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a Plataforma por la Comisión de la Verdad, que representa a más de cien asociaciones de familiares de víctimas del franquismo y de la memoria histórica, solicitará una entrevista con el presidente del gobierno para pedirle que ponga en marcha las 42 recomendaciones de Grupo de trabajo de la ONU (GDTFI) y cumpla con el plazo de 90 días que este organismo de la ONU ha propuesto para que el ejecutivo de Mariano Rajoy elabore un cronograma de aplicación de las medidas del informe.
El informe definitivo del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzosas de la ONU -tras el trabajo realizado en septiembre de 2013- advierte de que "es urgente que el Estado adopte como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas".
De esta manera, la ONU vuelve a dar la razón a las víctimas del franquismo y a la denuncia que hemos reiterado, una y otra vez, sobre la situación de indefensión y el desamparo institucional, jurídico y político que todavía sufren decenas de miles de víctimas del franquismo y sus familiares.
Hablamos en nombre de las más de 150.000 personas víctimas de desapariciones forzadas, cuyos familiares siguen esperando un reconocimiento como tales víctimas y una solución por parte del Estado democrático. Hablamos en nombre de las miles de víctimas anónimas, sin voz, que siguen sepultadas en las 2.381 fosas comunes desperdigadas por la geografía española que no han sido exhumadas, y hablamos, entre otros crímenes del franquismo, de las decenas de miles de casos de niños robados durante la dictadura. Todos ellos forman parte de un conjunto de delitos cometidos bajo el franquismo que la ONU nos recuerda que son imprescriptibles.
El informe recuerda que "las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos" y que España está obligada a una política de estado que dé respuesta a los familiares y permita recuperar sus restos. El informe subraya que "este es un derecho absoluto de acuerdo a la Declaración y una obligación que el Estado español debe satisfacer de acuerdo al derecho internacional". Una exigencia que la Plataforma por la Comisión de la Verdad y todas la asociaciones de víctimas y memoria hemos venido reclamando y ha sido permanentemente desoída por las instituciones del Estado.
España sigue siendo una excepción en la Europa democrática. Hoy, 77 años después del golpe militar y 36 años después de la restauración de la democracia, ni la justicia, ni las instituciones han dado pasos significativos para cumplir con la legislación internacional con el respeto debido a los derechos humanos y a las víctimas. Es más, se ha retrocedido de manera injustificada, dejando sin efecto y sin presupuesto la ley de memoria histórica que por primera vez abordaba este problema, aunque de manera insuficiente.
Es el momento de que eso cambie. No solo pediremos al gobierno un compromiso con las recomendaciones de la ONU, también pediremos ese compromiso a todas las fuerzas políticas parlamentarias y sociales.
Como ha manifestado el autor del informe, Ariel Dulitzky, "es importante y urgente que el estado español asuma su responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas".
Creemos que los informes y recomendaciones, respaldadas por la autoridad política y moral que representa Naciones Unidas, son un buen punto de partida para establecer un acuerdo político y social, un verdadero pacto de Estado que aborde una solución definitiva para las víctimas y los crímenes del franquismo que la democracia no ha sabido resolver hasta ahora.
Con este propósito, en diciembre de 2013 nos dirigimos al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, para solicitarle una entrevista que todavía hoy no se ha producido. En la carta que le dirigimos, pedíamos una solución en el marco de los principios de la ONU que pusiera en marcha las medidas necesarias para impulsar un gran acuerdo nacional que concluya en la constitución de una Comisión de la Verdad que emane de las Cortes. Una solución adoptada por más de cuarenta países de todo el mundo que, como nosotros, han sufrido dictaduras, violaciones masivas de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad. En aquella ocasión fue con el apoyo del informe del Comité sobre desapariciones forzosas de la ONU. Ahora lo hacemos con el respaldo del informe definitivo del Grupo de Trabajo (GTDFI) que propone la creación de una comisión formada por expertos independientes.
