Perú: Gobierno propicia despojo y arrasa con comunidades

“El gobierno insiste en aplicar una política de despojo de tierras y arrasamiento de los derechos de las comunidades campesinas y amazónicas con la intención de dejar que la Amazonía, las fuentes de agua, los minerales y los hidrocarburos, queden a merced de las industrias extractivas”, afirmó ayer la congresista Juana Huancahuari.

La legisladora basó la grave denuncia en el hecho que un proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso, para reformar la Ley 28223 sobre Desplazamiento Interno, para agregarle la causal “de proyectos de desarrollo en gran escala, justificados por un interés público superior o primordial”.

La legisladora recordó que la ley fue hecha para amparar a las personas o grupos humanos afectados por conflictos armados o desastres naturales y ahora desvirtúa ese propósito, para utilizarlo a favor de la promoción de megaproyectos de inversión minera, hidrocarburos y represas que serían declarados de interés superior o primordial. “De aprobarse el proyecto, el Estado podrá disponer de los territorios comunales y que en aras de un interés nacional (extracción de minerales, petróleo, gas) los indígenas tengan que irse a otro sitio. Se está desvirtuando el carácter de una ley que nació para amparar los derechos de los desplazados”, remarcó.

Privatizar
A su parecer “hay un interés desmedido por comercializar y privatizar los recursos que posee la sierra y la selva, sin respeto por quienes habitan y conviven en armonía con su entorno ni del Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas”. El citado convenio dispone que “los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios. No se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados”. “Deliberadamente el presidente García y sus acólitos están generando más enfrentamiento y derramamiento de sangre”, agregó la parlamentaria.

De otro lado, Asunta Santillán, especialista de la ONG DAR, advirtió en el proyecto una distorsión del proceso de consulta y de consentimiento a las comunidades campesinas y amazónicas, reducidas a un mero trámite administrativo.