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| Humala enfrenta conflictos sociales igua que Alan García |
Según el medio, “los pueblos indígenas en Perú se sienten traicionados por Ollanta”, porque en los 10 meses de gobierno, el presidente “no quiere usar el diálogo para solucionar los cientos de conflictos socioambientales que aún siguen”.
“Desde que Humala llegó al poder a finales de julio de 2011, por lo menos 12 personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y su gobierno ha restringido ya dos veces las libertades civiles, decretando Estado de Emergencia después de violentas protestas contra actividades principalmente extractivas, como por ejemplo la minería”, señaló The Guardian.
Asimismo, recordó lo hechos violentos en Bagua, donde en el 2009 se registró un enfrentamiento que dejó como saldo registrándose 34 muertos, entre policías e indígenas. También hizo referencia a los dos muertos en el conflicto de Espinar y a las actuales manifestaciones en contra del proyecto Conga, el cual –considera el diario– es el desafío más serio del actual Gobierno
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| Cientos de peruanos marchan en Lima para protestar contra la minería y en apoyo a la gente de Cajamarca. Fotografía: Cris Bouroncle/AFP/Getty Images |
Los pueblos indígenas en Perú se sienten traicionados por el gobierno de Ollanta Humala que, a pesar de sus promesas de diálogo, continúa con las políticas represivas de su predecesor
"En estos temas [conflictos sociales], nosotros vamos a dialogar para que el costo sea lo menor posible para el país, y lo más rápidamente posible podamos re-establecer el orden y los derechos constitucionales."
Así hablaba Ollanta Humala en junio pasado, recién victorioso de las elecciones presidenciales de Perú. Su país estaba en medio de una convulsión social y él prometía un cambio de las prácticas del pasado.
Humala recibió más de 200 conflictos sociales, y su predecesor, Alan García, dejó un legado sangriento. Según el Defensor del Pueblo en Perú, 195 personas murieron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad entre enero de 2006 y septiembre de 2011; la mayoría durante los cinco años del mandato de García y principalmente debido a disputa por tierras. El conflicto más sangriento fue en Bagua.
Hace tres años, los manifestantes indígenas de esta tranquila región amazónica, ubicada en el norte del país, se enfrentaron con policías que intentaban despejar carreteras bloqueadas. Los manifestantes querían que el gobierno derogue una nueva legislación que, según decían, facilitaba a las empresas extranjeras la explotación de los recursos naturales dentro de sus tierras. García terminó por ceder, pero con un trágico legado: 33 muertos, entre ellos 24 policías, y una pequeña comunidad marcada por la violencia.
El nuevo gobierno de Humala prometió que no habría otros Baguas, y después de 10 meses en el poder, el jefe de estado peruano aún dice que quiere usar el diálogo para solucionar los cientos de conflictos socio-ambientales que aún siguen. Sin embargo, "la política del actual Presidente de la República no es más que la continuidad de la política agresiva que ha dejado el gobierno de Alan García", dice Alberto Pizango, quien encabezó la protesta indígena en Bagua en 2009.
Desde que Humala llegó al poder a finales de julio de 2011, por lo menos 12 personas han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, y su gobierno ha restringido ya dos veces las libertades civiles, decretando Estado de Emergencia después de violentas protestas contra actividades principalmente extractivas, como por ejemplo la minería. "A pesar de que el gobierno ofreció la co-gobernabilidad con las organizaciones originarias de Perú, eso tampoco se está cumpliendo", dice Pizango, quien ahora preside la Aidesep, una organización nacional de más de 1.000 comunidades en la Amazonía.
Él no es el único que piensa que las promesas electorales no se están cumpliendo. "Antes, este gobierno hablaba de erradicar la pobreza y de defender nuestra biodiversidad y los recursos de agua", dice Edwin Montenegro, el líder de Orpian, otra organización de pueblos indígenas. "Pero ahora ya no se puede confiar en este gobierno para solucionar los conflictos con el dialogo."
Dos personas murieron el mes pasado en enfrentamientos entre la policía y manifestantes anti-mineros en la provincia sureña de Espinar, en la región de Cuzco, tras días de intentos fallidos por resolver una disputa sobre la expansión de una mina de cobre. El gabinete de Humala respondió imponiendo un Estado de Emergencia allí, y trató de defender sus acciones. "Una cosa es dialogar y otra cosa permitir actos vandálicos", dijo Óscar Valdés, el primer ministro peruano. "Nosotros no vamos a dialogar en medio de la violencia". Amnistía Internacional ha condenado el uso de la fuerza, pidiendo que se disponga "la prohibición a las fuerzas policiales de emplear armas de fuego salvo que sea estrictamente inevitable para proteger la vida".
Sin embargo, Nelson Manrique, uno de los historiadores peruanos y sociólogos más influyentes, dice que Humala, un ex oficial del ejército que ha llenado su círculo cercano con otros ex militares, ha demostrado que apretando el gatillo es la única manera que conoce para resolver los conflictos sociales. "Tenemos un gabinete totalmente ilegitimado y paralizado porque no tiene personas con credibilidad como interlocutores", dice el profesor universitario.
El desafío más serio para este gobierno está en Cajamarca, en el norte de Perú, donde una fuerte oposición a un proyecto minero de $4.8 mil millones (£3.1m) obligó a la gigante compañía estadounidense Newmont a congelarlo el pasado noviembre. Los residentes en esta región agrícola están preocupados de que la mina de oro a cielo abierto, cuya construcción requeriría el reemplazo de cuatro lagunas andinas con reservas artificiales, podría contaminar los recursos hídricos y afectar a la salud de las personas.
Un feroz opositor es el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, que tiene ambiciones presidenciales. "En Perú llaman inversión al saqueo irracional de los recursos naturales, inversionista al estafador y ministro a un agente servil del capital", escribió en Twitter.
Pero a pesar de varios intentos por parte del gobierno de convencer a él y otros residentes en Cajamarca que la mina traería prosperidad en el pleno respeto del medio ambiente, la controversia continúa. La región amazónica, por su parte, se ha mantenido hasta ahora a salvo por la violencia que empañó Cajamarca y Espinar. Pero lo que ocurrió en Bagua en 2009 aún está fresco en la memoria de los habitantes de la selva peruana; ellos saben que podría ocurrir de nuevo.
Contra todo pronóstico, sin embargo, Pizango cree que es posible que Perú alcance un desarrollo sostenible con la minería, que ahora representan el 60% de las exportaciones peruanas. "Hemos venido proponiendo un proyecto que apunta a que nos sentemos entre el Estado y los pueblos originarios para replantar y retomar un nuevo rumbo de armonía y paz rural en el país", pero también se queja de que el gobierno no los viene escuchando. Manrique, por otro lado, es más escéptico. "No es posible tener un desarrollo sostenible sin conflictos sociales si se sigue por el camino de la represión. A esta altura creo que Humala tendría que cambiar de gabinete", dice.
Sin embargo, tal medida sería el tercer cambio de gabinete en la joven presidencia de Humala, y enviaría temores de inestabilidad política al extranjero. En riesgo están miles de millones de dólares de inversión en minería, petróleo y gas, que el gobierno asegura necesitar para poder sacar a millones de peruanos de la pobreza extrema. Sin embargo, muchos residentes en los Andes y la Amazonía todavía no han visto que los beneficios de esas políticas pro-inversión lleguen a sus comunidades pobres. Por ello es que prefieren mantener sus tierras intactas e incluso dar la lucha por su conservación
The Guardian
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