Este nuevo informe de la ONU nos permite reivindicar y exigir al gobierno de Mariano Rajoy que se comprometa a cumplir los principios, las resoluciones y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos para que en España sean posibles la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
El informe definitivo del Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzosas de la ONU -tras el trabajo realizado en septiembre de 2013- advierte de que "es urgente que el Estado adopte como una inmediata prioridad la búsqueda de la verdad y en particular sobre la suerte y el paradero de las personas desaparecidas".
De esta manera, la ONU vuelve a dar la razón a las víctimas del franquismo y a la denuncia que hemos reiterado, una y otra vez, sobre la situación de indefensión y el desamparo institucional, jurídico y político que todavía sufren decenas de miles de víctimas del franquismo y sus familiares.
Hablamos en nombre de las más de 150.000 personas víctimas de desapariciones forzadas, cuyos familiares siguen esperando un reconocimiento como tales víctimas y una solución por parte del Estado democrático. Hablamos en nombre de las miles de víctimas anónimas, sin voz, que siguen sepultadas en las 2.381 fosas comunes desperdigadas por la geografía española que no han sido exhumadas, y hablamos, entre otros crímenes del franquismo, de las decenas de miles de casos de niños robados durante la dictadura. Todos ellos forman parte de un conjunto de delitos cometidos bajo el franquismo que la ONU nos recuerda que son imprescriptibles.
El informe recuerda que "las familias de los desaparecidos en España quieren conocer la verdad sobre la suerte o el paradero de sus seres queridos" y que España está obligada a una política de estado que dé respuesta a los familiares y permita recuperar sus restos. El informe subraya que "este es un derecho absoluto de acuerdo a la Declaración y una obligación que el Estado español debe satisfacer de acuerdo al derecho internacional". Una exigencia que la Plataforma por la Comisión de la Verdad y todas la asociaciones de víctimas y memoria hemos venido reclamando y ha sido permanentemente desoída por las instituciones del Estado.
España sigue siendo una excepción en la Europa democrática. Hoy, 77 años después del golpe militar y 36 años después de la restauración de la democracia, ni la justicia, ni las instituciones han dado pasos significativos para cumplir con la legislación internacional con el respeto debido a los derechos humanos y a las víctimas. Es más, se ha retrocedido de manera injustificada, dejando sin efecto y sin presupuesto la ley de memoria histórica que por primera vez abordaba este problema, aunque de manera insuficiente.
Es el momento de que eso cambie. No solo pediremos al gobierno un compromiso con las recomendaciones de la ONU, también pediremos ese compromiso a todas las fuerzas políticas parlamentarias y sociales.
Como ha manifestado el autor del informe, Ariel Dulitzky, "es importante y urgente que el estado español asuma su responsabilidad y elabore una política integral para dar verdad y justicia a las víctimas".
Creemos que los informes y recomendaciones, respaldadas por la autoridad política y moral que representa Naciones Unidas, son un buen punto de partida para establecer un acuerdo político y social, un verdadero pacto de Estado que aborde una solución definitiva para las víctimas y los crímenes del franquismo que la democracia no ha sabido resolver hasta ahora.
Con este propósito, en diciembre de 2013 nos dirigimos al presidente de gobierno, Mariano Rajoy, para solicitarle una entrevista que todavía hoy no se ha producido. En la carta que le dirigimos, pedíamos una solución en el marco de los principios de la ONU que pusiera en marcha las medidas necesarias para impulsar un gran acuerdo nacional que concluya en la constitución de una Comisión de la Verdad que emane de las Cortes. Una solución adoptada por más de cuarenta países de todo el mundo que, como nosotros, han sufrido dictaduras, violaciones masivas de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad. En aquella ocasión fue con el apoyo del informe del Comité sobre desapariciones forzosas de la ONU. Ahora lo hacemos con el respaldo del informe definitivo del Grupo de Trabajo (GTDFI) que propone la creación de una comisión formada por expertos independientes.
Este nuevo informe de la ONU nos permite reivindicar y exigir al gobierno de Mariano Rajoy que se comprometa a cumplir los principios, las resoluciones y los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos para que en España sean posibles la verdad, la justicia y la reparación para las víctimas.
http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article71841
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