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La Razón / I. Paredes, I. Bustillos / La Paz
03:20 / 28 de junio de 2012
Para el gobierno de Evo Morales, el diálogo con los indígenas de la IX marcha se divide en por lo menos dos grandes temas y, por tanto, dos tipos de representación: por un lado, el tema propiamente del TIPNIS (la construcción de la carretera por el medio del Parque), y, por otro, las cuestiones que pueda plantear “la Cidob (Central de Pueblos Indígenas de Bolivia) y sus regionales”.
La intangibilidad o no del TIPNIS (la construcción de la carretera) será definida con los corregidores del Parque, señaló el vicepresidente Álvaro García. “El Tribunal Constitucional ordenó”, dijo, que se “dialogue con la gente del TIPNIS, con sus corregidores, no con las ONG (Organizaciones no Gubernamentales), se haga la consulta y del resultado (se verá) si se mantiene o no la intangibilidad”, señaló ayer García en rueda de prensa.
El Vicepresidente recordó que el martes 26 el Gobierno recibió una carta de los marchistas pidiendo diálogo. Inmediatamente se les respondió planteando una pregunta, dijo: “¿La reunión que proponen es para tratar el tema del TIPNIS o es para tratar el tema de toda la Cidob?, estamos esperando una respuesta”.
Indagado si esto no es condicionar el diálogo, el vicepresidente García alegó que no, que “lo que queremos saber es qué temas vamos a abordar y con quiénes los vamos a abordar. Queremos saber si es un tema del TIPNIS (del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure) o es un tema de las regionales (de la Cidob)”.
El Vicepresidente insistió en que el mejor mecanismo de solución al conflicto del TIPNIS es acatar lo que estableció el Tribunal Constitucional: la legalidad (constitucionalidad) de la actual consulta, pero condicionada a su concertación con los indígenas.
Fallo. La sentencia del Tribunal, emitida el 19 de junio, por un lado, declara constitucional el artículo 1 de la Ley 222, en la parte en la que convoca al proceso consultivo en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, TIPNIS.
Sin embargo, también establece la “constitucionalidad condicionada” para los artículos de la Ley 222 que tienen que ver con el desarrollo o aplicación de la consulta. El carácter condicional de la consulta significa que su contenido y forma deben ser concertados con los indígenas.
Los marchistas ratificaron ayer su rechazo al fallo del Tribunal Constitucional y en cambio reiteraron su pedido de anulación de la Ley 222. “Esa es la base de nuestras demandas, no estamos en contra de la consulta, pero esa Ley (222) establece una posconsulta”, señaló a radio Panamericana la dirigente de la marcha Bertha Bejarano.
La Ley 222 de Consulta Previa fue promulgada luego de una marcha desde Villa Tunari hasta La Paz que realizó el Consejo Indígena del Sur (Conisur), sector que exige al Gobierno la construcción de la carretera.
Diálogo sin ONG
Carretera
http://www.la-razon.com/nacional/Gobierno-carretera-vera-solo-TIPNIS_0_1640835952.html
Empresa maderera del TIPNIS fue prestamista del Banco Bidesa
De acuerdo con averiguaciones que hizo La Razón, González Bugüeño pertenecería a un clan familiar que creó una decena de “empresas fantasmas” para solicitar préstamos de dinero de la entidad financiera que fue intervenida en 1997 por la Superintendencia de Bancos, tras ponerse al descubierto varios hechos de corrupción.
El Ministerio Público investiga un daño económico por más de $us 60 millones por concepto de créditos vinculados a 43 altos ejecutivos del Bidesa, entre ellos Roberto Landívar Roca, principal acusado.
La pasada semana, éste retornó a la cárcel de San Pedro tras revocarse su detención domiciliaria en una audiencia cautelar; él y los otros imputados fueron acusados por los delitos de organización criminal, falsedad material, falsedad ideológica y estafa.
Según nota del diario La Prensa, fechada el 27 de julio de 2011, el Bidesa habría dado un crédito por $us 3 millones a diez empresas creadas por un “clan” liderado por González Bugüeño, integrado por su esposa, padres políticos y empleados que se hacían pasar por apoderados de las firmas.
El acusador, Orlando Parada Vaca, aseveró, a través de un memorial, que “obtuvieron créditos para empresas de transporte fluvial y terrestre en Bolivia y Chile, respectivamente, pero las garantías que presentaron fueron dispuestas por los prestamistas, cuando era el banco quien debería disponer de los mismos para resarcir el daño económico que provocó su cierre a los cuenta-ahorristas y al Estado”.
Parada sostuvo que las compañías “inexistentes” que recibieron créditos fueron TFT, Transporte Fluvial y Terrestre nacional e internacional, Cruz del Sur SRL, Distribuidora San Luis, Maderera Isigo, Transportes Cono Sur, Gambrinus SA, Fergon SRL, Compañía Fluvial del Norte, Palma Real SRL y EBBA Sociedad Anónima.
http://www.la-razon.com/nacional/Empresa-TIPNIS-prestamista-Banco-Bidesa_0_1637836276.html
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