no se le brinda atención psicológica.
De nuevo en libertad, vuelve a violar.
–Claro, por supuesto, eso ocurre. Es uno de los problemas más perdurables que tenemos. Nos hemos rendido y no aplicamos el concepto de rehabilitación.
Los criminólogos, muchas décadas atrás, decían que las unidades penitenciarias tenían que ser lugares donde los presos pudieran ser rehabilitados. Ahora no ocurre eso. En Estados Unidos no tenemos educación, no tenemos trabajo para los presos. Están encarcelados como animales. Para parar la violencia, es necesario primero entenderla. Y segundo, intentar tratar a las personas, con psicólogos, sociólogos, con educación, con personas que puedan entender mejor los factores que llevan a esa violencia, tanto en ese individuo como en la sociedad. Ese medio ambiente que contribuye a la delincuencia.
–¿Las personas que comenten delitos graves pueden recuperarse?
–La mayoría de los que cometen delitos violentos pueden sobrevivir y aprender a contribuir con la sociedad. En Estados Unidos tenemos personas en las cárceles que abusan de las drogas, pero que no representan una amenaza para la sociedad. Lo que necesitan es tratamiento. Son personas que no deberíamos tenerlas en la cárcel, porque no es necesario. Nosotros, como país, tenemos la tasa de encarcelamiento más alto en el mundo, más que China, más que Rusia. Y hay otro problema grave: la discriminación en las sentencias. Es mucho más probable que recibas una condena más severa si eres afroamericano o latino, que si eres blanco. Y si alguien cometió un delito, aunque sea robo, sin agresión ni daño a las personas, igual pierde sus derechos civiles y ya no puede votar, por ejemplo.
–Las medidas contra la inseguridad crean muchas veces más inseguridad.
–Exactamente. En Estados Unidos, después del 11 de septiembre (de 2001), hemos abandonado algunos principios fundamentales, del debido proceso, del tratamiento humano de las personas, sobre todo en Guantánamo.
–Es difícil ser el abogado defensor de los que están imputados por supuestos delitos relacionados con el 11 de septiembre.
–Lo que es difícil es ganar los casos. Perdemos mucho, porque las cortes son muy conservadoras, los políticos también y entonces es algo muy frustrante, porque no puedes ayudar a tus clientes. Intentamos, pero es muy duro. Para mis clientes que están en el corredor de la muerte o para el que está en Guantánamo, es una tortura.
–¿Cuál es la situación de su defendido en Guantánamo?
–Es de Arabia Saudita. Hace nueve años que está detenido, sin juicio. No fue formalmente acusado en las cortes penales. El gobierno dice que cree que es una persona que iba a participar en los ataques del 11 de septiembre. Según el gobierno, él no pudo entrar al país y por eso no tomó parte en el ataque. Pero según el gobierno, él ayudaba a Al Qaida. Hasta el momento no han presentado ningún testigo, ninguna prueba, no hemos tenido un proceso. El gobierno, además, ha reconocido que mi cliente fue torturado. No sabemos qué va a ocurrir, pero sigue en Guantánamo.
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